Gestión
El Gobierno reglamentó el primer tramo de la Ley Bases, para avanzar en las privatizaciones
Habilita al Poder Ejecutivo para reorganizar y liquidar fondos fiduciarios públicos. También para realizar procedimientos específicos para privatizaciones. Además, entra en vigencia el polémico “Silencio Administrativo”.
El Gobierno avanzó en la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases, con el objetivo de reorganizar la administración centralizada y descentralizada. El decreto 695, publicado en el Boletín Oficial el lunes, formalizó estas acciones.
Firmas del Decreto
El decreto contó con las firmas del presidente Javier Milei, del Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, y de los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Aspectos Centrales del Decreto
El decreto 695 se centró en cuatro áreas clave:
- Reorganización administrativa
- Privatizaciones
- Silencio administrativo
- Reglamentación y ajustes
Reorganización Administrativa
El Poder Ejecutivo se autorizó a reorganizar, transformar y liquidar fondos fiduciarios públicos de acuerdo con la Ley N° 27.742.
Privatizaciones
El decreto establece procedimientos específicos para la privatización de empresas estatales, incluyendo la presentación de informes y la publicación de convocatorias para ofertas.
Silencio Administrativo
La jefatura de Gabinete de Ministros, dentro de un plazo de 15 días a partir de la entrada en vigencia del decreto, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo. Este se aplicará en el marco de procedimientos administrativos que requieran la otorgación de una autorización administrativa, según el artículo 31 de la Ley N° 27.742.
El silencio administrativo comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma y aplicará a los procedimientos iniciados después de dichas fechas. Las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deben identificar y mantener actualizados los procedimientos alcanzados por esta medida.
Los procedimientos administrativos regulados por normas especiales que contemplen el silencio con efecto positivo continuarán operando bajo sus respectivas normativas.
La jefatura de Gabinete de Ministros debe elevar al Poder Ejecutivo Nacional los casos específicos en los que no aplicará el silencio con efecto positivo, conforme al inciso b) del artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología debe garantizar la implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales.
Qué es el «Silencio Administrativo»
El «silencio administrativo» reglamentado en la Ley Bases se refiere a una figura jurídica en la cual, ante la falta de respuesta de la administración pública dentro de un plazo determinado, se considera automáticamente que la solicitud del administrado ha sido aceptada (silencio positivo) o rechazada (silencio negativo), según lo establezca la normativa aplicable.
Silencio Administrativo Positivo
En el contexto del decreto 695 y la Ley N° 27.742, el silencio administrativo positivo implica que si una autoridad administrativa no se pronuncia dentro del plazo establecido sobre una solicitud que requiera autorización, se considerará que dicha solicitud ha sido aprobada automáticamente. Este mecanismo tiene como finalidad agilizar los procedimientos administrativos y evitar retrasos indebidos.
Implementación y Plazos
- Cronograma de Implementación: La jefatura de Gabinete de Ministros debe aprobar un cronograma de implementación del silencio administrativo positivo dentro de los 15 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto 695.
- Aplicación: Este silencio positivo regirá según las fechas establecidas en el cronograma y se aplicará a los procedimientos administrativos que se inicien después de esas fechas.
- Exclusiones: La jefatura de Gabinete de Ministros puede identificar casos específicos en los que no se aplicará el silencio administrativo positivo, presentando informes fundamentados de las áreas competentes al Poder Ejecutivo Nacional.
Procedimientos Administrativos
- Actualización de Procedimientos: Las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deben identificar y mantener actualizados los procedimientos administrativos alcanzados por el silencio administrativo positivo.
- Normas Especiales: Los procedimientos administrativos regulados por normas especiales que contemplen el silencio administrativo positivo continuarán operando bajo sus respectivas normativas.
Innovación y Tecnología
- Plataformas Digitales: La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la implementación del silencio administrativo positivo a través de plataformas digitales, facilitando así la gestión y transparencia de los procesos administrativos.
Riesgos y Aspectos Negativos del Silencio Administrativo
El silencio administrativo, aunque diseñado para agilizar y simplificar los procedimientos administrativos, puede tener varios aspectos negativos que podrían perjudicar al Estado. A continuación, se detallan algunos de estos aspectos:
Pérdida de Control y Supervisión
- Falta de Evaluación Detallada: La aprobación automática de solicitudes puede llevar a la omisión de una evaluación exhaustiva y crítica de cada caso. Esto puede resultar en la aprobación de solicitudes que no cumplan con todos los requisitos legales y técnicos.
- Ausencia de Supervisión: La falta de respuesta administrativa puede impedir la supervisión adecuada y el monitoreo de los procedimientos, lo que podría permitir irregularidades y abusos.
Incremento de Riesgos Jurídicos
- Conflictos Legales: La implementación del silencio administrativo positivo puede dar lugar a conflictos legales si la administración posteriormente descubre que se ha aprobado una solicitud que debería haber sido denegada. Esto puede derivar en litigios costosos y complicados para el Estado.
- Inseguridad Jurídica: La aplicación inconsistente o confusa del silencio administrativo puede generar inseguridad jurídica tanto para los administrados como para la propia administración pública.
Posible Abuso del Sistema
- Aprovechamiento de Lagunas Legales: Los solicitantes podrían intentar aprovecharse de la figura del silencio administrativo para obtener aprobaciones automáticas, presentando solicitudes con información insuficiente o engañosa.
- Incremento de Solicitudes: La posibilidad de obtener una aprobación automática puede aumentar el número de solicitudes presentadas, sobrecargando a la administración pública y dificultando la gestión eficaz de los recursos.
Impacto en la Calidad de los Servicios Públicos
- Decisiones Automáticas sin Análisis: La aprobación automática de solicitudes sin un análisis detallado puede afectar la calidad y seguridad de los servicios públicos, especialmente en áreas sensibles como salud, construcción y medio ambiente.
- Desviación de Recursos: La necesidad de revisar ex post facto las decisiones automáticas aprobadas por silencio administrativo puede desviar recursos administrativos significativos, restando eficiencia a otros procesos importantes.
Erosión de la Confianza Pública
- Percepción de Ineficiencia: La dependencia del silencio administrativo puede ser percibida como un signo de ineficiencia y falta de diligencia por parte de la administración pública, afectando la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
- Desconfianza en la Transparencia: La falta de una respuesta explícita por parte de la administración puede generar desconfianza sobre la transparencia y la integridad del proceso administrativo.
Si bien el silencio administrativo puede acelerar los trámites burocráticos y mejorar la eficiencia en algunos casos, su implementación también puede presentar desafíos significativos para el Estado. Es esencial que el diseño y la implementación de este mecanismo incluyan salvaguardias adecuadas para mitigar estos riesgos y asegurar que los beneficios superen los posibles perjuicios.
Puntos clave de la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases:
- Publicación del decreto 695 para reglamentar la Ley Bases, con la firma de Javier Milei y otros altos funcionarios
- Cuatro áreas clave: reorganización, privatizaciones, silencio administrativo, reglamentación
- Autorización al Poder Ejecutivo para reorganizar y liquidar fondos fiduciarios públicos
- Procedimientos específicos para privatizaciones
- Cronograma de implementación del silencio administrativo en 15 días
- Identificación y actualización de procedimientos por las reparticiones públicas
- Implementación del silencio con sentido positivo a través de plataformas digitales
Economía 💲
Cómo la eliminación de organismos descentralizados concentró poder de Maccarone sobre la obra pública
La motosierra concentró poder en manos equivocadas. El desguace institucional impulsado por Milei no solo «achicó el Estado», sino que las decisiones estratégicas quedaron a merced de un empresario del sector que ahora “regula”.
⬛ La eliminación masiva de ministerios y organismos descentralizados que llevó adelante Javier Milei durante su primer año de gestión no fue solo una política de «achique» del Estado. Fue, también, una operación de concentración de poder que terminó facilitando que un ex empresario constructor como Martín Maccarone controle desde las sombras toda la obra pública nacional.
La ecuación es simple pero devastadora: se eliminaron 13 Ministerios, se cerraron organismos estatales y se recortaron presupuestos destinados a Ciencia, Cultura y Educación, entre otras áreas, pero toda esa capacidad operativa no desapareció. Se concentró en pocas manos, específicamente en la órbita del Ministerio de Economía que comanda Luis «Toto» Caputo.
El mapa del desguace institucional
La lista de organismos eliminados o fusionados bajo la órbita de Economía es extensa y reveladora. A través del Boletín Oficial N°35702, el Gobierno que encabeza Javier Milei oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas del Estado, afectando dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad.
El caso más emblemático es el del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), un organismo que ha jugado un papel central en la ejecución de obras públicas en todo el país. Por medio de la publicación del Decreto 1020/2024 en el Boletín Oficial, se estableció que el ENOHSA quedará oficialmente disuelto dentro de treinta días, por lo que sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
La justificación oficial fue técnica: «en el contexto actual, resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos». Sin embargo, el resultado práctico fue concentrar el control de obras hídricas y sanitarias en manos del núcleo duro de Economía.
El costo humano del ajuste concentrador
Los números del ajuste son elocuentes sobre la magnitud del poder transferido. El presidente Javier Milei sigue avanzando con el cierre de organismos nacionales. Este jueves dispuso la disolución del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), un organismo clave para las obras públicas sanitarias, que implicó 230 trabajadores y 116 obras con incertidumbre.
Según proyecciones realizadas antes de asumir, unas 118.118 personas quedarían, en principio, sin puesto laboral, si se eliminan esos ministerios y los organismos descentralizados según los números de las reparticiones que difunde el Indec. Pero el poder operativo de esas 118 mil personas no se esfumó: se canalizó hacia la nueva estructura centralizada.
La arquitectura del control concentrado
La eliminación del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y de organismos como ENOHSA, ONABE y partes de ADIF no fue casual. Todo ese poder decisorio se reconcentró en la flamante Secretaría Coordinadora de Infraestructura que comanda Maccarone desde Economía.
Esta operación de ingeniería institucional tiene precedentes históricos preocupantes. La concentración de poder estatal en pocas manos, especialmente cuando esas manos provienen del sector privado que ahora deben regular, genera las condiciones perfectas para conflictos de interés y capturas regulatorias.
Los antecedentes del desguace como concentración
El plan incluye la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos, según confirmó La Nación en enero de 2025. Esta nueva etapa de ajuste busca achicar un 30% el Estado, pero nuevamente el poder no desaparece, sino que se reconcentra.
El proceso comenzó desde el primer día de gobierno. Milei oficializó el primer decreto de necesidad y urgencia y modificó la estructura central dentro del Gobierno, estableciendo las bases legales para esta concentración de poder que luego permitiría el funcionamiento de figuras como Maccarone.
La funcionalidad política del desguace
Lo que el gobierno presenta como «eficiencia» y «achique del Estado» opera, en la práctica, como una concentración de poder decisorio sin precedentes en décadas. La eliminación de controles y contrapesos institucionales facilita que un ex empresario constructor pueda operar «de los dos lados del mostrador» sin los filtros que antes existían.
La crítica de los dirigentes opositores señala precisamente esta contradicción: para el gobierno del presidente Javier Milei una de las razones que motivaron la disolución es que el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional. Pero el resultado práctico es que ahora existe menos control, no más.
Las obras que quedaron en el limbo
El caso del ENOHSA es paradigmático de cómo esta concentración afecta la obra pública concreta. Una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país quedó disuelta, y sus funciones pasaron a depender de la estructura que controla Maccarone.
En Mendoza, por ejemplo, el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA) dejó seis obras importantes en estado de incertidumbre, que ahora dependen de las decisiones que tome la nueva estructura centralizada.
La concentración como facilitadora de conflictos
La operación de Milei generó las condiciones perfectas para que figuras como Maccarone pudieran operar con poderes extraordinarios y mínimos controles. Al eliminar organismos con capacidad técnica específica y reconcentrar sus funciones en Economía, se creó un embudo decisorio que beneficia a quien controla ese embudo.
Esta arquitectura institucional no es casual. Responde a una lógica política que privilegia la concentración de poder por sobre los controles y contrapesos democráticos. El resultado es que un ex empresario constructor puede hoy manejar toda la obra pública nacional desde un despacho en Economía, sin la supervisión técnica específica que antes existía en organismos especializados.
El futuro del modelo concentrador
La misión está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, según reveló La Nación, lo que indica que esta lógica de concentración continuará profundizándose. Cada organismo eliminado es poder que se reconcentra en el núcleo duro del gobierno.
La pregunta que surge es si esta concentración de poder es compatible con una gestión transparente y democrática de los recursos públicos. Los casos como el de Maccarone sugieren que no: cuando se eliminan controles y se concentra poder en manos de ex empresarios del sector que ahora regulan, los conflictos de interés se vuelven estructurales.
El «achique del Estado» de Milei resultó ser, paradójicamente, una concentración de poder estatal sin precedentes. Y figuras como Martín Maccarone son el producto directo de esa concentración.
Puntos clave
• Milei eliminó 13 ministerios y 21 organismos descentralizados, concentrando su poder decisorio en Economía
• La eliminación del ENOHSA, ONABE y partes de ADIF transfirió el control de obra pública a la estructura que maneja Maccarone
• El desguace institucional eliminó controles y contrapesos específicos, facilitando conflictos de interés
• Más de 118.000 empleados perdieron sus puestos, pero su poder operativo se reconcentró en pocas manos
• La arquitectura del «achique» resultó ser una concentración de poder que beneficia a figuras como el «funcionario fantasma»
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