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Karina blindó a Adorni en el Malbrán: crece la causa

En medio del avance judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una visita al Instituto Malbrán junto al jefe de Gabinete y al ministro de Salud Mario Lugones. Las prestamistas que lo financiaron declararon en Comodoro Py: Adorni aún les debe 70.000 dólares.

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El Argentino Diario-Lugones-Karina Milei- Adorni.

En plena tormenta judicial, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, volvió a mostrar respaldo público al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: ambos encabezaron este lunes una visita a la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica del Instituto Malbrán (ANLIS), a la que sumaron al ministro de Salud, Mario Lugones. La movida política llegó el mismo día en que las mujeres que financiaron la compra del departamento de Caballito del funcionario declararon ante la Justicia federal.

La visita al Malbrán como señal política

El acto oficial tuvo como escenario el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina, que funciona en el Instituto Malbrán y posiciona a la Argentina como referente regional en materia sanitaria. También participaron de la recorrida el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la directora de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; y representantes de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La inclusión de Lugones en la actividad también llama la atención, dado que el ministro de Salud atraviesa un conflicto propio por la falta de pagos del PAMI a sus prestadores, una crisis que afecta la atención de miles de jubilados en todo el país.

Las prestamistas declararon: 70 mil dólares todavía en deuda

En simultáneo con el acto oficial, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio prestaron declaración testimonial ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en Comodoro Py, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre Adorni. Las mujeres aparecen en el expediente como acreedoras directas del funcionario: le otorgaron una hipoteca no bancaria por 100.000 dólares (85.000 de parte de Molina de Cancio y 15.000 de Cancio) para que adquiriera un departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito, valuado en 230.000 dólares. En sus testimonios, ambas coincidieron en que Adorni aún les debe 70.000 dólares de esa deuda.

El fiscal analiza, además, si el precio de venta del inmueble está por debajo de los valores reales de mercado, un mecanismo frecuentemente utilizado para justificar descalces patrimoniales. La compra del departamento se concretó el mismo día en que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, adquirió una propiedad en el country Indio Cuá, en el partido de Exaltación de la Cruz: la coincidencia de fechas es otro de los elementos bajo la lupa del Ministerio Público Fiscal.

La cadena de testigos y el expediente

La semana previa, la Justicia también tomó testimonio vía Zoom al exfutbolista Hugo Morales, identificado como el dueño original del departamento de Caballito antes de que el inmueble pasara a manos de las prestamistas. Por su parte, la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la certificación de ambas operaciones, negó ante la Justicia la existencia de préstamos en efectivo y calificó las transacciones como operaciones normales, dentro de un marco de compraventa financiada en cuotas entre particulares. Sin embargo, el fiscal mantiene activa la línea de investigación sobre el origen de los fondos.

Como informó este medio en coberturas anteriores, la ex vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico, señaló que la propia escribana habría admitido no conocer el origen de los fondos de su cliente, una declaración que Talerico consideró equivalente a una «confesión de incumplimiento», dado que los escribanos son sujetos obligados ante la UIF. La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, con el secreto bancario y fiscal de Adorni levantado desde enero de 2022 y allanamientos ya ejecutados en tres sedes de Rucci Propiedades.

Puntos clave

  • Karina Milei respaldó a Adorni en una visita al Malbrán junto al ministro Lugones, en medio del avance judicial.
  • Las prestamistas Molina de Cancio y Cancio declararon en Comodoro Py: Adorni aún les debe 70.000 dólares de los 100.000 prestados.
  • El fiscal investiga si el departamento de Caballito fue valuado por debajo del precio de mercado; la compra coincidió con la de otra propiedad por la esposa del funcionario.
  • Lugones participó de la visita pese a la crisis del PAMI por falta de pagos a prestadores.
  • La causa la llevan el juez Lijo y el fiscal Pollicita, con secreto bancario levantado desde enero de 2022 y allanamientos ejecutados.

Gremiales

Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes

La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.

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920 puestos de trabajo, siete meses de resistencia y un fallo que el sindicato llama "disparate jurídico".

Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.

«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA

El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.

El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.

Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal

El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.

El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.

La CGT y el reclamo de paro general activo

El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.

El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.

Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.

Lo que tenés que saber

  • La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
  • El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
  • 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
  • El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
  • Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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