El festival de créditos VIP del Banco Nación llegó a Comodoro Py

★ El escándalo por los créditos hipotecarios VIP del Banco de la Nación Argentina (BNA) a operadores de La Libertad Avanza (LLA) dio un salto cualitativo: según pudo confirmar este medio, todo indica que el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, se quedarán con la acumulación de las tres denuncias penales radicadas hasta el momento por este escándalo. Si la concentración se confirma, la causa quedará en las mismas manos que llevan adelante la investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que convierte a esa mesa judicial en el epicentro de los principales casos de corrupción que cercan al Gobierno de Javier Milei.

Como informó El Argentino Diario en su cobertura del 1°, el 3 y el 6 de abril, el escándalo estalló cuando trascendió que un nutrido grupo de funcionarios, legisladores y allegados al oficialismo recibió préstamos del BNA por montos que en conjunto superan los 1.500 millones de pesos. Frente a la tormenta, la conducción del banco salió a respaldar las operaciones: el presidente Darío Wasserman y el gerente zonal Mario Zagaglia negaron «tratos preferenciales» e insistieron con que los créditos siguieron «procesos de aprobación estandarizados», una defensa que la oposición rechazó de plano y que la Justicia deberá ahora evaluar.

Los acusados y las figuras penales

La nómina de presuntos beneficiarios de este esquema que ya enfrentan señalamientos penales incluye a figuras de peso del organigrama oficial. Federico Furiase, secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía Luis Caputo, habría accedido a 367 millones de pesos. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y también asesor de Caputo, obtuvo 475 millones de pesos, el monto más alto identificado hasta ahora entre los beneficiarios.

A esos nombres se suma un dato que encendió alarmas adicionales: Federico Sharif Menem, hijo del exdiputado y presidente de la Cámara Baja, Eduardo «Lule» Menem, habría accedido a uno de estos préstamos a los 24 años, en su carácter de asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados. La figura de un joven asesor con acceso a créditos millonarios de la banca pública, en el contexto del poder institucional que ejerce su padre, es uno de los puntos que con mayor fuerza apunta al presunto tráfico de influencias.

Completan la lista los diputados Alejandro Bongiovanni (255 millones de pesos), Santiago Santurio (340 millones), Mariano Campero (322 millones) y Lorena Villaverde (225 millones), junto al director de Comunicación Digital y responsable de la Oficina de Respuesta Oficial de la presidencia, Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como @juandoe (112 millones de pesos).

Según la información disponible, las figuras penales que pesan sobre estos acusados abarcan el tráfico de influencias, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y la defraudación a la administración pública.

La pelea por la competencia y la concentración en Lijo

La definición de qué juzgado se queda con las causas no es un detalle menor. Las denuncias se presentaron en distintos juzgados federales y la competencia todavía se estaba definiendo al cierre de esta edición. Sin embargo, según fuentes judiciales consultadas por este medio, todo indica que Lijo acumulará las tres demandas. La lógica procesal que habilitaría esa concentración es la conexidad entre las causas: los mismos sujetos, el mismo banco y el mismo período de tiempo.

Lo que hace aún más significativa la eventual acumulación en ese tribunal es el contexto más amplio. El juzgado de Lijo y la fiscalía de Pollicita son, al mismo tiempo, los que llevan la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Ese expediente, que este medio cubrió en profundidad el 4 de abril, investiga un entramado de hipotecas inusuales, vuelos privados pagados por terceros y omisiones en las declaraciones juradas del actual jefe de Gabinete. En esa causa, la escribana Adriana Nechevenko, clave en las operaciones inmobiliarias de Adorni, fue citada a declarar ante Pollicita. El juez Lijo dictó además una prohibición de contacto entre el periodista Marcelo Grandio y una testigo clave que denunció haber sido hostigada.

Si la concentración de las causas del Banco Nación se confirma, Lijo y Pollicita pasarán a tener bajo su órbita simultáneamente los dos escándalos de corrupción más resonantes que involucran al corazón del Gobierno libertario.

El mismo banco que Milei quiso privatizar

La ironía política es difícil de ignorar. La administración de Milei intentó privatizar el Banco Nación como parte de su programa de desguace del Estado. Sin embargo, cuando se trata de acceder a préstamos hipotecarios a tasas preferenciales, sus propios funcionarios, legisladores y operadores acudieron sin hesitar a esa misma banca pública. Mientras el discurso oficial promueve el ajuste, el recorte de jubilaciones y la reducción del presupuesto universitario, la estructura del BNA fue utilizada, según la denuncia, para resolver las necesidades habitacionales de una elite política con montos absolutamente inaccesibles para el conjunto de los trabajadores argentinos.

El diputado opositor Esteban Paulón presentó pedidos de informes ante el BNA, el Banco Central y el Poder Ejecutivo para determinar si el directorio del banco, conducido en su momento por Daniel Tillard, dictó resoluciones excepcionales para aprobar carpetas con dictámenes técnicos desfavorables en las áreas de riesgo. Hasta el momento, esa pregunta no tuvo respuesta.

Puntos clave

• Según fuentes judiciales consultadas por este medio, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita están en condiciones de acumular las tres denuncias penales por los créditos VIP del Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.
• Entre los principales acusados figuran Federico Furiase (367 millones de pesos), Felipe Núñez (475 millones), Federico Sharif Menem (asesor de la presidencia de la Cámara, 24 años), Alejandro Bongiovanni (255 millones), Santiago Santurio (340 millones), Mariano Campero (322 millones), Lorena Villaverde (225 millones) y Juan Pablo Carreira (112 millones).
• Las figuras penales en juego son tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y defraudación a la administración pública.
• La dupla Lijo-Pollicita es la misma que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por propiedades no declaradas y viajes pagados por terceros.
• La competencia entre juzgados todavía no quedó formalmente definida al cierre de esta edición.