Educación
Fracasó la paritaria docente: rechazo a piso salarial de $310 mil
Los gremios docentes estuvieron representados por las cuatro entidades que se encuentran enroladas en la CGT, UDA; Sadop; AMET y CEA y CTERA de la CTA.
En medio de los aumentos de precios de los bienes y servicios de la economía que se aguardan para los meses de marzo y abril en la Argentina los secretarios generales de los gremios y federaciones docentes con representación a nivel nacional, no avalaron la propuesta realizada en la reunión pactada para discutir la paritaria.
El encuentro para estipular el valor del salario mínimo docente que, en rigor, deberá ser discutido en paritarias en cada provincia pero a partir de un piso determinado por ese sueldo mínimo pasó a un cuarto intermedio para el martes 12 de marzo a las 11 horas.
El Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso en el marco de un consenso mayoritario con las provincias, que la oferta del piso salarial es de 310.000 pesos.
Desde la Secretaría de Educación confirmaron los recursos financieros destinados al Fondo Compensador y a los programas de Evaluación e Información Nacional. Sin embargo, no pudo evitarse las críticas de los gremialistas que no estuvieron de acuerdo con la cifra ofrecida por lo que se pasó a un cuarto intermedio luego de un comienzo del ciclo lectivo que incluyó paros y huelgas en varias jurisdicciones del país.
Con respecto a los fondos que comenzaron a liberar para las escuelas desde la órbita nacional. Sonia Alesso, de CTERA, explicó que es un buen gesto pero aún se está lejos de un acuerdo general. “Es una buena noticia que se empiecen a girar los fondos para comedor y copa de leche, para infraestructura escolar y jornada extendida y el fondo compensador. De cualquier manera nos parece central el tema del Fonid. El Gobierno tiene que venir a la próxima reunión del martes 12 con una propuesta que sea mucho mejor a la de hoy que es muy baja y tiene que garantizar el Fonid, porque sin eso no hay discusión en las provincias«.
El FONID o fondo nacional de incentivo docente representa una masa de recursos que la Nación transfiere a las provincias para mejorar los salarios de los docentes y que el gobierno anunció que no prorrogará. Fue creado en 1998 y su vigencia se prorrogó año tras año a través de leyes y decretos y constituye la principal preocupación de los cinco gremios docentes nacionales.
Los gremios docentes estuvieron representados por las cuatro entidades que se encuentran enroladas en la CGT, UDA; Sadop; AMET y CEA y CTERA de la CTA.
La UDA, Unión de Docentes Argentinos, es conducida por Sergio Romero que en 2023 accedió a cuatro años más en el puesto de representación gremial de un sindicato que, sólo en la provincia de Buenos Aires, cuenta con más de 25.000 afiliados que dan clases en todos los niveles, modalidades y gestiones del sistema educativo.
Sadop, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, agrupa y representa a todo el personal que reviste en actividad o jubilado, que ejerza o haya ejercido en Institutos, academias, colegios, establecimientos privados y es dirigido por la secretaria gremial, Luz Marina Jaureguiberry y cuenta con cerca de 70.000 afiliados en todo el país.
AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, conducido por Sara del Carmen García, tiene representación en todo el país con 21 oficinas regionales. Algunas de ellas no se han adherido a la medida de fuerza promovida desde la central nacional.
CEA, Confederación de la Educación Argentina, con más de 100.000 afiliados, es una entidad de segundo grado, o sea, es una federación que afilia a sindicatos docentes pertenecientes a las 24 jurisdicciones que conforman el país y es conducida por Sonia Alesso, la dirigente sindical que anunció el paro del lunes 26 de febrero.
Y CTERA, una organización gremial de segundo grado, que lleva la denominación de Confederación por cuestiones históricas, ya que en sus inicios estuvo conformada por sindicatos, provinciales, de rama, de modalidad. La zona de actuación es todo el territorio nacional. Representa a más de 240.000 afiliados a los sindicatos confederados.
CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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