Un informe sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales encendió nuevas alarmas en el sistema público de educación superior. El documento, titulado “Informe de situación – Universidades Nacionales”, analiza la evolución del presupuesto universitario y del poder adquisitivo de docentes y no docentes, y compara los efectos de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, aprobada por el Congreso, con el proyecto que el Gobierno envió para modificarla.

Las conclusiones son contundentes: desde 2023 los salarios universitarios sufrieron una caída real de 34 por ciento, mientras que el presupuesto destinado al sistema registra un ajuste de hasta 45,6 por ciento respecto de 2023 si se considera el crédito vigente para 2026.

Una caída salarial histórica

El informe toma como ejemplo el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) semi-exclusivo sin antigüedad para mostrar el deterioro del poder adquisitivo en la última década.

En valores actualizados a septiembre de 2026:

En noviembre de 2015 ese cargo percibía el equivalente a $1.154.094,6. En enero de 2026 el salario cayó a $570.470,3.

La pérdida real alcanza 50,6 por ciento.

Según el estudio, la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso habría amortiguado esa caída: el ingreso proyectado sería de $852.229,7, lo que implicaría una pérdida de 26,2 por ciento respecto de 2015.

En cambio, con el proyecto enviado por el Gobierno, el salario proyectado sería $547.748,3, profundizando la caída hasta 52,5 por ciento.

La ley que el Gobierno busca modificar

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025.

El Poder Ejecutivo la vetó el 10 de septiembre, pero el Congreso insistió con su sanción el 2 de octubre.

Sin embargo, el 21 de octubre el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, argumentando falta de financiamiento, pese a que la propia norma contemplaba mecanismos de adecuación presupuestaria.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025 la Justicia ordenó aplicar la ley, y el 18 de febrero de 2026 el Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para modificarla.

Un presupuesto en retroceso

El documento también detalla la evolución del presupuesto universitario.

Entre 2023 y 2025 el sistema sufrió un recorte real de 28,7 por ciento, que se amplía a 45,6 por ciento si se considera el presupuesto vigente de 2026 en relación con 2023.

El contraste entre los dos escenarios es marcado.

Si se aplicara plenamente la ley votada por el Congreso:

el presupuesto universitario crecería 35,1 por ciento respecto de 2025

quedaría apenas 3,6 por ciento por debajo del nivel de 2023

Con el proyecto impulsado por el Gobierno:

habría una caída de 14,2 por ciento frente a 2025 y de 38,8 por ciento respecto de 2023

Además, el nivel de recursos sería 36,5 por ciento menor que el previsto en la ley vigente.

El ajuste recayó en los salarios

El informe subraya que el 86,9 por ciento del gasto universitario corresponde a salarios, mientras que solo el 13,1 por ciento se destina a gastos de funcionamiento. En ese contexto, el grueso del ajuste impactó directamente sobre los trabajadores del sistema.

Entre 2023 y 2026, los salarios de docentes y no docentes se redujeron 43,2 por ciento en términos reales.

La caída más fuerte se produjo entre diciembre de 2023 y julio de 2024, cuando el salario real se desplomó 23,1 por ciento.

Durante 2025 volvió a retroceder 10,1 por ciento.

Recortes en ciencia y desarrollo universitario

Los gastos de funcionamiento también registraron un recorte severo.

Entre 2023 y 2026 la caída real fue de 57,1 por ciento, con reducciones superiores al 70 por ciento en programas vinculados al desarrollo universitario y a la ciencia y técnica.

La única partida que registró un crecimiento fue la asistencia financiera a hospitales universitarios, con una suba real de 19,8 por ciento en 2026, aunque representa apenas 2,3 por ciento del presupuesto universitario total.

Salarios por debajo de la pobreza

El informe advierte además sobre la situación crítica de los ingresos universitarios frente al costo de vida.

En enero de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de niveles 1 y 2 superaban la línea de pobreza correspondiente a un hogar tipo.

El resto de los trabajadores no docentes se ubicaba por debajo de ese umbral.

En relación con la línea de indigencia, la situación es aún más restrictiva: únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos lograban superarla, mientras que todos los cargos docentes con dedicación simple quedaban por debajo.

Dos caminos posibles

La ley aprobada por el Congreso contemplaba una recomposición salarial mínima del 44 por ciento, que permitiría recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

De haberse aplicado, los salarios de noviembre de 2025 habrían quedado apenas 1,3 por ciento por debajo de los de noviembre de 2023.

El proyecto oficial propone en cambio tres aumentos trimestrales de 4,1 por ciento, es decir 12,3 por ciento en total.

Con una inflación proyectada de 20,3 por ciento hasta septiembre de 2026, el informe concluye que esa recomposición resultaría insuficiente y derivaría en una nueva caída del salario real cercana al 3,4 por ciento hacia fines del período.