Gremiales
La CGT denuncia “persecución política” tras la condena a Cristina, pero descarta un paro inmediato
El secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez, advirtió que cualquier medida de fuerza debe ser «coordinada desde el peronismo» y evitó comparaciones con el histórico 17 de octubre de 1945.
La Confederación General del Trabajo (CGT) reaccionó con dureza al fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. La decisión del máximo tribunal dejó firme la sentencia por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, lo que generó inmediatas reacciones en el mundo sindical.
Rodríguez califica el fallo como «eliminación autoritaria»
El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, quien también conduce el gremio de estatales UPCN, no dudó en calificar la decisión judicial como «una persecución política» y «una eliminación autoritaria de una candidata». En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente sindical sostuvo que Cristina Kirchner «tiene derecho a presentarse a un cargo y que esto quede supeditado al voto de la gente».
Las declaraciones de Rodríguez se enmarcan en el documento que la CGT emitió el lunes titulado «La democracia está en peligro», donde la central obrera expresó su respaldo a la presidenta del Partido Justicialista y denunció una «embestida mediática y política» contra el sistema democrático.
La estrategia sindical post-condena: entre la protesta y la coordinación política
Consultado sobre la posibilidad de convocar a un paro general, Rodríguez adoptó una postura cautelosa pero no descartó medidas de fuerza futuras. «La CGT no descarta nada», afirmó, aunque subrayó que cualquier acción debe ser «convocada desde el peronismo y coordinadamente», advirtiendo que «si cada uno sale por su cuenta no será efectiva».
El dirigente sindical se mostró especialmente crítico de quienes buscan establecer paralelismos históricos con el 17 de octubre de 1945, cuando Juan Domingo Perón estuvo encarcelado. «No se pueden generar situaciones comparativas con el 17 de octubre de Perón. Son épocas muy diferentes», aseveró, enfatizando que aquel episodio «fue una salida muy espontánea del pueblo» que no puede replicarse artificialmente.
Divisiones internas en la CGT
Las diferencias internas en la CGT se agudizaron en las últimas horas por la decisión de la Corte, evidenciando las tensiones entre el sector kirchnerista y otros grupos dentro de la central obrera. Mientras algunos gremios como Metalúrgicos, mecánicos y estatales porteños anunciaron medidas de fuerza si se confirmaba la condena, la conducción nacional optó por una postura más mesurada.
La estrategia de Rodríguez apunta a evitar que las reacciones gremiales se fragmenten o resulten contraproducentes para el peronismo. «Si cada sector del peronismo empieza a tirar este tipo de ideas ninguna dará resultado», advirtió, insistiendo en que las acciones deben estar «orquestadas en un plan convocado desde el peronismo».
Críticas al gobierno de Milei
El secretario adjunto de la CGT también apuntó contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de tener «una actitud contradictoria» respecto al fallo de la Corte. Según Rodríguez, el oficialismo «especula en un ambiente electoralista con mucha superficialidad y poco criterio de lo que significa la importancia de la elección».
El dirigente sindical vinculó la situación judicial con la política económica del gobierno, denunciando que se lleva adelante «un ajuste brutal que impacta en la mayoría de la sociedad». En este contexto, aseguró que «en la dirigencia del peronismo hay una clara crítica hacia la actitud de la Justicia de generar el encarcelamiento de la compañera».
El escenario post-condena
La confirmación de la sentencia genera un seísmo político en el peronismo y alimenta la polarización en el país de cara a las elecciones legislativas. La decisión de la Corte no solo confirma la condena sino que también incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos, profundizando las implicancias del fallo.
La militancia peronista se movilizó para apoyar a Cristina Kirchner, con dirigentes sindicales y legisladores concentrados en la sede del Partido Justicialista, mientras se registraron cortes de rutas y autopistas en distintos puntos del país.
La postura de la CGT reflejó las complejidades internas del movimiento obrero organizado, que debe equilibrar su histórica vinculación con el peronismo con las realidades políticas del momento. La decisión de no promover un paro inmediato, pero mantener abiertas las opciones futuras, evidencia una estrategia de espera y coordinación que busca maximizar el impacto de cualquier medida de fuerza.
Puntos clave:
- La CGT calificó la condena a Cristina Kirchner como «persecución política» y «eliminación autoritaria»
- Andrés Rodríguez descartó un paro inmediato pero advirtió que «la CGT no descarta nada»
- El dirigente insistió en que cualquier medida debe ser coordinada desde el peronismo
- Se evitaron comparaciones con el histórico 17 de octubre de 1945
- La central obrera emitió un documento titulado «La democracia está en peligro»
- El sindicalismo mostró divisiones internas sobre cómo reaccionar al fallo
- La Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua
CABA
Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle
La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.
Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.
«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano
La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.
El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.
El nuevo pliego: tecnología como respuesta política
Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.
La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
- El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
- Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
- El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
- La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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