Educación
Toma en el Nacional Buenos Aires: piden la renuncia de dos docentes por violencia de género
Mientras reclaman la separación de las personas denunciadas del Nacional y el Pellegrini, y una comisiòn investigadora interdisciplinaria, la Rectora emitió un comunicado.
En las asambleas del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires de este miércoles se resolvió la toma del colegio reclamando la renuncia de Roberto Rodríguez y de José Sebastián Báez por violencia.
Hace horas se hizo público un nuevo escándalo por violencia de género: Sebastián Báez, trabajador no-docente del Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) en el Campo de Deportes, tendrí una condena de prisión en suspenso por abuso sexual hacia una menor de edad desde el 2018 y las autoridades estarían al tanto del hecho, ya que el trabajador sería miembro del gremio de Apuba.
El profesor Roberto Rodríguez, posee una denuncia por tenencia de pornografía infantil y también habría amenazado con golpear a un estudiante,y trabajaría en la actualidad con la Rectora Bergman y actual jefe de Departamento de Educación Física en el Nacional y en el Pellegrini, donde tuvo que bajar su candidatura al Consejo Escolar Resolutivo (CER) debido al rechazo que generó entre la comunidad escolar.
Desde el Centro de Estudiantes denunciaron que les prometieron que Rodríguez se jubilaría cuando en realidad lo siguen viendo en el campo de deportes y en los pasillos de los preuniversitarios.
Aseguran que de esta forma se vulnera la integridad del estudiantado del Colegio Nacional Buenos Aires, y no defienden sus derechos, por lo que reclaman el diálogo.
También se reclama el congelamiento de los salarios docentes, que tienen previsto un aumento del 41%, y la inexistencia de mejoras en las condiciones edilicias (inundaciones del patio frío, el claustro de geografía y los baños, caída de techos y hasta un ventilador que habría dejado alumnos heridos). Según el Centro, la restauración de las aulas la está financiando el aporte de las familias a través de la cooperadora.
El reclamo
Los estudiantes reclaman «la separación inmediata de todos los denunciados de sus actividades dentro del CNBA y del Pellegrini y la apertura de una comisión de investigación integrada por estudiantes, docentes y miembros capacitados para analizar las denuncias realizadas. Aplicación de la ESI con una materia especial y transversal al resto de la cursada de 1° a 5°. La instalación de un gabinete de profesionales, concursados especializados en materia de género y violencia que brinden asistencia psicológica, psicopedagógica y jurídica a todes les miembres de la comunidad educativa. La capacitación inmediata a docentes, tutores, psicólogues del Colegio en materia de violencia, géneros y diversidades sexuales«.
El comunicado del Colegio Nacional Buenos Aires
En este sentido, el Colegio emitió el siguiente comunicado: «A la Comunidad educativa del CNBA: Lamentamos informar que el Colegio ha sido “tomado” por decisión de las asambleas de estudiantes celebradas en los tres turnos en el día de la fecha. En consecuencia de esta situación totalmente sorpresiva e infundada para toda la comunidad educativa, quedan suspendidas todas las actividades académicas, administrativas y extracurriculares hasta tanto las autoridades legales del establecimiento retomen el pleno control y dominio de la totalidad del edificio. También queda suspendido el Acto de la Bandera previsto para el viernes 24 de junio y que será reprogramado oportunamente. Ante los motivos expresados por la asamblea estudiantil para llevar a cabo la toma, el equipo de gestión de la institución informa que el pasado lunes 13 de junio se mantuvo una reunión para abordar la cuestión edilicia planteada. De la misma participaron el Secretario de Educación Media de la UBA, Oscar García; el Subsecretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz; la Rectora del CNBA, Valeria Bergman; la Coordinadora administrativa del CNBA, Yamila Lezcano; y la presidenta y vicepresidenta del Centro de Estudiantes (CENBA). Como resultado de esa reunión, se acordó dar prioridad a la reparación de los caños pluviales del patio frío, la refacción de los baños de planta baja, y el reemplazo de los tanques de agua por válvulas de agua, y gestionar los recursos necesarios ante el Consejo Superior de la UBA para dichas obras. Las mejoras mencionadas completan las tareas de mantenimiento generales que ya fueron realizadas tal como se acordó en las reuniones previas. Desde principio de año se está llevando a cabo el Plan Integral de Remodelación de los claustros, Campo de Deportes y Natatorio. La primera etapa contempla la renovación total del claustro Alsina. Se modernización y repararon las calderas de calefacción del Colegio y el calderín del Natatorio con un nuevo sistema de mecanización; y se inició el proceso de compra y reemplazo del sistema de filtrado y depuración del agua del Natatorio, para aumentar las horas de utilización y climatización del mismo. En el Campo de Deporte, los trabajos de recuperación incluyeron pintura y delineación de las Canchas de Vóley, Hándbol , Básquet y Fútbol. El día martes 21 de junio se mantuvo una nueva reunión con las autoridades del Colegio a pedido de las y los estudiantes del CENBA y Consejeros del claustro estudiantil del CER. En la misma se profundizó lo hablado en la reunión del día lunes 13 de junio, y se firmó un acta compromiso en la que se acordó realizar una Jornada de Concientización y Cuidado del Edificio (fechas posibles 2/7 o 6/8), y continuar con el seguimiento de las obras y las gestiones de los recursos necesarios. Por otro lado, con respecto a la situación del docente mencionado, aclaramos que no se encuentra frente al alumnado, ni tiene restricción alguna para cumplir sus funciones. Cabe destacar que en el año 2019 esta información ya fue transmitida a los estudiantes; y durante este año, en reiteradas ocasiones, frente a las autoridades del Colegio y de la Secretaría de Educación Media de la UBA, se les volvió a suministrar la misma información. Asimismo, el profesor ha presentado el 5 de abril del corriente año la renuncia condicionada a todos sus cargos según consta en Resolución de Rectoría CNBA N°195/2022, a la espera del beneficio jubilatorio. Finalmente, en lo que respecta a la información publicada por el Centro de Estudiantes del CNBA en sus redes sociales sobre personal no docente, informamos que, habiendo tomado conocimiento en el día de la fecha, hemos iniciado un proceso de información sumaria y solicitado a las autoridades de la UBA el traslado provisorio del agente hasta tanto se aclare la situación planteada. Lamentamos profundamente que se lleven adelante este tipo de acciones, mientras se encuentran en plena vigencia y funcionamiento las diversas instancias institucionales y de convivencia previstas en la reglamentación colegial y con diálogo constante de la gestión en reiteradas reuniones con el CENBA. Asimismo, se hace saber a la comunidad educativa que se modificará el calendario académico extendiéndose el ciclo lectivo por cada día de pérdida de clase. Recomendamos reflexionar en familia junto a sus hijas e hijos acerca de las consecuencias que emergen de este tipo de acciones, tales como la interrupción del ciclo lectivo, las clases de apoyo al curso de ingreso como así también los exámenes pertinentes del mismo y las actividades extracurriculares. Saludos cordiales, Lic. Valeria Bergman y Equipo de Gestión. Rectora CNBA-UBA».
Educación
Milei lleva la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte para intentar frenarla
Luego de acumular dos derrotas judiciales consecutivas, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que el máximo tribunal suspenda la norma. Si el tribunal rechaza el pedido, el Gobierno tiene previsto recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema.
El Gobierno busca llegar a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario
El gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), según confirmaron fuentes oficiales.
La maniobra llega luego de dos fallos adversos consecutivos: en primera instancia, el juez federal Enrique Cormick declaró que el Decreto 759/2025, con el cual el Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma, tenía rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta»; y el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar y rechazó la apelación del Gobierno al calificar sus argumentos de «poco serios».
Si la Cámara Federal acepta el recurso extraordinario, el expediente pasará a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. En caso contrario, el oficialismo no descarta presentar un recurso en queja directamente ante el máximo tribunal para forzar su intervención.
La historia de una ley vetada, insistida y aun incumplida
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2025 y vetada de manera total por el presidente Milei el 11 de septiembre. Sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados insistieron en su sanción, dejando sin efecto el veto con los dos tercios requeridos constitucionalmente. En el último día del plazo legal, en octubre de 2025, el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla; pero en lugar de aplicarla, dictó el Decreto 759/2025, que subordinó su implementación a la previa definición de fuentes presupuestarias específicas, apoyándose en la Ley de Administración Financiera 24.629.
La norma obliga al Gobierno a actualizar retroactivamente los sueldos de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023, según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor), y a recomponer los programas de becas estudiantiles. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios docentes crecieron un 158% mientras la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a la pérdida de más de siete salarios mensuales.
El argumento fiscal versus el mandato constitucional
La estrategia del oficialismo se asienta en un único argumento: la aplicación de la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal, que el Gobierno presenta como su principal logro de gestión. Estiman que el costo de cumplir la norma asciende a 2,5 billones de pesos, en línea con lo que el sindicato docente de la UBA calculó en 2,734 billones.
Sin embargo, la Justicia ya rechazó ese razonamiento en dos instancias. La Cámara subrayó que el impacto fiscal de la medida ronda apenas el 0,23% del PBI, que la ley fue ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Ejecutivo a ejecutar la norma sin margen para suspenderla mediante un decreto. El tribunal también estableció un principio clave: una ley posterior aprobada por el Congreso puede desplazar válidamente a una anterior, lo que derrumba el escudo jurídico del Decreto 759/2025.
En este contexto, la estrategia de recurrir a la Corte por vía del recurso extraordinario es la última carta disponible. Según fuentes del ámbito constitucional citadas por La Nación, es poco probable que el tribunal acceda a conceder el recurso, ya que uno de los requisitos es que exista una sentencia definitiva o equiparable, condición que una medida cautelar no cumple. Los propios especialistas advirtieron que la Corte tiene antecedentes de no expedirse sobre cautelares por no constituir sentencias definitivas.
Una táctica judicial que se vuelve patrón
El recurso por el financiamiento universitario no es un hecho aislado en la estrategia judicial del Ejecutivo libertario. Como informó este medio el 17 de abril de 2026, el mismo día en que se conoció esta presentación, el Gobierno acudió a la Corte Suprema a través de un per saltum para intentar destrabar la Ley de Reforma Laboral (Nº 27.802), cuya aplicación también fue frenada judicialmente luego de una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT). En ambos casos, el patrón es idéntico: el Ejecutivo aprueba o aplica normas que generan rechazo judicial o social, y cuando la Justicia ordena su suspensión o su cumplimiento, escala el conflicto hacia la Corte en lugar de acatar los fallos de las instancias inferiores.
La diferencia es que en el caso universitario el Gobierno no quiere que se aplique una ley que le ordenan cumplir; en el laboral, quiere que se aplique una ley que le ordenaron suspender. En los dos escenarios, el Ejecutivo convierte a la Corte Suprema en la arena donde dilata el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
Puntos clave
- El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que la Corte Suprema suspenda la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795).
- Dos fallos judiciales consecutivos ya ordenaron al Ejecutivo cumplir la norma; la Cámara calificó los argumentos del Estado de «poco serios».
- La ley fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, insistida con dos tercios y promulgada en octubre de 2025; pero nunca fue aplicada.
- El Gobierno estima el costo de cumplimiento en 2,5 billones de pesos; la Justicia lo redujo a un impacto del 0,23% del PBI.
- Si la Cámara rechaza el recurso extraordinario, el oficialismo prevé ir en queja ante la Corte Suprema para forzar su intervención.
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