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Gremiales

Movilización de trabajadores del Garrahan a Plaza de Mayo confluirá con marchas por Cristina

El personal del hospital pediátrico vuelve a movilizarse este miércoles a las 16 horas frente a Casa Rosada en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto. Los médicos residentes cobran menos de $800.000 mensuales por 65 horas semanales. A esto se le suman protestas multisectoriales en repudio a la condena de la ex presidenta.

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El Argentino Diario-Captura del video de Cristina con testimonios sobre el Garrahan.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan convocó una nueva movilización a Plaza de Mayo para este miércoles a las 16 horas, escalando el conflicto que mantienen con el gobierno nacional por la crítica situación presupuestaria que atraviesa la institución pediátrica de referencia. La protesta incluirá el lanzamiento de una campaña de recolección de firmas frente a Casa Rosada.

La decisión surge tras el Cabildo Abierto realizado el viernes pasado en el hospital, donde participaron organizaciones sociales, de la salud, científicas, estudiantiles y de derechos humanos de todo el país. Los trabajadores denuncian que el gobierno apuesta «al desgaste, la división y la confusión» al convocar a conciliaciones obligatorias donde el Ministerio de Salud no se presenta.

La agenda de protestas además suma un nuevo elemento, la condena a Cristina Fernández de Kirchner, lo que hará que confluyan la movilización convocada para las 16 horas desde el Hospital Garrahan hacia Plaza de Mayo con otras marchas que se suman en solidaridad con la ex presidenta, organizadas en distintos puntos de la ciudad y el conurbano bonaerense.

Crisis salarial: residentes por debajo de la línea de pobreza

La situación económica de los trabajadores del Garrahan evidencia la profundidad de la crisis. Los médicos residentes cobran $797.061 mensuales, una cifra que se encuentra por debajo de la línea de pobreza establecida en $1.110.000 para abril, trabajando 65 a 70 horas semanales. Esta realidad contrasta dramáticamente con las responsabilidades que enfrentan en una institución que atiende los casos pediátricos más complejos del país.

En el último año y medio renunciaron 200 profesionales, una sangría de recursos humanos que compromete la capacidad operativa del centro médico. Los trabajadores reclaman que el presupuesto está congelado desde 2023, mientras que según datos oficiales, el financiamiento del nosocomio está congelado desde diciembre del año pasado.

Estrategia gubernamental: control biométrico y propuestas parciales

La respuesta oficial al conflicto incluye medidas controvertidas. El hospital anunció la implementación de un nuevo sistema de control biométrico a partir del 1 de junio, en lo que interpretan como un intento de optimizar la gestión de recursos.

En las mesas de negociación, el gobierno evaluó propuestas de mejora de ingresos con recursos propios del hospital, que se sumarían a los $200.000 que ya reciben los residentes. Sin embargo, los trabajadores consideran insuficientes estas ofertas parciales que no abordan la problemática estructural del desfinanciamiento.

Movilización nacional y apoyo social

La convocatoria trasciende las fronteras del hospital. Los trabajadores llamaron «a toda la sociedad» a movilizarse no solo en Plaza de Mayo, sino también en todas las plazas del país, con acciones públicas programadas en fábricas, universidades y escuelas. Esta estrategia busca visibilizar que «el Garrahan es de toda la comunidad» y se defiende «con la fuerza de quienes nunca dejan de cuidar».

El Hospital Garrahan registra anualmente unas 600.000 consultas ambulatorias, realiza alrededor de 10.000 cirugías y cerca de 100 trasplantes, cumpliendo un rol de referencia tanto nacional como internacional. Esta relevancia institucional explica el amplio respaldo que recibió el conflicto desde diversos sectores de la sociedad civil.

Antecedentes del financiamiento y perspectivas

Hasta 2017, el Hospital Garrahan era financiado conjuntamente por el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires, esquema que fue modificado quedando bajo administración y financiamiento casi exclusivo del Estado nacional. Esta centralización del financiamiento intensifica la dependencia de las decisiones presupuestarias nacionales.

El conflicto en el Garrahan trasciende la disputa salarial para convertirse en un símbolo de las tensiones entre las políticas de ajuste fiscal y el sostenimiento de servicios públicos esenciales. La movilización de este miércoles busca forzar una respuesta gubernamental que hasta ahora se limitó a medidas parciales y postergaciones en las negociaciones.

Puntos clave:

  • Los médicos residentes del Garrahan cobran $797.061 mensuales, por debajo de la línea de pobreza
  • En el último año y medio renunciaron 200 profesionales del hospital
  • El presupuesto institucional está congelado desde diciembre de 2024
  • El hospital tiene 953 empleados administrativos frente a 478 médicos de planta
  • La Nación redujo 7,2% los recursos enviados al hospital en 2025
  • El Garrahan atiende 600.000 consultas anuales y realiza cerca de 100 trasplantes
  • Los trabajadores convocan a movilizaciones simultáneas en todo el país

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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