El gobierno de Javier Milei avanza con el vaciamiento del Correo Argentino a una velocidad que recuerda los peores años del menemismo. Más de 7.500 trabajadores ya se fueron, cerca de 300 sucursales cerraron y hay localidades donde los vecinos deben recorrer más de 100 kilómetros para enviar una carta documento. Los gremios advierten que el plan prevé liquidar otras 600 oficinas más.

Sin resistencias institucionales que lo frenen y con la cobertura ideológica de la desregulación como paraguas, el régimen de Javier Milei ejecuta el desmantelamiento silencioso del Correo Argentino. El impacto más brutal no se siente en las grandes ciudades, sino en el llamado «interior profundo», donde la empresa estatal era, en muchos casos, el único vínculo formal de comunicación con el resto del país. El resultado es lo que los propios trabajadores describen como pueblos aislados, desconectados de un servicio que la Constitución argentina reconoce como obligatorio.

La misma película que en los ’90, pero más agresiva

La comparación con la era menemista no es retórica. Un dirigente regional de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), que pidió reserva de identidad por encontrarse en plena conducción del proceso electoral del sindicato, lo explicó con precisión: «Es la misma situación que pasó en los ’90, en la previa de la privatización del correo en el gobierno de Menem, cuando fue concesionado por las empresas de Macri. Es exactamente igual, lo único que ahora es más agresivo. La decisión política es muy fuerte, profunda».

La modalidad elegida para vaciar la empresa no es el despido masivo directo, sino la inducción encubierta. «Fueron inducidos. Nosotros lo llamamos ‘despidos elegantes’, porque los compañeros se asustan con la idea de que el correo va a desaparecer», describió el mismo dirigente. El mecanismo funciona así: se congelan los salarios, se ofrece una suma de dinero tentadora a cambio de la renuncia voluntaria y la empresa se vacía por dentro. Un trabajador promedio del Correo cobra hoy alrededor de 900.000 pesos mensuales. «La situación es apremiante, los compañeros se desesperan para llegar a fin de mes», graficó la fuente. Muchos de quienes aceptaron el retiro voluntario luego solicitaron ser reincorporados, sin éxito.

El mapa del desguace: provincias sin cobertura

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) confirmó que el proceso de reducción alcanza a todo el país. Según un relevamiento interno del sindicato, ya se registran cierres confirmados en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Pampa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Entre Ríos y Salta, mientras que otras oficinas permanecen bajo evaluación o con cierres programados. Tanto AATRAC como FOECYT estiman que el gobierno prevé cerrar unas 900 sucursales en total, de las 1.400 que el Correo llegó a tener.

En Chaco, el exgobernador Jorge Capitanich denunció en sus redes sociales la eliminación de sucursales en localidades como Makallé, General Vedia, Concepción del Bermejo y Hermoso Campo. Capitanich advirtió que «el plan de privatización de la empresa prevé el cierre de otras oficinas» y recordó que la cobertura del Correo llegaba a 50 de las 70 localidades de la provincia.

El caso más extremo documentado está en Catamarca. Según el relevamiento de FOECYT, el cierre de oficinas en localidades como Pomán, Mutquín y Saujil obliga a los usuarios a trasladarse entre 70 y 103 kilómetros para acceder a otra sucursal postal. A mayo de 2026, en esa provincia quedaban 89 empleados, 49 en la capital y el resto en el interior. Hace tres años eran 165.

La Patagonia, la región que más sufre y más protesta

Por sus distancias, su geografía y su menor densidad poblacional, la Patagonia es la región donde el cierre de sucursales golpea con mayor fuerza. En Campo Grande, Río Negro, el intendente Daniel Hernández cuestionó que su municipio nunca recibió comunicación oficial sobre el cierre de la sucursal de Villa Manzano. Se enteró por los propios trabajadores. Desde entonces, los vecinos de Villa Manzano, Sargento Vidal, San Isidro y El Labrador deben trasladarse hasta Cinco Saltos para realizar trámites que antes resolvían cerca de sus hogares.

Hernández recordó que la sucursal había sobrevivido al macrismo gracias a un esfuerzo conjunto: la comuna cedió un edificio y comenzó a pagar el agua, la luz y el gas. «Ofrecí renovar el comodato, no se pagaba alquiler ni un solo peso en servicios. Todo lo absorbía el municipio. Pero ni siquiera eso alcanzó y la cerraron», denunció el intendente. «Campo Grande se queda sin correo, y eso duele porque era un servicio indispensable», concluyó.

45 años de historia y la oficina que ya no existe

La historia de Julio Ernesto «Tito» Ramírez condensa lo que el vaciamiento significa en términos humanos. Ingresó al Correo Argentino en 1979, con apenas 18 años, en Villa del Dique, en el valle cordobés de Calamuchita. Durante más de cuatro décadas fue el jefe de la sucursal local, el cartero, el clasificador de correspondencia y el hombre que conocía de memoria dónde vivía cada vecino. «Acá muchas calles tienen nombre, pero no numeración. Después de tantos años uno ya sabía dónde vivía cada vecino», contó.

Se jubiló con 45 años de servicio. Poco después, la empleada que lo reemplazó también alcanzó la edad jubilatoria y el Correo decidió cerrar la sucursal en lugar de cubrir el cargo. La reemplazó por un Punto Correo administrado por la Municipalidad, que solo puede recibir paquetería pero no tramitar cartas documento ni telegramas. «Si alguien quiere mandar una carta documento o presentar una renuncia laboral tiene que ir a otro pueblo. Eso es lo más triste que está pasando en todos los pueblos«, dijo Ramírez, de 67 años.

El Decreto 1005 y el plan de privatización encubierto

El marco legal del vaciamiento quedó establecido con el Decreto 1005/2024, firmado por Milei en noviembre de 2024. La norma desreguló todo el sector postal: flexibilizó los requisitos para operar en el mercado, habilitó la digitalización de determinados servicios, eliminó exigencias regulatorias para los operadores privados y amplió la posibilidad de que estos presten servicios que históricamente concentraba el Correo Argentino. Si bien el Ejecutivo debió retirar la privatización de la empresa del texto de la Ley Bases ante la resistencia parlamentaria, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reconoció públicamente que el objetivo de avanzar hacia una mayor participación privada, ya sea mediante privatización, concesión o un esquema de participación de los trabajadores, sigue en pie.

El secretario general de FOECYT, Alberto Cejas, advirtió sobre la desproporción de la estructura gerencial de la empresa en relación con su achicamiento operativo: «Ni el correo de Estados Unidos tiene la estructura que tiene el correo de Argentina. Más de cien personas en cuadros directivos. No existe ninguna competencia privada local que tenga semejante estructura gerencial». Y fue categórico sobre el impacto de los cierres: «Están dejando a localidades totalmente despobladas, violando convenios internacionales e inclusive la misma Constitución, porque el correo oficial tiene la obligatoriedad de brindar el servicio básico universal».

En el plano salarial, la conducción nacional de FOECYT atraviesa una negociación paritaria con el gobierno que ofreció un incremento de apenas el 6,6%, mientras el gremio reclama el 15%. Con salarios que no alcanzan el millón de pesos y la amenaza constante de nuevos cierres, el panorama para los trabajadores del Correo no da señales de reversión.

• Más de 7.500 trabajadores abandonaron el Correo Argentino desde el inicio de la gestión Milei, en su mayoría a través de retiros voluntarios inducidos.
• Cerca de 300 sucursales cerraron; los gremios estiman que el plan prevé cerrar unas 900 en total, sobre 1.400 existentes.
• En Catamarca, algunos usuarios deben recorrer hasta 103 kilómetros para acceder a la sucursal postal más cercana.
• El Decreto 1005/2024 desreguló el sector postal y abrió la puerta a la privatización encubierta mediante la habilitación masiva de operadores privados.
• FOECYT denuncia que los cierres violan convenios internacionales y la Constitución Nacional, que garantiza el servicio postal básico universal.