El Gobierno avanzó en la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases, con el objetivo de reorganizar la administración centralizada y descentralizada. El decreto 695, publicado en el Boletín Oficial el lunes, formalizó estas acciones.

Firmas del Decreto

El decreto contó con las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Aspectos Centrales del Decreto

El decreto 695 se centró en cuatro áreas clave:

1. Reorganización administrativa
2. Privatizaciones
3. Silencio administrativo
4. Reglamentación y ajustes

Reorganización Administrativa

El Poder Ejecutivo se autorizó a reorganizar, transformar y liquidar fondos fiduciarios públicos de acuerdo con la Ley N° 27.742.

Privatizaciones

El decreto establece procedimientos específicos para la privatización de empresas estatales, incluyendo la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas.

Silencio Administrativo

La jefatura de Gabinete de Ministros, dentro de un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigencia del decreto, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo. Este se aplicará en el marco de procedimientos administrativos que requieran la otorgación de una autorización administrativa, según el artículo 31 de la Ley N° 27.742.

El silencio administrativo comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma y aplicará a los procedimientos iniciados después de dichas fechas. Las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deben identificar y mantener actualizados los procedimientos alcanzados por esta medida.

Los procedimientos administrativos regulados por normas especiales que contemplen el silencio con efecto positivo continuarán operando bajo sus respectivas normativas.

La jefatura de Gabinete de Ministros debe elevar al Poder Ejecutivo Nacional los casos específicos en los que no aplicará el silencio con efecto positivo, conforme al inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología debe garantizar la implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales.

Qué es el «Silencio Administrativo»

El «silencio administrativo» reglamentado en la Ley Bases se refiere a una figura jurídica en la cual, ante la falta de respuesta de la administración pública dentro de un plazo determinado, se considera automáticamente que la solicitud del administrado ha sido aceptada (silencio positivo) o rechazada (silencio negativo), según lo establezca la normativa aplicable.

Silencio Administrativo Positivo

En el contexto del decreto 695 y la Ley N° 27.742, el silencio administrativo positivo implica que si una autoridad administrativa no se pronuncia dentro del plazo establecido sobre una solicitud que requiera autorización, se considerará que dicha solicitud ha sido aprobada automáticamente. Este mecanismo tiene como finalidad agilizar los procedimientos administrativos y evitar retrasos indebidos.

Implementación y Plazos

• Cronograma de Implementación: La jefatura de Gabinete de Ministros debe aprobar un cronograma de implementación del silencio administrativo positivo dentro de los 15 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto 695.
• Aplicación: Este silencio positivo regirá según las fechas establecidas en el cronograma y se aplicará a los procedimientos administrativos que se inicien después de esas fechas.
• Exclusiones: La jefatura de Gabinete de Ministros puede identificar casos específicos en los que no se aplicará el silencio administrativo positivo, presentando informes fundamentados de las áreas competentes al Poder Ejecutivo Nacional.

Procedimientos Administrativos

• Actualización de Procedimientos: Las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deben identificar y mantener actualizados los procedimientos administrativos alcanzados por el silencio administrativo positivo.
• Normas Especiales: Los procedimientos administrativos regulados por normas especiales que contemplen el silencio administrativo positivo continuarán operando bajo sus respectivas normativas.

Innovación y Tecnología

• Plataformas Digitales: La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la implementación del silencio administrativo positivo a través de plataformas digitales, facilitando así la gestión y transparencia de los procesos administrativos.

Riesgos y Aspectos Negativos del Silencio Administrativo

El silencio administrativo, aunque diseñado para agilizar y simplificar los procedimientos administrativos, puede tener varios aspectos negativos que podrían perjudicar al Estado. A continuación, se detallan algunos de estos aspectos:

Pérdida de Control y Supervisión

• Falta de Evaluación Detallada: La aprobación automática de solicitudes puede llevar a la omisión de una evaluación exhaustiva y crítica de cada caso. Esto puede resultar en la aprobación de solicitudes que no cumplan con todos los requisitos legales y técnicos.
• Ausencia de Supervisión: La falta de respuesta administrativa puede impedir la supervisión adecuada y el monitoreo de los procedimientos, lo que podría permitir irregularidades y abusos.

Incremento de Riesgos Jurídicos

• Conflictos Legales: La implementación del silencio administrativo positivo puede dar lugar a conflictos legales si la administración posteriormente descubre que se ha aprobado una solicitud que debería haber sido denegada. Esto puede derivar en litigios costosos y complicados para el Estado.
• Inseguridad Jurídica: La aplicación inconsistente o confusa del silencio administrativo puede generar inseguridad jurídica tanto para los administrados como para la propia administración pública.

Posible Abuso del Sistema

• Aprovechamiento de Lagunas Legales: Los solicitantes podrían intentar aprovecharse de la figura del silencio administrativo para obtener aprobaciones automáticas, presentando solicitudes con información insuficiente o engañosa.
• Incremento de Solicitudes: La posibilidad de obtener una aprobación automática puede aumentar el número de solicitudes presentadas, sobrecargando a la administración pública y dificultando la gestión eficaz de los recursos.

Impacto en la Calidad de los Servicios Públicos

• Decisiones Automáticas sin Análisis: La aprobación automática de solicitudes sin un análisis detallado puede afectar la calidad y seguridad de los servicios públicos, especialmente en áreas sensibles como salud, construcción y medio ambiente.
• Desviación de Recursos: La necesidad de revisar ex post facto las decisiones automáticas aprobadas por silencio administrativo puede desviar recursos administrativos significativos, restando eficiencia a otros procesos importantes.

Erosión de la Confianza Pública

• Percepción de Ineficiencia: La dependencia del silencio administrativo puede ser percibida como un signo de ineficiencia y falta de diligencia por parte de la administración pública, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
• Desconfianza en la Transparencia: La falta de una respuesta explícita por parte de la administración puede generar desconfianza sobre la transparencia y la integridad del proceso administrativo.

Si bien el silencio administrativo puede acelerar los trámites burocráticos y mejorar la eficiencia en algunos casos, su implementación también puede presentar desafíos significativos para el Estado. Es esencial que el diseño y la implementación de este mecanismo incluyan salvaguardias adecuadas para mitigar estos riesgos y asegurar que los beneficios superen los posibles perjuicios.

Puntos clave de la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases:

• Publicación del decreto 695 para reglamentar la Ley Bases, con la firma de Javier Milei y otros altos funcionarios
• Cuatro áreas clave: reorganización, privatizaciones, silencio administrativo, reglamentación
• Autorización al Poder Ejecutivo para reorganizar y liquidar fondos fiduciarios públicos
• Procedimientos específicos para privatizaciones
• Cronograma de implementación del silencio administrativo en 15 días
• Identificación y actualización de procedimientos por las reparticiones públicas
• Implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales