La jueza Silvina Domínguez se jubilará y dejará su cargo como subrogante del Juzgado Federal de Bariloche donde tramita el expediente por la excursión a la mansión de Joe Lewis de jueces, fiscales, funcionarios porteños, directivos del grupo Clarín y exservicios de inteligencia.

Al finalizar la feria del mes de enero, la magistrada se acogerá a su beneficio jubilatorio, según informó a la Cámara Federal de General Roca, revelaron fuentes judiciales.

En su lugar, el tribunal de apelaciones designará a partir del 2 de febrero al titular del Juzgado Federal N°2 de Neuquén, Gustavo Villanueva, quien ya subrogó el juzgado de Bariloche desde mediados de 2016 hasta 2018.

La salida de Domínguez no será el único escollo que sufrirá el expediente por el viaje del autodenominado grupo «Los huemules» a Lago Escondido: en las próximas semanas la fiscal federal María Cándida Etchepare tomará una licencia por maternidad, lo que obligará al Ministerio Público Fiscal a efectuar una designación temporal.

Ambos movimientos implicarán una demora en la adopción de medidas procesales debido al tiempo que lleve a los nuevos funcionarios tomar conocimiento del estado del expediente.

La causa 17.869/2022 por el viaje a la estancia del magnate británico está caratulada como a «Ercolini, Julián y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público, aceptación de dádivas».

Se intenta determinar si, como surge de la denuncia inicial realizada el 24 de octubre por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y como se desprende del pedido de imputación firmada por la fiscal Etchepare, el vuelo y el alojamiento de los funcionarios judiciales y políticos de CABA fue financiado por el Grupo Clarín.

El viaje se realizó el 13 de octubre, mientras que el diario Página/12 dio cuenta de ello el día 17 de ese mes en el artículo que desencadenó la denuncia posterior.

El expediente tiene como imputados al Juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al Ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.

También están imputados Leonardo Bergroth, ex integrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.

Durante los primeros 40 días a partir de la denuncia, las medidas adoptadas por la fiscal se limitaron a la toma de declaración testimonial al administrador de la estancia Lago Escondido, Nicolás Van Ditmar; a la recepción de las facturas presentadas por ese empresario para intentar justificar el supuesto pago del alojamiento por parte de los huéspedes, y de igual manera incorporó al expediente las facturas aportadas por la empresa aérea Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A. -cuyo nombre de fantasía es Flyzar-, que estuvo a cargo del traslado de los viajeros desde el aeródromo de San Fernando hasta Bariloche.

El 4 de diciembre -40 días después de presentada la denuncia- el diario Tiempo Argentino y el portal de Internet El Cohete a la luna, publicaron las conversaciones entre los «Los huemules», surgidas de la filtración de dos grupos de chat de Telegram.

A partir de ese momento, Etchepare y Domínguez aceleraron la adopción de medidas de prueba, y el pasado 12 de diciembre concretaron el allanamiento del establecimiento Lago Escondido y los hangares y oficias de la empresa aérea involucrada.

Hasta ahora la fiscal y la jueza no avanzaron con el pedido del abogado denunciante de llamar a indagatoria a los involucrados, secuestrarles los teléfonos celulares y proceder a la detención de algunos de ellos -los que no tienen fueron como jueces, fiscales o funcionarios- para evitar interferencias en la investigación.

De hecho, el abogado que presentó la denuncia no fue admitido por la jueza como querellante en la causa. Igual suerte corrió el Ministerio de Justicia que conduce Martín Soria, que a instrucción del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, denunció penalmente a «Los huemules».

La denuncia del Ministerio pide que se investigue la posible comisión del delito de «ofrecimiento de dádivas» a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín, a Nicolás Van Ditmar, Leonardo Bergroth, y Tomás Reinke; y que se analice si los jueces, fiscales y funcionarios de CABA pudieron haber incurrido en el delito de «cohecho agravado» y «tráfico de influencias agravado».

Hasta ahora no se informó desde el Ministerio Público Fiscal si se producirá una designación ante la licencia de la fiscal Etchepare, quien subroga la Fiscalía Federal de Bariloche.

En tanto, la Cámara Federal de General Roca ya decidió la designación como subrogante en el Juzgado Federal de Bariloche del Juez Gustavo Villanueva.

Durante su gestión al frente del mismo juzgado, Villanueva ordenó el desalojo de la comunidad mapuche de Villa Mascardi, operativo que concluyó con el asesinato del joven Rafael Nahuel a manos de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.