Gremiales
Crisis en Morón: municipales en pie de lucha contra la “motosierra” de Lucas Ghi
Una serie de medidas desafortunadas del intendente fueron rechazadas por los trabajadores por estar alineadas con las políticas “motosierra” del Gobierno de Javier Milei. Los gremios ya anunciaron posibles paros.
El Municipio de Morón enfrenta una crisis sindical tras las recientes decisiones del intendente Lucas Ghi, quien designó a su secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella, como referente paritario. La medida fue interpretada como una provocación por los trabajadores municipales, ya que el funcionario tiene un historial de polémicas decisiones que afectaron al movimiento obrero local.
Decisiones que encendieron el conflicto
Hernán Sabbatella notificó a los sindicatos una serie de medidas que, según denuncian los gremios, constituyen un ajuste laboral. Estas incluyen:
- Baja de contratos.
- Limitación de horas extras.
- Congelamiento de vacantes.
- No recategorizaciones.
Durante una reunión con representantes sindicales, Hernán Sabbatella justificó estas acciones mencionando la baja de la inflación lograda por el gobierno de Javier Milei. Los gremios rechazaron este argumento, sosteniendo que la reducción de la inflación no justifica recortes en las condiciones laborales de los empleados municipales.





Uno de los sindicalistas expresó: “No se puede usar un índice macroeconómico como excusa para quitarle derechos a los trabajadores. Esto es un ajuste en toda regla”.
Reacción de los trabajadores y posible paro
El malestar entre los empleados municipales no tardó en traducirse en manifestaciones y asambleas autoconvocadas. Los sindicatos advirtieron que, de no revertirse las medidas, impulsarán un paro de servicios que podría paralizar el municipio.
El conflicto, además, ocurre en un contexto donde el municipio había sorteado con relativa normalidad la crisis recaudatoria. Sin embargo, las acciones recientes amenazan con alterar esa estabilidad.
Estrategia de Ghi y su coincidencia con el Gobierno de Milei
A pesar de la creciente tensión, Lucas Ghi optó por mantener en sus cargos a Hernán Sabbatella y a su secretaria privada, Estefanía Franco, quienes funcionan ahora como sus principales enlaces con los sectores sindicales y políticos. Según fuentes municipales, Ghi busca a través de ellos evitar que el conflicto escale aún más.





No obstante, esta postura fue interpretada como una alineación con las políticas del gobierno nacional liderado por Javier Milei, que también ha sido criticado por ajustar en áreas sensibles como la educación, la salud y el empleo público.
Una crisis con impacto político y social
La situación en Morón no solo evidencia un conflicto laboral, sino también un reposicionamiento político de Lucas Ghi, quien hasta ahora había mantenido un vínculo fluido con los gremios municipales. Su respaldo a Hernán Sabbatella y la implementación de medidas que afectan directamente a los trabajadores marcan un quiebre en su relación con el movimiento obrero.
Gremiales
Marcha Federal por la Salud: trabajadores, gremios y organizaciones le dicen basta a Milei
Bajo el lema «La salud no puede esperar», la movilización central partió desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. El presupuesto del área cayó un 40% desde que asumió Javier Milei y el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3.
Remediar sin remedios, PAMI sin presupuesto: el mapa del desfinanciamiento sanitario bajo Milei
★ Miles de trabajadores de la salud, sindicatos, organizaciones sociales y colectivos de pacientes se movilizaron este miércoles en la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, convocada por el Foro por el Derecho a la Salud bajo la consigna «La salud no puede esperar». La columna central partió a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación, en Avenida 9 de Julio y Moreno, por Avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo. La protesta se replicó de manera simultánea en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras provincias del país.
Un sistema sanitario bajo la motosierra
Los datos que motorizaron la movilización son contundentes. Según cifras difundidas por los propios convocantes y reportadas por diversos medios, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A ese retroceso acumulado se sumó, para el ejercicio 2026, un recorte adicional de más de 63.000 millones de pesos en las partidas del área sanitaria.
Las consecuencias son concretas e inmediatas. El Programa Remediar, que históricamente distribuyó 79 medicamentos gratuitos, quedó reducido a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas. El presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los 500.000 millones de pesos a prestadores, lo que se traduce en jubilados y jubiladas sin turnos ni atención. Según datos difundidos por los organizadores, más de 742.000 personas perdieron su cobertura médica y un millón de familias quedaron sin respuestas frente a un sistema que se retira.
El médico Manuel Fonseca, referente del Foro por el Derecho a la Salud, describió la situación con precisión: «El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento.» Por su parte, el médico sanitarista Leonel Tesler advirtió, en la previa a la movilización, que «el sistema estatal está en una crisis sin pandemia», mientras los hospitales públicos operan con una ocupación cercana al 90% y el personal trabaja desgastado y sin refuerzos.
Los reclamos del sector
La convocatoria articulada por el Foro sintetizó una agenda de reclamos precisos:
- No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar.
- No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes en coberturas.
- No al desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones, exigiendo la provisión de vacunas para personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas.
- No al retroceso en políticas de Salud Mental.
Los organizadores también señalaron que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos. Además, advirtieron que uno de cada cuatro jubilados no puede acceder a los medicamentos que necesita.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) declaró un paro nacional en el sector para acompañar la jornada de protesta. Su secretario general, Pablo Maciel, afirmó que la jornada tendría «carácter federal» y que el gobierno de Milei «avanza en la eliminación del principio de la salud como derecho universal, reemplazando el rol del Estado como garante del acceso sanitario por una lógica mercantil y excluyente.» También adhirieron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA), la CICOP y numerosas agrupaciones de residentes y estudiantes.
La posición oficial y las acusaciones cruzadas
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, rechazó el encuadre de la protesta. Argumentó que «el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado» y atribuyó los ahorros a «un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios». Desde La Libertad Avanza, funcionarios y legisladores del oficialismo apuntaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a quienes acusaron de operar como «promotores activos» de la movilización a través de redes sociales. La provincia de Buenos Aires fue además la única jurisdicción que no participó de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) del lunes 18 de mayo, donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto sobre reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.
El contexto de un ajuste en cadena
La marcha federal del sector salud llega pocas semanas después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que sacudió al país en rechazo al ajuste en educación. La repetición del formato no es casual: los mismos mecanismos de desfinanciamiento que vaciaron las universidades nacionales, con recortes reales que según datos del Foro Economía y Trabajo superan el 20% desde 2023, se aplican ahora con igual o mayor intensidad sobre el sistema sanitario. El patrón es el mismo: achicamiento del Estado, transferencia de responsabilidades a las provincias sin transferir recursos, y una lógica de ajuste que recae sobre los sectores que más dependen del sistema público, aquellos que no pueden pagar una prepaga ni costear un medicamento en una farmacia.
Puntos clave:
- El presupuesto del Ministerio de Salud cayó un 40% desde diciembre de 2023.
- Un recorte adicional de 63.000 millones de pesos se aplicó para el ejercicio 2026.
- El Programa Remediar pasó de 79 medicamentos gratuitos a solo 3, afectando a más de 20 millones de personas.
- Fesintras declaró paro nacional y movilizaciones simultáneas en varias provincias.
- Un millón de familias quedaron sin cobertura médica según los convocantes.
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