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Organismos de DDHH advierten sobre desmantelamiento de áreas clave para esclarecer crímenes de lesa humanidad

La decisión del Ministerio de Defensa –que encabeza Luis Petri- “busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad”. 

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Organismos de derechos humanos denunciaron el desmantelamiento del equipo civil de relevamiento de archivos de las fuerzas armadas, que realizó en los últimos tiempos “aportes fundamentales” para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad, y advirtieron que desde el Gobierno nacional se “busca obstaculizar el proceso de justicia y averiguación de la verdad”.

En un comunicado titulado “Conocer la verdad requiere el acceso a los archivos”, las organizaciones Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) e H.I.J.O.S. Capital advirtieron sobre eldesmantelamiento del denominado Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, que establece el acceso irrestricto a  las dependencias donde están los archivos de cada fuerza

Como organismos de derechos humanos, queremos expresar nuestro rechazo al desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, creado por la resolución ministerial 308/2010, que establece, además, el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada Fuerza”, indicaron en un comunicado difundido este viernes. 

Los organismos explicaron que estos equipos “realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad” y consideraron que la decisión del Ministerio de Defensa –que encabeza Luis Petri- “busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad”. 

“Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización”; indicaron en el texto.

Es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia”.COMUNICADO DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS. 

Además, sostuvieron que “mientras cierra un área que ha aportado a la reconstrucción de la verdad, el Gobierno nacional cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial y otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia”. 

“¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos? La verdad que todavía nos falta depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos: es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia”, dijeron los organismos en el comunicado.

Señalaron asimismo que “el vaciamiento de este equipo se da en medio de una ola de despidos masivos en el Estado” y agregaron: “Miles de trabajadores y trabajadoras, junto a sus familias, se quedan sin ingresos. Como en otras áreas, en este caso del equipo de archivistas del Ministerio de Defensa, los despidos implican además la pérdida de recursos técnicos y conocimientos valiosos, y ponen en riesgo políticas públicas centrales para el acceso a derechos”.

“Seguiremos exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria verdad y Justicia y los derechos humanos”, concluye el texto.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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