Educación
Otra vez contra la escuela pública: una cautelar busca impedir el recorte a la Educación Técnica
La presentación judicial alerta que sin financiamiento sostenido el derecho a la educación se vuelve una ficción. El artículo 30 del Presupuesto 2026 podría dejar a miles de estudiantes sin continuidad educativa.
La educación pública volvió a quedar en el centro del conflicto institucional. Es que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026, promulgada el pasado 2 de enero, elimina el piso de financiamiento de la Educación Técnico Profesional y la equidad en su distribución, algo que no tenía antecedentes desde la sanción de la Ley 26.058, hace casi dos décadas.
Frente a este escenario, se presentó una medida cautelar ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires para frenar lo que se considera un desfinanciamiento deliberado de la ETP.
El planteo no sólo cuestiona la regresión presupuestaria sino que apunta al corazón del andamiaje jurídico que sostiene a la educación pública como derecho social.
🧨 Un artículo que intenta derogar derechos fundamentales
El cuestionamiento central es claro: una ley de presupuesto no puede derogar normas estructurales. Mucho menos cuando esas normas garantizan derechos constitucionales.
Las leyes afectadas incluyen:
la Ley de Educación Nacional
la Ley de Educación Técnico Profesional
la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
El presupuesto tiene carácter anual y meramente operativo. No puede usarse para desmantelar políticas de Estado ni para borrar garantías legales que expresan mandatos constitucionales.
Lo contrario, advierten, configura un desvío de poder.
📚 El derecho a la educación no es una formalidad
La presentación judicial señala que el artículo 30 viola el derecho a la educación consagrado en:
artículo 14 de la Constitución
artículo 75 incisos 19 y 22
la Convención sobre los Derechos del Niño
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
⛔ Progresividad: lo que la Constitución no permite retroceder
La Argentina está obligada por tratados internacionales a no reducir deliberadamente derechos sociales. El principio de progresividad establece que:
✔ los derechos pueden ampliarse
✖ pero no pueden achicarse sin una justificación estrictamente excepcional
Nada de eso ocurre acá.
El recorte:
es deliberado
es estructural
no es temporario
no responde a una crisis imprevisible
En palabras del amparo: es una regresión pura y dura.
⚠️ Una medida que agranda la desigualdad
La Constitución exige razonabilidad y equidad. Pero el artículo 30 hace todo lo contrario.
Porque cuando se desmantela la educación técnica:
quienes pueden, pagan una escuela privada quienes no, quedan afuera
La educación pública deja de ser igualadora. Pasa a clasificar por ingresos.
Y eso, marcan, es inconstitucional.
⏳ Un derecho en desarrollo que no puede “pausarse”
📉 El ajuste ya está en marcha: 93% de recorte
El contexto termina de completar el cuadro.
Entre 2023 y 2026:
el presupuesto real de Educación Técnica cayó 93% la ley de ETP exigía un piso del 0,2% del presupuesto total en vez de 322 mil millones, se asignaron apenas 11 mil millones
Para los impulsores de la cautelar, la discusión es mucho más profunda:
“A Javier Milei y su Gabinete no les interesa tener un país con producción nacional, y por esto mismo tampoco tienen interés en tener un país con técnicos profesionales.”
La educación técnica forma:
trabajadores calificados
investigadores
cuadros industriales
profesionales estratégicos
Educación
La UBA tomó Plaza de Mayo contra el ajuste y las causas por corrupción del Gobierno de Milei
La Asociación Gremial Docente reclamó en la plaza central del país la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno lleva 169 días incumpliendo pese a haber sido votada por el Congreso y avalada por la Justicia. Los salarios docentes perdieron un 35% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) llevó este viernes sus clases al corazón del país: con una feria de ciencias en Plaza de Mayo y clases públicas frente a la Casa Rosada, los docentes universitarios reclamaron al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada el 21 de octubre de 2025 y que el Ejecutivo lleva 169 días incumpliendo.
Ilegalidad con fallo judicial incluido
La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, resumió la situación con dureza: «Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la ley, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula más de 160 días de incumplimiento. La docencia trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo», declaró la dirigente a la agencia Noticias Argentinas.
La norma, que ordena un aumento salarial del 50% equivalente a la brecha entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023, fue votada al menos cuatro veces por el Congreso Nacional, incluyendo dos instancias para ratificar el rechazo al veto presidencial. La Cámara Contencioso Administrativo Federal también falló a favor de su aplicación.
De la casa de Adorni a Casa Rosada
La convocatoria de AGD-UBA definió el recorrido con una consigna que resume el estado del conflicto: de la casa del vocero presidencial Manuel Adorni a la Casa Rosada. Las actividades se extendieron entre las 10 y las 17 e incluyeron clases abiertas de diversas disciplinas y una feria de ciencias junto a docentes e investigadores de ATE Conicet.
En paralelo, los docentes mantienen cese de actividades en cada unidad académica durante toda la semana, con foco especial en el Ciclo Básico Común (CBC).
Una ley resistida desde el principio
El conflicto por el financiamiento universitario lleva más de un año de disputa institucional. Milei vetó la ley el 10 de septiembre de 2025 mediante el Decreto 651/2025. El Congreso respondió con contundencia: Diputados rechazó el veto el 17 de septiembre con 174 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones; el Senado hizo lo propio el 2 de octubre con los dos tercios necesarios para revertirlo, lo que obligaba al Ejecutivo a promulgar la norma.
A pesar de ese respaldo parlamentario y judicial, el Gobierno de La Libertad Avanza mantiene su negativa a aplicarla, en lo que los propios docentes califican como desobediencia institucional.
Puntos clave
- AGD-UBA realizó clases públicas y feria de ciencias en Plaza de Mayo el viernes 10 de abril
- El Gobierno acumula 169 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
- Los salarios docentes perdieron un 35% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023
- La ley fue votada al menos cuatro veces por el Congreso y avalada por la Justicia federal
- Los docentes mantienen cese de actividades en todas las unidades académicas, con foco en el CBC
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