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Gremiales

Cientos de vuelos cancelados por paro de aeronáuticos

Los secretarios general y de Prensa de APLA y UPSA, Pablo Biró y Marcelo Uhrich, respectivamente, señalaron «el éxito y acatamiento total de la medida de fuerza» y repudiaron declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

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Las Asociaciones del Personal Aeronáutico (APA) y de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) paralizaron hoy sus tareas en demanda de un incremento salarial y en rechazo de «la magra propuesta de mejora del 12% de la Secretaría de Trabajo», lo que provocó centenares de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.

El Grupo LATAM suspendió todas las operaciones desde y hacia Argentina, en tanto Aerolíneas Argentinas canceló 331 vuelos, lo que afectó a casi 24 mil pasajeros, de los cuales 18 mil son de cabotaje, 3 mil de destinos regionales y otros 3 mil internacionales. JetSMART canceló la totalidad de los vuelos programados para 8.300 pasajeros.

Los secretarios general y de Prensa de APLA y UPSA, Pablo Biró y Marcelo Uhrich, respectivamente, señalaron «el éxito y acatamiento total de la medida de fuerza» y repudiaron declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La funcionaria había denunciado a través de su cuenta de X que «se intentó cortar las calles», por lo que ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mantener la «libre circulación en todos los aeropuertos» y afirmó que «la Argentina de los aprietes terminó» y que «los que se creen dueños de la calle intentaron bloquear el ingreso a Aeroparque».

Biro y Uhrich repudiaron esas declaraciones y aseguraron que «ningún trabajador concurrió hoy al aeroparque Jorge Newbery y al aeropuerto internacional de Ezeiza a cumplir tareas» y rechazaron «los supuestos cortes de calles».

Uhrich dijo que «no hubo trabajadores en los aeropuertos, nadie fue a cumplir tareas, no hubo manifestaciones ni cortes de calles, y hay videos al respecto».

«Bullrich, como toda la vida, mintió una vez más. Nadie trabó nada, a excepción de la PSA, que bloqueó los accesos a las terminales para que no ingresaran los trabajadores. No dejó entrar a nadie. Bullrich sigue vendiendo humo para justificarse a sí misma y una supuesta represión. Pero la jugada le salió muy mal. Que siga esperando», señaló.

Solamente la low cost Flybondi y la internacional American Airlines operaron desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, debido a que cuentan con asistencia propia en pista.

Aerolíneas Argentinas estimó que el costo de la medida de fuerza en el resultado operativo de la compañía rondará los 2 millones de dólares.

«Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta medida causa a nuestros pasajeros. Continuaremos trabajando para ofrecer un servicio de calidad, manteniendo a la seguridad operacional como principal prioridad», indicó en un comunicado.

La empresa solicitó a los pasajeros «no concurrir a los aeropuertos o sucursales durante el día, ya que no habrá atención presencial de personal de la aerolínea».

La ‘low cost’ JetSmart advirtió que debido a las medidas gremiales «la aerolínea se ha visto en la obligación de cancelar la totalidad de sus vuelos programados para hoy».

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que «dejaron a 35 mil personas sin poder viajar; 35 mil personas que tal vez perdieron una oportunidad de empleo, de vacacionar o una oportunidad de cualquier otra índole. Nos apena mucho».

Uhrich adelantó que mañana los gremios evaluarán la jornada de paro y su impacto, a la vez que repudió que luego de realizar «un gran esfuerzo y de haber llegado a un acuerdo salarial, el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió, no se sabe con qué fin, que se rompieran las actas y que todo fuese para atrás».

«De forma previa a proseguir con las protestas hay que escuchar al Presidente (Javier Milei) en el Congreso. Habrá que prestar atención a su discurso de apertura de sesiones ordinarias el viernes, porque según para el lado que arranque continuará este juego de ajedrez. Pero continuará habiendo protestas y reclamos, porque el 12% de aumento ofrecido no existe. Hay gente que percibe 350 mil pesos y no le sirve para nada», dijo.

Para Uhrich, el Gobierno no entiende que «no le sirve al trabajador, porque con ese ingreso lo echaron de donde alquilaba, tuvo que volver a vivir con sus padres, los matrimonios se separan a diario. La realidad económica genera situaciones sociales no deseadas y muy graves. Tenemos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, lo que no puede ser convalidado desde lo sindical. Por lo que habrá más protestas».

«No hablo de un plan de lucha, porque con gente impredecible como esta no es posible. Hoy es todo circunstancial, lo que obliga a decidir sobre la marcha. Todos están en la misma línea, por lo que se aproxima un nuevo paro general de la CGT, con movilización, porque esta situación decantará en un grave problema social que no se soporta», dijo.

Biró también aseguró que «ningún trabajador cortó nada en las terminales aéreas porque sencillamente nadie fue a cumplir tareas», y dijo que los sindicatos no fueron nuevamente convocados a negociar la paritaria.

«Lorenzo Miguel, líder de los metalúrgicos durante tres décadas, solía afirmar que ‘hasta los más duros a temperatura acorde aflojan’. El sabía mucho de herrería, y decía que ‘a temperatura acorde todo afloja, hasta el metal’. La conflictividad irá en ascenso y la movilidad social en descenso. Por lo que no parará el conflicto», enfatizó.

El piloto dijo que «las actas-acuerdo salariales estaban firmadas» y fue Caputo quien ordenó «romper el acuerdo», aunque sostuvo que ningún dirigente sindical conoce a ciencia cierta «el objetivo del Gobierno».

«¿Qué hará ahora Milei? No puede anunciar el viernes próximo la privatización de Aerolíneas Argentinas. Ello estaba contenido en su proyecto de ley ‘Bases’ que rechazó el Congreso. Auguro una nueva lucha gremial muy extensa, que solo se detendrá cuando el poder político, a medida que avance el malhumor social, pare su atroz ofensiva contra la gente y los trabajadores, que sufren el plan económico», dijo Biró.

Para ambos, «los funcionarios de Trabajo no entendían nada y aseguraban que por primera vez en sus vidas, luego de firmadas las actas-acuerdo, Caputo llamó alegando que no hay plata y ordenando que sus comisionados dijesen ‘acá no pasó ni se convino nada’, lo que fue realmente increíble».

Los tres gremios -APLA, APA y UPSA- paralizaron las tareas en Aerolíneas Argentinas e Intercargo, lo que fue respaldado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) de Sergio Sasia y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) de Omar Maturano.

«Las paritarias son una herramienta para mantener el poder adquisitivo de los salarios, que están deteriorados en varias actividades por la inflación», explicó la CATT al apoyar la huelga, respaldada por la ITF mundial.

El acuerdo alcanzado el martes contemplaba una mejora del 16% para este mes y 12% para marzo, pero intervino Caputo y «todo quedó en la nada», indicaron los dirigentes.

Los sindicalistas denunciaron «un desfase salarial de entre el 70 y 75%» y adelantaron que si son convocados al diálogo concurrirán, aunque Biró descree de esa posibilidad.

«En cabotaje se modificaron 305 vuelos, en lo regional 24 y en el plano internacional cambiaron dos. El costo total operativo rondará los 2 millones de dólares», dijo AA.

Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

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¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.

Puntos clave:

  • La APA denunció penalmente a Milei, Caputo y el ex titular del BICE por la tasación de Intercargo en USD 45 millones.
  • Los delitos imputados son administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica.
  • La causa fue asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3.
  • La Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía fijó el precio base de privatización el 26 de marzo pasado.
  • Cerca de 1.500 trabajadores aeronáuticos están vinculados a la empresa cuya venta se investiga.
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