La Boleta Única de Papel (BUP), que se estrenarà en las elecciones legislativas de octubre próximo, tendrá un costo superior para el Estado que el que hubiera implicado mantener la boleta tradicional, incluso considerando el desdoblamiento previsto en la Provincia de Buenos Aires. Así lo revelan los datos presupuestarios que contradicen uno de los argumentos centrales que esgrimió el gobierno de Javier Milei para impulsar este cambio en el sistema electoral.

Un contrato multimillonario con opacidad incluida

El gasto más alto de este año corresponde al contrato de $223.000 millones entre la Vicejefatura de Gabinete del Interior y Correo Argentino, según datos oficiales que comenzaron a circular en los últimos días. A esta cifra se suma una licitación privada por invitación que fue adjudicada a la empresa española Indra, cuyo monto no fue transparentado públicamente.

El Gobierno va a gastar unos $400.000 millones para las elecciones 2025, casi lo mismo que en 2023 pero sin PASO ni balotaje, con menos categorías y con desdoblamiento, según un análisis que compara ambos sistemas electorales.

La cifra resulta paradójica: se trata de un monto similar al de 2023, pero para elecciones que no incluirán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ni segunda vuelta presidencial, y que además contarán con el desdoblamiento en varios distritos, incluida la Provincia de Buenos Aires.

La comparación que no favorece al oficialismo

El caso bonaerense resulta especialmente ilustrativo de la diferencia de costos. En el caso bonaerense, que tiene 12 millones de votantes, a un promedio de 300 pesos por boleta única, totalizan unos 3600 millones pesos; mientras que con la boleta múltiple partidaria, a 70 por unidad, el total está en 840 millones de pesos, según estimaciones técnicas que circulan en el ámbito electoral.

Esta diferencia de más de cuatro veces el costo por votante se replica a nivel nacional, donde la implementación de la BUP implicará gastos superiores a los del sistema anterior. Los números desmienten las promesas oficialistas de ahorro y eficiencia que acompañaron la promoción de la reforma electoral.

Un proceso cuestionado por su opacidad

No son transparentes porque el Gobierno decidió delegar en una empresa -y no en el propio Estado- la licitación de todo el proceso, según critican desde sectores de la oposición. Esta decisión de tercerizar el proceso electoral en empresas privadas genera interrogantes sobre la transparencia y el control estatal del procedimiento democrático.

La sanción de la Ley 27.781 el 1 de octubre de 2024 por parte de la Cámara de Diputados modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la BUP como instrumento de votación en elecciones nacionales, estableciendo que será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025.

El impacto político del cambio de sistema

El nuevo sistema se implementará en un contexto particular: sin PASO y con un mapa electoral fragmentado por los desdoblamientos provinciales. Este instrumento electoral implicará mayor libertad del votante para elegir e igualdad en la oferta política, y permitirá terminar con el robo de boletas y maniobras de clientelismo electoral, según argumentan sus defensores.

Sin embargo, las críticas apuntan a que estos beneficios políticos se conseguirán a un costo económico mayor del previsto inicialmente, lo que pone en cuestión la eficiencia prometida por el oficialismo al momento de impulsar la reforma.

La implementación de la BUP representa así un caso paradigmático de cómo las promesas de ahorro y transparencia del gobierno libertario chocan con la realidad presupuestaria. Los $400.000 millones destinados a las elecciones 2025 evidencian que la reforma electoral, lejos de abaratar los procesos democráticos, los encarecerá significativamente.

Puntos clave:

• La BUP costará $400.000 millones, similar a las elecciones de 2023 pero sin PASO ni balotaje
• El contrato con Correo Argentino alcanza los $223.000 millones
• En Buenos Aires, cada boleta única cuesta $300 versus $70 de la tradicional
• El gobierno tercerizó el proceso en empresas privadas, reduciendo la transparencia
• La implementación será obligatoria desde las legislativas de octubre de 2025