Gremiales
Metrodelegados anunciaron paros rotativos en las líneas del subte para este miércoles
El anuncio fue formulado por el titular de los metrodelegados Roberto «Beto» Pianelli en el último tramo de una audiencia realizada en la Cámara de Diputados con el fin de visibilizar la lucha que realiza el gremio de trabajadores de ese transporte público.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció hoy en la Cámara de Diputados que el miércoles hará nuevamente paros rotativos en cada una de las líneas, en el marco de un plan de lucha para lograr conseguir un «subte libre de asbesto» y la reducción de la jornada laboral con dos francos.
El anuncio fue formulado por el titular de los metrodelegados Roberto «Beto» Pianelli en el último tramo de una audiencia realizada en la Cámara de Diputados con el fin de visibilizar la lucha que realiza el gremio de trabajadores de ese transporte público.
En ese contexto, el sindicalista anticipó que pasado mañana habrá nuevos paros para «reducir la jornada con dos francos, reducir la exposición al asbesto, cambio de flotas contaminadas y reposición de personal faltante».
Posteriormente, en un comunicado detallaron que los paros se harán de 5.30 a 10 en la línea E y el Premetro; de 10 a 14.30 en las líneas A y B; de 14.30 a 19 en las líneas C y D y de 19 al cierre en la línea H.
Los gremialistas vienen denunciando a la empresa concesionaria Metrovías-Emova y al Gobierno de la Ciudad por el «incumplimiento de normas y acuerdos internacionales, de leyes nacionales y fallos de la Justicia en relación al cancerígeno asbesto».
En un comunicado, Pianelli y el adjunto Néstor Segovia solicitaron «disculpas» a los usuarios por «las molestias que las protestas pueden generar», y señalaron que se impone reducir la jornada porque «el asbesto mata».
Los metrodelegados vienen realizando medidas de fuerza desde hace varios meses, mientras la empresa Emova sostiene que las mediciones en el subte «arrojan resultados considerados adecuados para la salud».
En uno de sus últimos pronunciamientos, la compañía reiteró que «la reducción de la jornada semanal» de trabajo «resulta inviable sin afectar las actividades de operación de la red de subte».
También insistió con que «las más de 2.500 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud».
Y añadió que «las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».
En el Congreso participaron de la audiencia médicos, sindicalistas y los diputados del Frente de Todos Paula Penacca, Eduardo Valdés, Daniel Gollan y Hugo Yasky, y por el Frente de Izquierda Romina del Plá y Alejandro Vilca.
Pianelli reafirmó que «se continuará la lucha hasta lograr un subte libre de asbesto porque no solo perjudica a los trabajadores del subte sino a otros trabajadores de otros sectores, y por eso nosotros estamos visibilizando esta problemática».
«Nos ponemos a disposición para trabajar junto a los diputados para ver como se puede avanzar en un debate más general, porque hay que a sacar el manto y decir de qué se trata, porque tenemos que poder vivir sin miedo a enfermarnos», agregó.
Defendió el reclamo de «reducir la jornada laboral porque es una necesidad» y recordó que los trabajadores del subte tienen un franco semanal, trabajan 36 horas semanales y quieren que se disminuyan a 30 horas.
Pianelli amplió que cuando se enteraron de que los coches tenían asbesto «nos cambió la vida» y relató que como «siempre nos negaban el problema y querían eliminar las pruebas, debimos sustraer piezas para mandarlas a analizar a laboratorios con el objetivo de saber si había material cancerígeno en las mismas. Y efectivamente, así lo era».
«La empresa, el Gobierno de la Ciudad y Trabajo han reconocido que hay asbesto, que hubo fallecidos, pero lo tapan», agregó. Dijo que «ya se han extraído cerca de 90 toneladas pero faltan como 200 más y lo sorprendente de esto es el cómo lo sacan: lo tiran al río, contaminando», denunció.
La diputada Penacca expresó su respaldo y dijo que «es hora de romper con el blindaje mediático» que, dijo, tiene el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Valdés sostuvo que «acompañamos a los trabajadores del subte para denunciar la contaminación por asbesto a la que están expuestos, tanto quienes trabajan como quienes viajan en los subtes porteños».
Agregó que «la reducción de la jornada laboral también es necesaria para cuidar la salud».
Yasky afirmó que «acá no estamos peleando por salario sino por algo que trasciende al sindicato y se está peleando para que los usuarios no estén expuesto a este problema». Añadió que «debe haber muchas actividades donde los trabajadores puedan estar perjudicados por este producto, lo que pasa es que (en esas actividades) no hay un sindicato que lo visibilice».
Economía 💲
Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda
Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.
Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.
Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.
El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».
40,5% de caída real del salario en dos años y medio
El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.
La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.
Del banco a la fintech: el circuito de la usura
La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.
Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».
El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.
Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados
El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.
La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.
El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.
Las exigencias del gremio
Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».
- El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
- La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
- El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
- Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
- Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.
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