Educación
Universidades: el ajuste salarial supera el 40% y el proyecto de Milei profundizaría el recorte
La pérdida real alcanza 50,6 por ciento.
Un informe sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales encendió nuevas alarmas en el sistema público de educación superior. El documento, titulado “Informe de situación – Universidades Nacionales”, analiza la evolución del presupuesto universitario y del poder adquisitivo de docentes y no docentes, y compara los efectos de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, aprobada por el Congreso, con el proyecto que el Gobierno envió para modificarla.
Las conclusiones son contundentes: desde 2023 los salarios universitarios sufrieron una caída real de 34 por ciento, mientras que el presupuesto destinado al sistema registra un ajuste de hasta 45,6 por ciento respecto de 2023 si se considera el crédito vigente para 2026.
Una caída salarial histórica
El informe toma como ejemplo el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) semi-exclusivo sin antigüedad para mostrar el deterioro del poder adquisitivo en la última década.
En valores actualizados a septiembre de 2026:
En noviembre de 2015 ese cargo percibía el equivalente a $1.154.094,6. En enero de 2026 el salario cayó a $570.470,3.
La pérdida real alcanza 50,6 por ciento.
Según el estudio, la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso habría amortiguado esa caída: el ingreso proyectado sería de $852.229,7, lo que implicaría una pérdida de 26,2 por ciento respecto de 2015.
En cambio, con el proyecto enviado por el Gobierno, el salario proyectado sería $547.748,3, profundizando la caída hasta 52,5 por ciento.
La ley que el Gobierno busca modificar
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025.
El Poder Ejecutivo la vetó el 10 de septiembre, pero el Congreso insistió con su sanción el 2 de octubre.
Sin embargo, el 21 de octubre el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, argumentando falta de financiamiento, pese a que la propia norma contemplaba mecanismos de adecuación presupuestaria.
Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025 la Justicia ordenó aplicar la ley, y el 18 de febrero de 2026 el Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para modificarla.
Un presupuesto en retroceso
El documento también detalla la evolución del presupuesto universitario.
Entre 2023 y 2025 el sistema sufrió un recorte real de 28,7 por ciento, que se amplía a 45,6 por ciento si se considera el presupuesto vigente de 2026 en relación con 2023.
El contraste entre los dos escenarios es marcado.
Si se aplicara plenamente la ley votada por el Congreso:
el presupuesto universitario crecería 35,1 por ciento respecto de 2025
quedaría apenas 3,6 por ciento por debajo del nivel de 2023
Con el proyecto impulsado por el Gobierno:
habría una caída de 14,2 por ciento frente a 2025 y de 38,8 por ciento respecto de 2023
Además, el nivel de recursos sería 36,5 por ciento menor que el previsto en la ley vigente.
El ajuste recayó en los salarios
El informe subraya que el 86,9 por ciento del gasto universitario corresponde a salarios, mientras que solo el 13,1 por ciento se destina a gastos de funcionamiento. En ese contexto, el grueso del ajuste impactó directamente sobre los trabajadores del sistema.
Entre 2023 y 2026, los salarios de docentes y no docentes se redujeron 43,2 por ciento en términos reales.
La caída más fuerte se produjo entre diciembre de 2023 y julio de 2024, cuando el salario real se desplomó 23,1 por ciento.
Durante 2025 volvió a retroceder 10,1 por ciento.
Recortes en ciencia y desarrollo universitario
Los gastos de funcionamiento también registraron un recorte severo.
Entre 2023 y 2026 la caída real fue de 57,1 por ciento, con reducciones superiores al 70 por ciento en programas vinculados al desarrollo universitario y a la ciencia y técnica.
La única partida que registró un crecimiento fue la asistencia financiera a hospitales universitarios, con una suba real de 19,8 por ciento en 2026, aunque representa apenas 2,3 por ciento del presupuesto universitario total.
Salarios por debajo de la pobreza
El informe advierte además sobre la situación crítica de los ingresos universitarios frente al costo de vida.
En enero de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de niveles 1 y 2 superaban la línea de pobreza correspondiente a un hogar tipo.
El resto de los trabajadores no docentes se ubicaba por debajo de ese umbral.
En relación con la línea de indigencia, la situación es aún más restrictiva: únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos lograban superarla, mientras que todos los cargos docentes con dedicación simple quedaban por debajo.
Dos caminos posibles
La ley aprobada por el Congreso contemplaba una recomposición salarial mínima del 44 por ciento, que permitiría recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
De haberse aplicado, los salarios de noviembre de 2025 habrían quedado apenas 1,3 por ciento por debajo de los de noviembre de 2023.
El proyecto oficial propone en cambio tres aumentos trimestrales de 4,1 por ciento, es decir 12,3 por ciento en total.
Con una inflación proyectada de 20,3 por ciento hasta septiembre de 2026, el informe concluye que esa recomposición resultaría insuficiente y derivaría en una nueva caída del salario real cercana al 3,4 por ciento hacia fines del período.
Educación
Docentes universitarios ya paran 48 horario por pérdida salarial
La Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) lleva adelante este miércoles y jueves una huelga nacional de 48 horas en rechazo al ajuste del Gobierno de Javier Milei sobre el sistema universitario público. El gremio acumula dos semanas de visibilización del conflicto y exige paritarias inmediatas ante una pérdida del poder adquisitivo que ya supera el 52% desde diciembre de 2023.
La FEDUN lanza un paro de 48 horas y denuncia pérdida salarial del 52%
Las universidades públicas argentinas viven otra jornada de conflicto abierto. La FEDUN, encabezada por su secretario general Daniel Ricci, ratificó en un plenario de secretarios y secretarias generales con representación de todo el país la continuidad del plan de lucha y la realización de un paro nacional de 48 horas los días 3 y 4 de junio. La medida incluye suspensión de actividades académicas, movilizaciones, clases públicas y diversas acciones de visibilización del conflicto universitario en todo el territorio nacional.
La decisión no es aislada ni sorpresiva: es el resultado de dieciséis meses consecutivos sin convocatoria a negociación paritaria por parte del Ejecutivo nacional, una omisión que el propio gremio calificó como «una decisión política que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario».
El salario docente: por debajo de la línea de indigencia
Los datos que fundamentan el paro son contundentes y surgen de fuentes verificables. Según el Informe de Situación del Sistema Universitario, elaborado por la FEDUN en conjunto con el CIICTI, los docentes universitarios acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, sin que el Gobierno haya convocado a una sola mesa de negociación durante ese período.
La magnitud de ese deterioro queda expuesta con una cifra que resulta difícil de soslayar: un profesor titular con dedicación simple percibió en mayo de 2026 apenas $593.355 brutos, cifra que no alcanza la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de marzo de 2026, que el INDEC ubicó en $658.011. En términos concretos, un docente universitario con años de carrera y formación acreditada cobra por debajo de la línea de indigencia.
El dato no es nuevo en su tendencia, pero sí en su crudeza. El informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), publicado en mayo de 2026, documenta que entre 2023 y 2025 la ejecución real del gasto en la partida «Desarrollo de la Educación Superior» se desplomó un 29%, cifra que se inscribe en el desmantelamiento más amplio del gasto público universitario bajo la gestión libertaria.
La Ley de Financiamiento Universitario: aprobada y ninguneada
Uno de los ejes centrales del conflicto es la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso de la Nación y que el Ejecutivo resiste implementar en su totalidad. La FEDUN reclamó que esa herramienta es «central para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y preservar la calidad educativa», abarcando recursos para actividades académicas, investigación, extensión y funcionamiento cotidiano de las instituciones.
La resistencia oficial a aplicar la ley sancionada por el Poder Legislativo no es un dato menor: implica que el Gobierno de Milei opta por el incumplimiento de una norma vigente antes que ceder posiciones en su política de ajuste fiscal sobre la educación pública.
Este conflicto se inscribe en un cuadro de deterioro estructural que nuestros propios archivos periodísticos documentaron en profundidad: desde diciembre de 2023, las transferencias a universidades registraron una caída real acumulada del 31,6% según el IIEP (UBA-CONICET), en tanto los salarios públicos en su conjunto cayeron un 29% en términos reales, de acuerdo al diagnóstico del Foro Economía y Trabajo.
Plan de lucha que no cede
La medida de fuerza de esta semana se enmarca en un proceso de movilización universitaria que arrancó en 2024 con las masivas Marchas Federales Universitarias y que, lejos de disolverse, se profundizó ante la persistencia del ajuste. El plenario de la FEDUN resolvió también la adhesión a las movilizaciones convocadas bajo la consigna «Ni Una Menos», que se realizaron esta semana en todo el país tras el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, una señal de que el gremio docente asume la intersección entre el ajuste económico y la violencia de género como parte de un mismo clima de época.
La confluencia con el movimiento feminista en el marco de un paro gremial no es retórica: refleja la composición mayoritariamente feminizada de los claustros docentes universitarios y la conciencia de que el deterioro salarial golpea con mayor fuerza a los sectores históricamente más precarizados del sistema.
Un conflicto sin respuesta del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano no emitió convocatoria a paritarias ni respuesta pública ante el anuncio del paro. La postura oficial, que durante meses apuntó a presentar los recortes como «necesidades fiscales» exigidas por el acuerdo con el FMI, no logra ocultar la contradicción de un Gobierno que proclama defender la meritocracia mientras condena a sus docentes universitarios a cobrar salarios por debajo de la línea de indigencia.
El conflicto universitario no es el único frente abierto para la gestión Milei en materia educativa y social, pero sí uno de los más persistentes y con mayor capacidad de movilización. Mientras el paro de 48 horas se extiende por las casas de estudio de todo el país, la pregunta sin respuesta sigue siendo la misma: cuándo el Gobierno decidirá sentar a los docentes a una mesa de negociación que, por ahora, ni siquiera convocó.
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