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★ El Gobierno nacional presentó uno de los proyectos más ambiciosos y polémicos del llamado Consejo de Mayo: la «Ley de Libertad Educativa», que busca modificar de raíz el sistema educativo argentino en todos sus niveles. La iniciativa, que será tratada en el Congreso a partir de marzo de 2026, plantea un cambio de paradigma basado en la «autonomía pedagógica» de las instituciones y el «rol preferente de las familias» para elegir el proyecto educativo de sus hijos.

Según el texto oficial del proyecto, la reforma propone consagrar la libertad académica y pedagógica de cada institución para definir su plan de estudios y la orientación de los contenidos como pilar del nuevo sistema educativo básico. Si bien ratifica la gratuidad de la educación estatal en todos los niveles, el proyecto eliminó toda mención al carácter laico de la enseñanza pública, un principio rector desde la época de Domingo Faustino Sarmiento. Esta omisión ya generó suspicacias en la comunidad educativa y desencadenó el temor de que se pueda impartir educación religiosa en instituciones de gestión estatal.

El Estado como garante «subsidiario»

La iniciativa oficial reafirma el «rol preferente de la familia como agente natural y primario que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos menores conforme a su identidad cultural y convicciones». En contrapartida, declara la «subsidiariedad del Estado, que actúa como garante del derecho a aprender y enseñar, asegurando acceso, validez, sin sustituir la responsabilidad individual, familiar ni la iniciativa social».

Para las instituciones educativas privadas, el texto reafirma su «derecho a seleccionar, contratar, promover y remover a su personal docente y no docente conforme a su ideario y proyecto educativo, respetando la legislación laboral aplicable».

Educación en casa y modalidades virtuales

Una de las novedades más controvertidas es la habilitación de «formas alternativas de enseñanza». El proyecto incorpora la educación en el hogar, «dirigida por los responsables parentales o tutores de estudiantes en edad de escolarización obligatoria, impartida por ellos mismos o por personas por ellos designadas». También autoriza la «educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje o Sistemas Digitales Integrales» en modalidad virtual o híbrida.

La validez de estas modalidades alternativas, según especifica el proyecto, «se garantiza mediante la acreditación de los contenidos mínimos comunes» a través de «evaluaciones estandarizadas, cuyo formato será definido por la autoridad nacional de aplicación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación».

Examen nacional al finalizar la secundaria

Otro eje central de la reforma es la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación individual voluntaria que se implementará anualmente para los estudiantes que finalizan la Educación Secundaria en cualquier modalidad. El examen contendrá materias como Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades.

Según el proyecto, estos exámenes persiguen varios objetivos: proporcionar un parámetro sobre el nivel alcanzado por los estudiantes al concluir los estudios obligatorios, brindar herramientas para la selección de estudiantes por parte de las instituciones de Educación Superior, e identificar y apoyar a los graduados destacados de niveles socioeconómicos bajos que pretendan continuar estudios superiores. Los egresados también podrán rendir este examen en instancias posteriores a la finalización de la Educación Secundaria.

Cambios en el ingreso universitario y régimen de regularidad

Para iniciar estudios de Educación Superior, la reforma establece que los estudiantes deben haber concluido previamente el ciclo secundario de forma completa. Actualmente, un alumno de escuela media que adeuda materias puede inscribirse en la universidad como alumno «condicional», con un plazo determinado para regularizar el título secundario. Con el cambio propuesto, muchos alumnos retrasarán su ingreso a los estudios superiores.

Además, las instituciones que incluyan «cursos, trayectos o procesos de nivelación» deberán «ofrecer un examen de ingreso directo que permita al aspirante ingresar sin la obligación de cumplir con tales instancias». Esto permitiría, por ejemplo, que estudiantes esquiven la cursada de las materias del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires y rindan directamente un examen de ingreso para iniciar más rápidamente la cursada de las materias propias de la carrera elegida.

Otro aspecto conflictivo es que se exige a las instituciones de educación superior definir un «régimen de regularidad en los estudios estableciendo el rendimiento académico mínimo exigible, debiendo preverse en todos los casos que los alumnos aprueben por lo menos dos (2) materias por año». Actualmente, no existen prácticamente exigencias para mantener el certificado de alumno regular en una universidad pública nacional.

Esta modificación apunta oficialmente a combatir los altos índices de deserción, pero los detractores de la propuesta advierten que podría conseguirse el efecto inverso: muchos estudiantes que no alcancen ese rendimiento mínimo quedarían afuera del sistema, reduciendo la matrícula y, en consecuencia, el presupuesto necesario para el sostenimiento de cada universidad. Para la oposición, ese es el verdadero objetivo encubierto del Gobierno.

Auditorías y nuevo modelo de financiamiento

En sintonía con este propósito de control del gasto, la normativa busca reforzar los mecanismos de auditorías en universidades, un tema que generó intensas controversias durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei. El proyecto establece que «el control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia concurrente de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, y el Ministerio de Capital Humano». Todas las instituciones deberán además generar «mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos».

El financiamiento de las instituciones de educación superior seguirá una nueva fórmula de distribución: un 75% del aporte del Estado Nacional se asignará según el número de estudiantes en cada institución, un 20% se repartirá ponderando «criterios de desempeño, tales como el número de egresados, la calidad e impacto de la producción científica generada por cada institución y el alcance y calidad de la extensión universitaria», y el 5% restante «se asigna a través de programas específicos orientados a la mejora institucional, destinados a promover prioridades estratégicas definidas por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano».

Formación docente: cuatro años y carrera condicionada

El proyecto define que la formación docente tendrá una duración de cuatro años e incluirá prácticas profesionales. Estará dividida en dos dimensiones: la «formación básica común, centrada en los fundamentos de la profesión y en la comprensión de la realidad educativa y pedagógica», y la «formación especializada, orientada a la enseñanza de los contenidos mínimos comunes de la Educación Básica en cada nivel y disciplina».

El texto indica que «la formación continua constituye un derecho y un deber profesional, y es condición para la permanencia y promoción en la carrera docente». Para cumplir con estos objetivos, la normativa crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente como organismo desconcentrado de la autoridad nacional de aplicación.

En cuanto a las modalidades de enseñanza en la Educación Superior, se establece «una estructura organizativa abierta y flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas». Los contenidos podrán dictarse de forma presencial y/o virtual, de manera exclusiva o articulada, asegurando «equivalencia formativa».

Puntos clave:

• El proyecto elimina la mención al carácter laico de la educación pública, generando temor a la incorporación de enseñanza religiosa en escuelas estatales

• Se habilita la educación en el hogar y modalidades virtuales con validación mediante evaluaciones estandarizadas

• Se crea un examen nacional voluntario al finalizar la secundaria (ENES) con materias como Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades

• Las universidades deberán exigir un mínimo de dos materias aprobadas por año para mantener la regularidad, actualmente inexistente

• El financiamiento universitario se condicionará en un 20% a criterios de desempeño como cantidad de egresados y producción científica