Gremiales
La CGT denuncia “persecución política” tras la condena a Cristina, pero descarta un paro inmediato
El secretario adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez, advirtió que cualquier medida de fuerza debe ser «coordinada desde el peronismo» y evitó comparaciones con el histórico 17 de octubre de 1945.
La Confederación General del Trabajo (CGT) reaccionó con dureza al fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. La decisión del máximo tribunal dejó firme la sentencia por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, lo que generó inmediatas reacciones en el mundo sindical.
Rodríguez califica el fallo como «eliminación autoritaria»
El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, quien también conduce el gremio de estatales UPCN, no dudó en calificar la decisión judicial como «una persecución política» y «una eliminación autoritaria de una candidata». En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente sindical sostuvo que Cristina Kirchner «tiene derecho a presentarse a un cargo y que esto quede supeditado al voto de la gente».
Las declaraciones de Rodríguez se enmarcan en el documento que la CGT emitió el lunes titulado «La democracia está en peligro», donde la central obrera expresó su respaldo a la presidenta del Partido Justicialista y denunció una «embestida mediática y política» contra el sistema democrático.
La estrategia sindical post-condena: entre la protesta y la coordinación política
Consultado sobre la posibilidad de convocar a un paro general, Rodríguez adoptó una postura cautelosa pero no descartó medidas de fuerza futuras. «La CGT no descarta nada», afirmó, aunque subrayó que cualquier acción debe ser «convocada desde el peronismo y coordinadamente», advirtiendo que «si cada uno sale por su cuenta no será efectiva».
El dirigente sindical se mostró especialmente crítico de quienes buscan establecer paralelismos históricos con el 17 de octubre de 1945, cuando Juan Domingo Perón estuvo encarcelado. «No se pueden generar situaciones comparativas con el 17 de octubre de Perón. Son épocas muy diferentes», aseveró, enfatizando que aquel episodio «fue una salida muy espontánea del pueblo» que no puede replicarse artificialmente.
Divisiones internas en la CGT
Las diferencias internas en la CGT se agudizaron en las últimas horas por la decisión de la Corte, evidenciando las tensiones entre el sector kirchnerista y otros grupos dentro de la central obrera. Mientras algunos gremios como Metalúrgicos, mecánicos y estatales porteños anunciaron medidas de fuerza si se confirmaba la condena, la conducción nacional optó por una postura más mesurada.
La estrategia de Rodríguez apunta a evitar que las reacciones gremiales se fragmenten o resulten contraproducentes para el peronismo. «Si cada sector del peronismo empieza a tirar este tipo de ideas ninguna dará resultado», advirtió, insistiendo en que las acciones deben estar «orquestadas en un plan convocado desde el peronismo».
Críticas al gobierno de Milei
El secretario adjunto de la CGT también apuntó contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de tener «una actitud contradictoria» respecto al fallo de la Corte. Según Rodríguez, el oficialismo «especula en un ambiente electoralista con mucha superficialidad y poco criterio de lo que significa la importancia de la elección».
El dirigente sindical vinculó la situación judicial con la política económica del gobierno, denunciando que se lleva adelante «un ajuste brutal que impacta en la mayoría de la sociedad». En este contexto, aseguró que «en la dirigencia del peronismo hay una clara crítica hacia la actitud de la Justicia de generar el encarcelamiento de la compañera».
El escenario post-condena
La confirmación de la sentencia genera un seísmo político en el peronismo y alimenta la polarización en el país de cara a las elecciones legislativas. La decisión de la Corte no solo confirma la condena sino que también incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos, profundizando las implicancias del fallo.
La militancia peronista se movilizó para apoyar a Cristina Kirchner, con dirigentes sindicales y legisladores concentrados en la sede del Partido Justicialista, mientras se registraron cortes de rutas y autopistas en distintos puntos del país.
La postura de la CGT reflejó las complejidades internas del movimiento obrero organizado, que debe equilibrar su histórica vinculación con el peronismo con las realidades políticas del momento. La decisión de no promover un paro inmediato, pero mantener abiertas las opciones futuras, evidencia una estrategia de espera y coordinación que busca maximizar el impacto de cualquier medida de fuerza.
Puntos clave:
- La CGT calificó la condena a Cristina Kirchner como «persecución política» y «eliminación autoritaria»
- Andrés Rodríguez descartó un paro inmediato pero advirtió que «la CGT no descarta nada»
- El dirigente insistió en que cualquier medida debe ser coordinada desde el peronismo
- Se evitaron comparaciones con el histórico 17 de octubre de 1945
- La central obrera emitió un documento titulado «La democracia está en peligro»
- El sindicalismo mostró divisiones internas sobre cómo reaccionar al fallo
- La Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua
Economía 💲
Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda
Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.
Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.
Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.
El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».
40,5% de caída real del salario en dos años y medio
El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.
La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.
Del banco a la fintech: el circuito de la usura
La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.
Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».
El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.
Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados
El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.
La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.
El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.
Las exigencias del gremio
Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».
- El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
- La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
- El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
- Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
- Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.
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