Gremiales

Metrodelegados anunciaron paros rotativos en las líneas del subte para este miércoles

El anuncio fue formulado por el titular de los metrodelegados Roberto «Beto» Pianelli en el último tramo de una audiencia realizada en la Cámara de Diputados con el fin de visibilizar la lucha que realiza el gremio de trabajadores de ese transporte público.

Publicado hace

3 años

03.07.2023

ElArgentino.ar

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) anunció hoy en la Cámara de Diputados que el miércoles hará nuevamente paros rotativos en cada una de las líneas, en el marco de un plan de lucha para lograr conseguir un «subte libre de asbesto» y la reducción de la jornada laboral con dos francos.

En ese contexto, el sindicalista anticipó que pasado mañana habrá nuevos paros para «reducir la jornada con dos francos, reducir la exposición al asbesto, cambio de flotas contaminadas y reposición de personal faltante».

Posteriormente, en un comunicado detallaron que los paros se harán de 5.30 a 10 en la línea E y el Premetro; de 10 a 14.30 en las líneas A y B; de 14.30 a 19 en las líneas C y D y de 19 al cierre en la línea H.

Los gremialistas vienen denunciando a la empresa concesionaria Metrovías-Emova y al Gobierno de la Ciudad por el «incumplimiento de normas y acuerdos internacionales, de leyes nacionales y fallos de la Justicia en relación al cancerígeno asbesto».

En un comunicado, Pianelli y el adjunto Néstor Segovia solicitaron «disculpas» a los usuarios por «las molestias que las protestas pueden generar», y señalaron que se impone reducir la jornada porque «el asbesto mata».

Los metrodelegados vienen realizando medidas de fuerza desde hace varios meses, mientras la empresa Emova sostiene que las mediciones en el subte «arrojan resultados considerados adecuados para la salud».

En uno de sus últimos pronunciamientos, la compañía reiteró que «la reducción de la jornada semanal» de trabajo «resulta inviable sin afectar las actividades de operación de la red de subte».

También insistió con que «las más de 2.500 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud».

Y añadió que «las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires».

En el Congreso participaron de la audiencia médicos, sindicalistas y los diputados del Frente de Todos Paula Penacca, Eduardo Valdés, Daniel Gollan y Hugo Yasky, y por el Frente de Izquierda Romina del Plá y Alejandro Vilca.

Pianelli reafirmó que «se continuará la lucha hasta lograr un subte libre de asbesto porque no solo perjudica a los trabajadores del subte sino a otros trabajadores de otros sectores, y por eso nosotros estamos visibilizando esta problemática».

«Nos ponemos a disposición para trabajar junto a los diputados para ver como se puede avanzar en un debate más general, porque hay que a sacar el manto y decir de qué se trata, porque tenemos que poder vivir sin miedo a enfermarnos», agregó.

Defendió el reclamo de «reducir la jornada laboral porque es una necesidad» y recordó que los trabajadores del subte tienen un franco semanal, trabajan 36 horas semanales y quieren que se disminuyan a 30 horas.

Pianelli amplió que cuando se enteraron de que los coches tenían asbesto «nos cambió la vida» y relató que como «siempre nos negaban el problema y querían eliminar las pruebas, debimos sustraer piezas para mandarlas a analizar a laboratorios con el objetivo de saber si había material cancerígeno en las mismas. Y efectivamente, así lo era».

«La empresa, el Gobierno de la Ciudad y Trabajo han reconocido que hay asbesto, que hubo fallecidos, pero lo tapan», agregó. Dijo que «ya se han extraído cerca de 90 toneladas pero faltan como 200 más y lo sorprendente de esto es el cómo lo sacan: lo tiran al río, contaminando», denunció.

La diputada Penacca expresó su respaldo y dijo que «es hora de romper con el blindaje mediático» que, dijo, tiene el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Valdés sostuvo que «acompañamos a los trabajadores del subte para denunciar la contaminación por asbesto a la que están expuestos, tanto quienes trabajan como quienes viajan en los subtes porteños».

Agregó que «la reducción de la jornada laboral también es necesaria para cuidar la salud».

Yasky afirmó que «acá no estamos peleando por salario sino por algo que trasciende al sindicato y se está peleando para que los usuarios no estén expuesto a este problema». Añadió que «debe haber muchas actividades donde los trabajadores puedan estar perjudicados por este producto, lo que pasa es que (en esas actividades) no hay un sindicato que lo visibilice».

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Desregulación

Sindicatos aeronáuticos denuncian penalmente a Milei y Caputo por la venta de Intercargo a precio vil

La Asociación del Personal Aeronáutico presentó una denuncia judicial por presunta administración fraudulenta, falsedad ideológica y defraudación al Estado, al cuestionar la tasación oficial de 45 millones de dólares para la empresa estatal de servicios aeroportuarios.

Publicado hace

10 horas

14.05.2026

ElArgentino.ar

¿Estafa al pueblo? La denuncia penal que pone en jaque la privatización de Intercargo

★ La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) radicó este jueves una denuncia penal ante la justicia federal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis «Toto» Caputo y el ex titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades en el proceso de valuación y privatización de Intercargo, la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos argentinos. La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, sorteado para intervenir en el expediente.

Los delitos imputados y el eje de la denuncia

La acusación sindical imputa tres delitos específicos: defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, todos vinculados al proceso que culminó en la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, publicada el 26 de marzo pasado. Esa resolución fijó el precio base de la privatización de Intercargo en torno a los 45 millones de dólares, una cifra que el gremio calificó de «inexplicable» frente a los indicadores económicos y la rentabilidad reciente de la compañía.

La tasación que dio origen a ese valor base fue realizada por el propio BICE, bajo la conducción de Voss, mediante el método de flujo de fondos descontados. Desde APA cuestionaron tanto el resultado de esa valuación como la elección de la entidad para realizarla, al señalar que podrían haber intervenido organismos con mayor tradición y especialización en tasaciones de activos públicos.

Intercargo: empresa estratégica y 1.500 puestos de trabajo en juego

Intercargo presta servicios de rampa, carga y descarga de equipaje y asistencia a aeronaves en más de una decena de aeropuertos del país. Su privatización fue habilitada por la Ley Bases (27742), que autorizó la venta del 100% del paquete accionario mediante licitación pública nacional e internacional, sin participación estatal residual. Según estimaciones sindicales, alrededor de 1.500 trabajadores del sector aeronáutico están vinculados a la empresa.

El gremio denunciante advirtió que la fijación del valor base podría implicar un perjuicio económico significativo para el Estado y alertó sobre el riesgo de lo que describió como un «vaciamiento del patrimonio público». En ese sentido, APA anticipó que además de la vía judicial impulsará acciones en el plano gremial para frenar la operación en los términos actuales.

El contexto: privatizaciones, FMI y el desguace del Estado

La denuncia se inscribe en el marco más amplio de la política privatizadora del gobierno de Javier Milei, parte del programa de ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En abril de 2025, el Ejecutivo suscribió un nuevo Servicio Ampliado con el organismo por USD 20.000 millones, que condicionó la política económica nacional al cumplimiento de metas de reservas y equilibrio fiscal. El Foro Economía y Trabajo, un espacio integrado por economistas vinculados al movimiento sindical, advirtió en documentos públicos que ese esquema subordina las decisiones sobre activos estatales a las exigencias del organismo multilateral.

En ese contexto, la privatización de Intercargo se suma a un proceso de desguace del Estado que, según datos del propio Foro, acumuló recortes reales del 86% en gasto de capital y del 61% en programas sociales desde el inicio de la gestión libertaria, mientras la deuda total con el FMI alcanzó los USD 57.100 millones al cierre de 2025.

Un nuevo frente judicial para la gestión libertaria

La causa en manos del fuero federal abre un nuevo flanco de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, en un escenario donde la administración de Milei ya enfrenta investigaciones por la causa $Libra, el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni (con un patrimonio investigado que supera los USD 840.000, según la instrucción del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) y los escándalos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras el Ejecutivo sostiene que el proceso de privatización de Intercargo se ajusta a estándares internacionales y busca mejorar la eficiencia del sector aerocomercial, los gremios advierten que la subvaluación de activos públicos constituye un mecanismo de transferencia de riqueza a manos privadas, financiado en definitiva por el conjunto de la sociedad.