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Educación

Universidades: el ajuste salarial supera el 40% y el proyecto de Milei profundizaría el recorte

La pérdida real alcanza 50,6 por ciento.

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Un informe sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales encendió nuevas alarmas en el sistema público de educación superior. El documento, titulado “Informe de situación – Universidades Nacionales”, analiza la evolución del presupuesto universitario y del poder adquisitivo de docentes y no docentes, y compara los efectos de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, aprobada por el Congreso, con el proyecto que el Gobierno envió para modificarla.

Las conclusiones son contundentes: desde 2023 los salarios universitarios sufrieron una caída real de 34 por ciento, mientras que el presupuesto destinado al sistema registra un ajuste de hasta 45,6 por ciento respecto de 2023 si se considera el crédito vigente para 2026.

Una caída salarial histórica

El informe toma como ejemplo el salario de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) semi-exclusivo sin antigüedad para mostrar el deterioro del poder adquisitivo en la última década.

En valores actualizados a septiembre de 2026:

En noviembre de 2015 ese cargo percibía el equivalente a $1.154.094,6. En enero de 2026 el salario cayó a $570.470,3.

La pérdida real alcanza 50,6 por ciento.

Según el estudio, la aplicación de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso habría amortiguado esa caída: el ingreso proyectado sería de $852.229,7, lo que implicaría una pérdida de 26,2 por ciento respecto de 2015.

En cambio, con el proyecto enviado por el Gobierno, el salario proyectado sería $547.748,3, profundizando la caída hasta 52,5 por ciento.

La ley que el Gobierno busca modificar

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025.

El Poder Ejecutivo la vetó el 10 de septiembre, pero el Congreso insistió con su sanción el 2 de octubre.

Sin embargo, el 21 de octubre el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, argumentando falta de financiamiento, pese a que la propia norma contemplaba mecanismos de adecuación presupuestaria.

Posteriormente, el 23 de diciembre de 2025 la Justicia ordenó aplicar la ley, y el 18 de febrero de 2026 el Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para modificarla.

Un presupuesto en retroceso

El documento también detalla la evolución del presupuesto universitario.

Entre 2023 y 2025 el sistema sufrió un recorte real de 28,7 por ciento, que se amplía a 45,6 por ciento si se considera el presupuesto vigente de 2026 en relación con 2023.

El contraste entre los dos escenarios es marcado.

Si se aplicara plenamente la ley votada por el Congreso:

el presupuesto universitario crecería 35,1 por ciento respecto de 2025

quedaría apenas 3,6 por ciento por debajo del nivel de 2023

Con el proyecto impulsado por el Gobierno:

habría una caída de 14,2 por ciento frente a 2025 y de 38,8 por ciento respecto de 2023

Además, el nivel de recursos sería 36,5 por ciento menor que el previsto en la ley vigente.

El ajuste recayó en los salarios

El informe subraya que el 86,9 por ciento del gasto universitario corresponde a salarios, mientras que solo el 13,1 por ciento se destina a gastos de funcionamiento. En ese contexto, el grueso del ajuste impactó directamente sobre los trabajadores del sistema.

Entre 2023 y 2026, los salarios de docentes y no docentes se redujeron 43,2 por ciento en términos reales.

La caída más fuerte se produjo entre diciembre de 2023 y julio de 2024, cuando el salario real se desplomó 23,1 por ciento.

Durante 2025 volvió a retroceder 10,1 por ciento.

Recortes en ciencia y desarrollo universitario

Los gastos de funcionamiento también registraron un recorte severo.

Entre 2023 y 2026 la caída real fue de 57,1 por ciento, con reducciones superiores al 70 por ciento en programas vinculados al desarrollo universitario y a la ciencia y técnica.

La única partida que registró un crecimiento fue la asistencia financiera a hospitales universitarios, con una suba real de 19,8 por ciento en 2026, aunque representa apenas 2,3 por ciento del presupuesto universitario total.

Salarios por debajo de la pobreza

El informe advierte además sobre la situación crítica de los ingresos universitarios frente al costo de vida.

En enero de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de niveles 1 y 2 superaban la línea de pobreza correspondiente a un hogar tipo.

El resto de los trabajadores no docentes se ubicaba por debajo de ese umbral.

En relación con la línea de indigencia, la situación es aún más restrictiva: únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos lograban superarla, mientras que todos los cargos docentes con dedicación simple quedaban por debajo.

Dos caminos posibles

La ley aprobada por el Congreso contemplaba una recomposición salarial mínima del 44 por ciento, que permitiría recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

De haberse aplicado, los salarios de noviembre de 2025 habrían quedado apenas 1,3 por ciento por debajo de los de noviembre de 2023.

El proyecto oficial propone en cambio tres aumentos trimestrales de 4,1 por ciento, es decir 12,3 por ciento en total.

Con una inflación proyectada de 20,3 por ciento hasta septiembre de 2026, el informe concluye que esa recomposición resultaría insuficiente y derivaría en una nueva caída del salario real cercana al 3,4 por ciento hacia fines del período.

DDHH

A 50 años de La Noche de los Lápices: el boleto estudiantil y la Justicia que tardó décadas

Los reclamos que movilizaron a los estudiantes secundarios en 1976 siguen teniendo una dimensión concreta en el presente: acceder a la educación también implica poder llegar a la escuela. Mientras persisten las dificultades para garantizar el boleto estudiantil, la Justicia continúa reconstruyendo los crímenes de la dictadura y recién en 2024 reconoció la violencia sexual sufrida por las adolescentes secuestradas.

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El 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura cívico-militar, las fuerzas represivas secuestraron en La Plata a diez estudiantes secundarios que militaban por el Boleto Estudiantil Secundario (BES). Cuatro fueron liberados y el resto continúa desaparecido. El episodio quedó en la memoria colectiva como La Noche de los Lápices.

A 50 años de aquellos secuestros, el reclamo por el acceso a la educación conserva una dimensión concreta: el costo y las condiciones para llegar a una escuela. En un contexto de crisis económica y aumento de las tarifas del transporte, los centros de estudiantes advierten sobre las dificultades que existen actualmente para acceder y sostener el boleto estudiantil.

Al mismo tiempo, los juicios por los crímenes de lesa humanidad siguen reconstruyendo aspectos de la violencia ejercida contra aquellos jóvenes. En 2024, casi cinco décadas después de los secuestros, un tribunal de La Plata reconoció judicialmente la violencia sexual utilizada contra las estudiantes.

El boleto estudiantil, una conquista que todavía genera reclamos

La gratuidad del transporte para estudiantes tiene distintas modalidades según la jurisdicción. Sin embargo, los centros de estudiantes señalan que las diferencias entre CABA y la Provincia de Buenos Aires, sumadas a la burocracia y a las restricciones del beneficio, pueden convertirse en obstáculos para quienes necesitan trasladarse diariamente para estudiar.

Uno de los problemas señalados aparece en los estudiantes que viven en el conurbano bonaerense y cursan en la Ciudad. Las líneas nacionales, identificadas entre los números 1 y 199, atraviesan distintas jurisdicciones, pero los sistemas de boleto estudiantil no siempre están articulados.

«Nos ha pasado en varias ocasiones que como preuniversitarios nos inhabilitaron la SUBE y tuvimos que ir a activarla sacando turno. Tengo amigas que viven en PBA y cursan en Capital y no se les concede el boleto estudiantil», explicó «Malu», integrante del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires (Cenba).

La dificultad no se limita a un trámite. Cuando el beneficio no alcanza para todo el recorrido, el costo del traslado queda nuevamente a cargo de las familias.

Más de $4.500 diarios para llegar a estudiar

De acuerdo con los valores relevados, el cuadro tarifario bonaerense parte de $1.158,97 para el tramo de 0 a 3 kilómetros y supera los $2.053,54 para recorridos de más de 27 kilómetros.

A esos valores se agregan tramos interurbanos de entre $1.455,58 y $1.746,70, además de combinaciones que pueden quedar fuera de los descuentos.

Según la fuente, un estudiante que viaja desde la Provincia hacia la Capital puede gastar más de $4.500 diarios solamente en transporte.

En ese escenario, la posibilidad de acceder a un boleto gratuito no representa solamente una reducción del gasto familiar, sino una condición que puede incidir en la posibilidad concreta de asistir a clases.

El límite de 50 viajes y los estudiantes que necesitan viajar los sábados

Los centros de estudiantes también cuestionan el límite de 50 viajes mensuales, habilitados para días hábiles.

La cantidad puede resultar insuficiente para quienes deben combinar dos o tres colectivos para llegar a la escuela. También genera dificultades para estudiantes que concurren los sábados a instancias educativas o de evaluación.

Entre los casos de cursada en fin de semana, aparece la Escuela Superior Artística en Artes Visuales «Rogelio Yrurtia», cuyos estudiantes pueden asistir los sábados a los Centros de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares (CATE).

De esta manera, una restricción pensada sobre la base de una determinada rutina escolar puede no contemplar las distintas modalidades de cursada que existen dentro del sistema educativo.

Cinco faltas injustificadas y la suspensión del beneficio

Otra de las cuestiones señaladas por los estudiantes es la vinculación entre la asistencia escolar y la continuidad del boleto estudiantil en la Ciudad.

Las modificaciones implementadas por el Gobierno porteño establecen un límite de cinco faltas injustificadas por bimestre. Al perderse la regularidad, se suspende el beneficio del transporte y también pueden pausarse determinadas becas.

«El GCBA modifica el acceso y nos limita a 5 faltas injustificadas por bimestre. Al perder la regularidad, pausan el boleto estudiantil y cualquier beca familiar. Esto dificulta el acceso a la educación a familias de clase baja», sostuvo Eli Cochero, vocero del Centro de Estudiantes del Yrurtia (CEBARY).

Quiénes acceden al boleto estudiantil

En CABA, el beneficio alcanza a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario de escuelas estatales y de instituciones privadas subvencionadas al 100%, con cuota cero. También comprende a estudiantes de Educación Especial, Centros de Educación Profesional y personas adultas que completan su escolaridad.

En la Provincia de Buenos Aires, el boleto estudiantil alcanza a los niveles obligatorios de instituciones de gestión pública y privada con aporte estatal. También se extiende al Nivel Terciario y Universitario de instituciones públicas que cumplen con los requisitos de regularidad académica y distancia mínima.

Las condiciones, por lo tanto, no son idénticas en ambas jurisdicciones. Para quienes viven en una y estudian en la otra, esa diferencia puede traducirse en mayores dificultades para sostener el traslado cotidiano.

La otra deuda: reconocer toda la violencia sufrida

La historia de La Noche de los Lápices también continúa abierta en los tribunales.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de las 361 sentencias por crímenes de lesa humanidad dictadas desde 2006 hasta marzo de 2026, solo el 17% reconoció violencia sexual.

En el caso de las estudiantes secuestradas en La Plata, el reconocimiento llegó en 2024, después de tres años y cinco meses de audiencias en el juicio Brigadas.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata declaró culpables a los diez represores que llegaron a juicio por delitos cometidos contra 605 personas, entre ellos por «abuso sexual con acceso carnal».

La sentencia permitió incorporar judicialmente una dimensión de la violencia represiva que durante décadas permaneció fuera de las condenas.

Los testimonios que permitieron reconstruir los abusos

Uno de los testimonios centrales fue el de Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices.

Durante el Juicio a las Juntas de 1985, Díaz declaró que había visto cómo guardias manoseaban a María Clara Ciocchini, de 18 años, en el Pozo de Banfield. También relató que María Claudia Falcone, de 16 años, le había contado que había sido violada.

Ambas permanecen desaparecidas. Décadas después, los hechos fueron reconocidos en el juicio Brigadas.

Por qué la violencia sexual tardó décadas en llegar a las condenas

La fiscal Ana Oberlin explicó que uno de los obstáculos estuvo relacionado con la etapa de instrucción de las causas.

Cuando la violencia sexual no era incorporada durante la investigación inicial, su inclusión en el juicio oral podía resultar difícil. En La Plata, explicó Oberlin, comenzó a admitirse una ampliación durante el debate cuando la víctima ya llegaba al juicio por otros delitos, como tormentos u homicidios.

«Antes, esos delitos, como no habían sido imputados en la etapa de la instrucción, cuando se llegaba al juicio oral no se los podía incluir. Pero en La Plata, ya desde hace un tiempo, cuando el caso de la persona violada o abusada llegó a juicio oral por tormentos, homicidios u otros delitos se hace una ampliación en el debate oral, se acepta y logramos que se condene», explicó la fiscal.

El fallo Martel y la perspectiva de género

Otro antecedente señalado por la fiscal fue el fallo «Martel, Osvaldo Benito y otros», de 2022, de la Corte Suprema.

La discusión judicial durante años estuvo relacionada con la posibilidad de responsabilizar penalmente no solo a quienes ejecutaban directamente la violencia sexual, sino también a quienes realizaban otros aportes a la comisión del delito.

La Corte estableció que no era necesaria la intervención directa para considerar la participación en esos hechos.

Además, los jueces sostuvieron que el Estado argentino tiene el deber de investigar y sancionar las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y señalaron la necesidad de juzgar estos hechos con perspectiva de género, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en la Convención de Belém do Pará.

A 50 años, una lucha que sigue presente

La Noche de los Lápices quedó asociada para siempre a una generación de estudiantes que reclamaba algo tan concreto como poder trasladarse hasta la escuela sin que el costo del boleto fuera una barrera.

Medio siglo después, ese derecho continúa atravesado por las condiciones económicas, las diferencias entre jurisdicciones, los límites de viajes y los requisitos de regularidad.

En paralelo, la Justicia todavía avanza sobre aspectos de aquellos crímenes que durante décadas no fueron reconocidos en las sentencias. La incorporación de la violencia sexual a las condenas permitió ampliar la reconstrucción de lo ocurrido con las estudiantes secuestradas.

El reclamo por el boleto estudiantil y la búsqueda de verdad y justicia forman parte, desde distintas dimensiones, de una misma memoria: la de una generación de jóvenes que convirtió el derecho a estudiar en una bandera y que fue perseguida por hacerlo.

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