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Habilitan a particulares a patentar autos importados sin intermediarios
El Gobierno simplificó el patentamiento de autos importados. La nueva normativa permite a particulares registrar vehículos del exterior sin intermediarios. Se reconocen certificaciones internacionales de seguridad y se elimina la exclusividad del INTI en autopartes.
Modificación normativa para facilitar la importación
El Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Resolución 271/2025, que simplifica el trámite de Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y habilita el patentamiento de vehículos importados por particulares, sin necesidad de intervención de fabricantes o importadores.
La Secretaría de Industria y Comercio reglamentó el procedimiento mediante el cual se acredita que los vehículos cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad vial exigidos para circular por la vía pública. La medida abarca a autos, camiones, acoplados y semirremolques.
Según el texto oficial, la iniciativa busca modernizar el marco normativo y reducir trabas innecesarias, en un contexto donde “una gran cantidad de regulaciones dictadas en el Sector Público Nacional han quedado desactualizadas”.
Certificaciones internacionales y trámite individual
Con la nueva normativa, si el vehículo ya cuenta con una LCM emitida por el fabricante o importador, el particular podrá utilizarla para completar el patentamiento. En caso contrario, podrá gestionarla por su cuenta a través de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mediante un certificado de seguridad vial similar a una Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La norma también establece que se aceptarán certificaciones emitidas por organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.
Desde el Ejecutivo destacaron que “los ciudadanos tendrán la libertad de comprar vehículos nuevos en el exterior por sí mismos, sin depender de fabricantes o importadores”.
Reforma paralela: autopartes sin trabas ni exclusividades
La medida está en línea con la Resolución 222/2025, que eliminó la obligatoriedad de tramitar el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Hasta entonces, este trámite era condición excluyente para importar componentes, con costos y tiempos que, según el Gobierno, “representaban importantes demoras”.
Actualmente, la fabricación e importación de autopartes es libre y no requiere autorización previa. Los fabricantes e importadores asumen la responsabilidad de cumplir con las especificaciones de seguridad, ahora validadas por una red internacional de laboratorios, sin limitaciones a un único organismo nacional.
El control estatal se mantiene mediante fiscalización posterior (ex-post), garantizando que las piezas respeten las normativas del decreto 196/25.
Uno de los puntos centrales de la resolución es que ahora los particulares podrán utilizar la LCM ya existente del fabricante o importador para patentar su vehículo. En los casos donde el vehículo no cuente con esta licencia, se habilita un trámite directo ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, que otorgará un certificado de seguridad vial.
Ese certificado funcionará de forma análoga a una Verificación Técnica Vehicular (VTV) y permitirá avanzar con el patentamiento sin intermediarios.
Además, la nueva normativa reconoce certificaciones de seguridad emitidas por organismos internacionales, como los de las Naciones Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos y Brasil. Esto busca agilizar el proceso y reducir los requisitos duplicados.
Fin del monopolio del INTI en autopartes
La medida se complementa con la Resolución 222/2025, que desreguló el sistema de control de autopartes y elementos de seguridad. Hasta ahora, las empresas debían gestionar el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) exclusivamente en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), trámite que implicaba costos y demoras.
Desde la modificación, la fabricación, importación y comercialización de autopartes es libre y sin necesidad de autorización previa. Los fabricantes e importadores siguen obligados a garantizar que sus productos cumplan con las normas vigentes, pero pueden obtener la certificación técnica a través de una red descentralizada de laboratorios y organismos internacionales.
Según el Ejecutivo, el cambio “elimina costos innecesarios y agiliza la actividad privada”, al tiempo que mantiene un esquema de fiscalización ex post, de acuerdo con lo establecido en el decreto 196/2025.
Un cambio con impacto en el mercado
Desde el Gobierno destacaron que la resolución amplía la libertad de los ciudadanos para importar vehículos “por sí mismos”, sin depender de empresas del sector. Se argumentó que la actualización normativa favorece la competencia y moderniza el parque automotor nacional, sin afectar los estándares de seguridad.
“La cadena de comercialización se amplía y se optimizan las condiciones exigidas para la importación”, sostiene el texto publicado. También se plantea que muchas exigencias anteriores “generaban dilaciones y costos infundados”.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia de desregulación y apertura del mercado automotor impulsada por el Ejecutivo, que ya había avanzado en modificaciones similares vinculadas al control de autopartes, licencias de importación y verificación técnica.
Puntos clave:
- La resolución 271/2025 permite a particulares patentar autos importados sin intermediarios.
- Se aceptan certificaciones de seguridad vial de ONU, UE, EE.UU. y Brasil.
- Se elimina la exclusividad del INTI para certificar autopartes.
- Los trámites para importar y comercializar autopartes ahora son libres de costos y más ágiles.
- El Ejecutivo argumenta que la reforma moderniza el parque automotor sin afectar la seguridad.
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Sturzenegger celebra despidos de 81.000 estatales mientras los salarios del sector perdieron hasta 40,5%
Dos secretarios de Sturzenegger presentaron en Diputados el recorte de 81.000 empleados estatales, mientras los salarios del sector perdieron entre 29% y 40,5% de poder de compra y el nuevo retiro voluntario paga hasta 25 sueldos con prohibición de volver al Estado por ocho años.
El Gobierno celebra haber recortado 81.000 empleados del Estado, pero el ahorro que exhibe descansa en salarios que perdieron entre 29% y 40,5% de su poder de compra y en retiros que pagan hasta 25 sueldos por persona. La cifra fue presentada este martes ante la Cámara de Diputados por dos secretarios del ministro Federico Sturzenegger, en la recta final del dictamen del Presupuesto 2027.
El secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, y el de Desregulación, Alejandro Cacace, expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, para poner en valor el ajuste sobre la Administración Pública Nacional y las “reformas estructurales”. Fariña destacó que los ministerios pasaron de 18 en diciembre de 2023 a ocho, defendió que no se trata solo de un Estado más chico sino de uno con otro rol, y rechazó que el ahorro sea “temporal” porque, según dijo, no se crearon puestos nuevos para reemplazar los eliminados. Cacace fue más lejos en la autocelebración: “Valemos por los ahorros que generamos”.
Qué dijeron los funcionarios
Fariña explicó que parte de la reducción se canalizó mediante el régimen de disponibilidad de la Ley de Empleo Público, que según indicó no se usaba desde hacía dos décadas, y mediante retiros voluntarios, a los que se adhirieron más de 5.254 personas. Anunció que habrá una nueva convocatoria entre el 1 y el 30 de noviembre. Como ejemplo de las estructuras heredadas, mencionó que Vialidad Nacional tenía 1.543 cargos jerárquicos para una planta de 5.300 empleados.
Las diputadas de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva cuestionaron el planteo. Tolosa Paz sostuvo que a la idea de un Estado eficiente le falta mirar para qué se toman las medidas y a quién afectan, y acusó al Gobierno de ser “culpable y cómplice del industricidio”. Selva atribuyó la apuesta por el transporte fluvial a la desinversión en rutas nacionales y afirmó que los fondos para su mantenimiento se desvían para “maquillar” el superávit.
Cuántos puestos se perdieron, según cada fuente
Los números no coinciden porque miden universos distintos. Según el INDEC, la dotación de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026, una caída de 72.440 puestos, de alrededor del 21%. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó 77.515 puestos menos en el mismo período, e incluye a personal militar y de seguridad, y Fariña habló este martes de 81.000. ATE Capital, por su parte, denunció en su último informe más de 100.000 despidos en la administración pública.
Los salarios: el ahorro que pagan los que se quedan
Los sueldos estatales no están congelados en términos nominales, pero perdieron poder de compra de forma sostenida. El Foro Economía y Trabajo estimó un recorte real de 29% en los salarios públicos desde 2023. El Observatorio Salarial de ATE-INDEC calculó una pérdida del 32,4% entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, equivalente a más de nueve sueldos completos, y señaló que se necesitaría un aumento inmediato del 48% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. ATE Capital estima que el salario real de la Administración Pública Nacional cayó 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
La caída tiene un correlato en el bolsillo: según ATE Capital, la mora crediticia entre los trabajadores estatales escaló del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. La oferta salarial del Gobierno para el segundo semestre, de entre 1,5% y 1,9% mensual, representa apenas $19.000 sobre un salario de un millón de pesos, según el sindicato, que rechazó la propuesta anterior (2,4%, 2,2% y 1,9% más un bono de $50.000) por considerarla “absolutamente insuficiente”. Una parte del ahorro que el Gobierno exhibe sale de salarios que se licuaron mientras los precios subían.
La trampa de los retiros voluntarios
El Decreto 1203/2026, publicado el 19 de octubre y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y Sturzenegger, habilita un régimen de retiro para la Administración Pública Nacional centralizada. La compensación puede llegar a 25 sueldos brutos según edad, antigüedad y situación previsional, o al 60% del salario bruto durante 36 meses para quienes estén cerca de jubilarse. Quienes adhieran no podrán volver al Estado nacional durante ocho años, sus cargos se eliminan del presupuesto y esas vacantes no pueden usarse para justificar nuevas incorporaciones. La adhesión está sujeta a la aprobación de cada dependencia, que tiene 40 días corridos para responder tras el cierre de la inscripción.
Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados en condiciones de adherir y ATE habla de 21.187. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “no es retiro voluntario, es despido extorsivo” y denunció que en algunos organismos se presiona a los agentes con pasarlos a disponibilidad si no firman. También advirtió que quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberían renunciar al mismo para adherir y cuestionó que el Estado contrate después consultoras para cubrir las mismas tareas. Esas denuncias son del sindicato y el Gobierno las niega al afirmar que no se crean puestos nuevos.
El ahorro bajo la lupa
Cada retiro implica un desembolso inmediato de hasta 25 sueldos, que se suma al costo de las desvinculaciones previas, mientras la planta que queda cobra menos en términos reales y el Estado pierde capacidades. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) advirtió que el 95% de los trabajadores evaluados aprobó el examen de idoneidad impuesto por el propio Gobierno y, aun así, los despidos continúan. En la Comisión Nacional de Energía Atómica, Aguiar sostuvo que el organismo es superavitario y que no hay argumento que justifique el recorte que derivó en cerca de 100 despidos. Un ahorro que depende de salarios licuados, retiros que cuestan hasta 25 sueldos y organismos vaciados no equivale a un Estado más eficiente.
Lo que tenés que saber:
- Funcionarios de Sturzenegger presentaron en Diputados un recorte de 81.000 empleados estatales y la baja de 18 a ocho ministerios.
- El INDEC registra 72.440 puestos menos entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, y ATE Capital denuncia más de 100.000 despidos.
- Los salarios estatales perdieron entre 29% (Foro Economía y Trabajo) y 40,5% (ATE Capital) de poder de compra.
- El Decreto 1203/2026 («retiros voluntarios») paga hasta 25 sueldos, elimina el cargo y prohíbe volver al Estado por ocho años.
- ATE denuncia presiones y habla de un universo de 21.187 trabajadores alcanzados.
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