Gestión
Fracasa otra promesa de Milei: la Boleta Única de Papel sale más cara que la tradicional
El gobierno libertario contravendrá uno de sus argumentos centrales para implementar la BUP, que debutará en octubre en las elecciones legislativas nacionales con un presupuesto que superará al del sistema anterior, encima, convocaron una licitación privada que viene “floja de papeles”.
La Boleta Única de Papel (BUP), que se estrenarà en las elecciones legislativas de octubre próximo, tendrá un costo superior para el Estado que el que hubiera implicado mantener la boleta tradicional, incluso considerando el desdoblamiento previsto en la Provincia de Buenos Aires. Así lo revelan los datos presupuestarios que contradicen uno de los argumentos centrales que esgrimió el gobierno de Javier Milei para impulsar este cambio en el sistema electoral.
Un contrato multimillonario con opacidad incluida
El gasto más alto de este año corresponde al contrato de $223.000 millones entre la Vicejefatura de Gabinete del Interior y Correo Argentino, según datos oficiales que comenzaron a circular en los últimos días. A esta cifra se suma una licitación privada por invitación que fue adjudicada a la empresa española Indra, cuyo monto no fue transparentado públicamente.
El Gobierno va a gastar unos $400.000 millones para las elecciones 2025, casi lo mismo que en 2023 pero sin PASO ni balotaje, con menos categorías y con desdoblamiento, según un análisis que compara ambos sistemas electorales.
La cifra resulta paradójica: se trata de un monto similar al de 2023, pero para elecciones que no incluirán las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ni segunda vuelta presidencial, y que además contarán con el desdoblamiento en varios distritos, incluida la Provincia de Buenos Aires.
La comparación que no favorece al oficialismo
El caso bonaerense resulta especialmente ilustrativo de la diferencia de costos. En el caso bonaerense, que tiene 12 millones de votantes, a un promedio de 300 pesos por boleta única, totalizan unos 3600 millones pesos; mientras que con la boleta múltiple partidaria, a 70 por unidad, el total está en 840 millones de pesos, según estimaciones técnicas que circulan en el ámbito electoral.
Esta diferencia de más de cuatro veces el costo por votante se replica a nivel nacional, donde la implementación de la BUP implicará gastos superiores a los del sistema anterior. Los números desmienten las promesas oficialistas de ahorro y eficiencia que acompañaron la promoción de la reforma electoral.
Un proceso cuestionado por su opacidad
No son transparentes porque el Gobierno decidió delegar en una empresa -y no en el propio Estado- la licitación de todo el proceso, según critican desde sectores de la oposición. Esta decisión de tercerizar el proceso electoral en empresas privadas genera interrogantes sobre la transparencia y el control estatal del procedimiento democrático.
La sanción de la Ley 27.781 el 1 de octubre de 2024 por parte de la Cámara de Diputados modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la BUP como instrumento de votación en elecciones nacionales, estableciendo que será implementada por primera vez en las elecciones nacionales legislativas 2025.
El impacto político del cambio de sistema
El nuevo sistema se implementará en un contexto particular: sin PASO y con un mapa electoral fragmentado por los desdoblamientos provinciales. Este instrumento electoral implicará mayor libertad del votante para elegir e igualdad en la oferta política, y permitirá terminar con el robo de boletas y maniobras de clientelismo electoral, según argumentan sus defensores.
Sin embargo, las críticas apuntan a que estos beneficios políticos se conseguirán a un costo económico mayor del previsto inicialmente, lo que pone en cuestión la eficiencia prometida por el oficialismo al momento de impulsar la reforma.
La implementación de la BUP representa así un caso paradigmático de cómo las promesas de ahorro y transparencia del gobierno libertario chocan con la realidad presupuestaria. Los $400.000 millones destinados a las elecciones 2025 evidencian que la reforma electoral, lejos de abaratar los procesos democráticos, los encarecerá significativamente.
Puntos clave:
- La BUP costará $400.000 millones, similar a las elecciones de 2023 pero sin PASO ni balotaje
- El contrato con Correo Argentino alcanza los $223.000 millones
- En Buenos Aires, cada boleta única cuesta $300 versus $70 de la tradicional
- El gobierno tercerizó el proceso en empresas privadas, reduciendo la transparencia
- La implementación será obligatoria desde las legislativas de octubre de 2025
Economía 💲
Cómo la eliminación de organismos descentralizados concentró poder de Maccarone sobre la obra pública
La motosierra concentró poder en manos equivocadas. El desguace institucional impulsado por Milei no solo «achicó el Estado», sino que las decisiones estratégicas quedaron a merced de un empresario del sector que ahora “regula”.
⬛ La eliminación masiva de ministerios y organismos descentralizados que llevó adelante Javier Milei durante su primer año de gestión no fue solo una política de «achique» del Estado. Fue, también, una operación de concentración de poder que terminó facilitando que un ex empresario constructor como Martín Maccarone controle desde las sombras toda la obra pública nacional.
La ecuación es simple pero devastadora: se eliminaron 13 Ministerios, se cerraron organismos estatales y se recortaron presupuestos destinados a Ciencia, Cultura y Educación, entre otras áreas, pero toda esa capacidad operativa no desapareció. Se concentró en pocas manos, específicamente en la órbita del Ministerio de Economía que comanda Luis «Toto» Caputo.
El mapa del desguace institucional
La lista de organismos eliminados o fusionados bajo la órbita de Economía es extensa y reveladora. A través del Boletín Oficial N°35702, el Gobierno que encabeza Javier Milei oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas del Estado, afectando dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad.
El caso más emblemático es el del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), un organismo que ha jugado un papel central en la ejecución de obras públicas en todo el país. Por medio de la publicación del Decreto 1020/2024 en el Boletín Oficial, se estableció que el ENOHSA quedará oficialmente disuelto dentro de treinta días, por lo que sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
La justificación oficial fue técnica: «en el contexto actual, resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos». Sin embargo, el resultado práctico fue concentrar el control de obras hídricas y sanitarias en manos del núcleo duro de Economía.
El costo humano del ajuste concentrador
Los números del ajuste son elocuentes sobre la magnitud del poder transferido. El presidente Javier Milei sigue avanzando con el cierre de organismos nacionales. Este jueves dispuso la disolución del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), un organismo clave para las obras públicas sanitarias, que implicó 230 trabajadores y 116 obras con incertidumbre.
Según proyecciones realizadas antes de asumir, unas 118.118 personas quedarían, en principio, sin puesto laboral, si se eliminan esos ministerios y los organismos descentralizados según los números de las reparticiones que difunde el Indec. Pero el poder operativo de esas 118 mil personas no se esfumó: se canalizó hacia la nueva estructura centralizada.
La arquitectura del control concentrado
La eliminación del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y de organismos como ENOHSA, ONABE y partes de ADIF no fue casual. Todo ese poder decisorio se reconcentró en la flamante Secretaría Coordinadora de Infraestructura que comanda Maccarone desde Economía.
Esta operación de ingeniería institucional tiene precedentes históricos preocupantes. La concentración de poder estatal en pocas manos, especialmente cuando esas manos provienen del sector privado que ahora deben regular, genera las condiciones perfectas para conflictos de interés y capturas regulatorias.
Los antecedentes del desguace como concentración
El plan incluye la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos, según confirmó La Nación en enero de 2025. Esta nueva etapa de ajuste busca achicar un 30% el Estado, pero nuevamente el poder no desaparece, sino que se reconcentra.
El proceso comenzó desde el primer día de gobierno. Milei oficializó el primer decreto de necesidad y urgencia y modificó la estructura central dentro del Gobierno, estableciendo las bases legales para esta concentración de poder que luego permitiría el funcionamiento de figuras como Maccarone.
La funcionalidad política del desguace
Lo que el gobierno presenta como «eficiencia» y «achique del Estado» opera, en la práctica, como una concentración de poder decisorio sin precedentes en décadas. La eliminación de controles y contrapesos institucionales facilita que un ex empresario constructor pueda operar «de los dos lados del mostrador» sin los filtros que antes existían.
La crítica de los dirigentes opositores señala precisamente esta contradicción: para el gobierno del presidente Javier Milei una de las razones que motivaron la disolución es que el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional. Pero el resultado práctico es que ahora existe menos control, no más.
Las obras que quedaron en el limbo
El caso del ENOHSA es paradigmático de cómo esta concentración afecta la obra pública concreta. Una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país quedó disuelta, y sus funciones pasaron a depender de la estructura que controla Maccarone.
En Mendoza, por ejemplo, el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA) dejó seis obras importantes en estado de incertidumbre, que ahora dependen de las decisiones que tome la nueva estructura centralizada.
La concentración como facilitadora de conflictos
La operación de Milei generó las condiciones perfectas para que figuras como Maccarone pudieran operar con poderes extraordinarios y mínimos controles. Al eliminar organismos con capacidad técnica específica y reconcentrar sus funciones en Economía, se creó un embudo decisorio que beneficia a quien controla ese embudo.
Esta arquitectura institucional no es casual. Responde a una lógica política que privilegia la concentración de poder por sobre los controles y contrapesos democráticos. El resultado es que un ex empresario constructor puede hoy manejar toda la obra pública nacional desde un despacho en Economía, sin la supervisión técnica específica que antes existía en organismos especializados.
El futuro del modelo concentrador
La misión está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, según reveló La Nación, lo que indica que esta lógica de concentración continuará profundizándose. Cada organismo eliminado es poder que se reconcentra en el núcleo duro del gobierno.
La pregunta que surge es si esta concentración de poder es compatible con una gestión transparente y democrática de los recursos públicos. Los casos como el de Maccarone sugieren que no: cuando se eliminan controles y se concentra poder en manos de ex empresarios del sector que ahora regulan, los conflictos de interés se vuelven estructurales.
El «achique del Estado» de Milei resultó ser, paradójicamente, una concentración de poder estatal sin precedentes. Y figuras como Martín Maccarone son el producto directo de esa concentración.
Puntos clave
• Milei eliminó 13 ministerios y 21 organismos descentralizados, concentrando su poder decisorio en Economía
• La eliminación del ENOHSA, ONABE y partes de ADIF transfirió el control de obra pública a la estructura que maneja Maccarone
• El desguace institucional eliminó controles y contrapesos específicos, facilitando conflictos de interés
• Más de 118.000 empleados perdieron sus puestos, pero su poder operativo se reconcentró en pocas manos
• La arquitectura del «achique» resultó ser una concentración de poder que beneficia a figuras como el «funcionario fantasma»
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