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La Cámara Electoral confirmó que hubo aportantes «truchos» durante la campaña de Vidal

La Justicia comprobó que en 2017 el entonces gobierno provincial inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que la coalición realizó en la provincia de Buenos Aires.

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La Cámara Nacional Electoral confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) desarrolló en territorio bonaerense para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito.

En un fallo, el máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio y dispuso que se tramiten «las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional».

Además, la Cámara Nacional Electoral ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.

Al resolver los recursos presentados por la alianza Cambiemos, la Cámara concluyó que “los apelantes no aportan argumentos válidos que permitan enervar las razones en las que el a quo fundó su resolución, luego de llevar adelante las medidas conducentes a fin de investigar las irregularidades detectadas (…) quedando subsistentes los defectos destacados, los que impiden de esta manera conocer el origen y destino de los fondos de campaña”.

El fallo de Ramos Padilla

En febrero de 2022, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.

En esa causa, la Justicia investiga si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.

El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.

Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.

En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña «no coincidía» con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.

A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, «los DNI no se correspondían».

«Además, el magistrado consignó que la auditoría realizó un entrecruzamiento de datos con la base de monotributistas de AFIP, en el cual se expuso un listado de 179 aportantes cuyas contribuciones superaban el 30% de sus facturaciones mensuales», añadió.

También se detectó que 40 aportantes «podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos».

Paralelamente, se detectaron 209 personas «que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses» y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La Justicia Electoral también tuvo en cuenta que «muchas de las personas declaradas en el informe» de Cambiemos «rechazan haber realizado el aporte informado».

Sumado a ello, se objetó que la coalición no haya informado gastos en honorarios de asesores, «como el señor Jaime Durán Barba, quien según fuentes periodísticas (…) cobra entre 300 y 400 mil dólares por campaña».

Así, el magistrado rechazó la rendición de gastos porque Cambiemos «no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral», y pidió que se extraigan testimonios para que se investigue penalmente el caso.

La causa «aportantes truchos»

La denominada causa de los «aportantes truchos» fue uno de los más resonantes escándalos políticos durante las gestiones del expresidente Mauricio Macri y Vidal, quien por entonces además de gobernadora era la presidenta del PRO en territorio bonaerense.

Si bien en un primer momento la entonces gobernadora intentó esquivar las acusaciones y adjudicarlas a sectores kirchneristas, luego asumió la gravedad de la denuncia y desplazó por las repercusiones del caso a la entonces secretaria de Legal y Técnica de su gobierno, María Fernanda Inza, quien como tesorera del PRO era la encargada de manejar las cuentas del partido durante la campaña de 2017.

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Los Adorni en la Justicia: imputan al hermano del jefe de Gabinete por duplicar su patrimonio en tiempo récord

La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial. Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.

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La familia Adorni bajo la lupa: imputan al hermano del jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito

★ El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó a Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa, radicada en el Juzgado Federal N° 6 por sorteo, se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. El apellido Adorni se multiplica en los pasillos de Comodoro Py.

El expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien subrogó el Juzgado Federal N° 6 y delegó la investigación en el fiscal Marijuán. La denuncia de Pagano apuntó a presuntas inconsistencias patrimoniales en las declaraciones juradas de Francisco Adorni, quien llegó al Estado nacional directamente de la mano de su hermano Manuel, primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego promovido, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

La Jeep Renegade y el crédito hipotecario: los números que no cierran

Al momento de asumir funciones públicas, Francisco Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio que incluía el 50% de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000, el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5.000.000 y ninguna deuda. Sin embargo, en su declaración jurada correspondiente a 2025 informó un patrimonio neto de $80.500.000, más del doble respecto al período anterior.

Según consta en la causa, ese crecimiento patrimonial se explicaría, en lo fundamental, por dos operaciones: la incorporación del 50% de una camioneta Jeep Renegade 2020 valuada en $8.000.000 y, sobre todo, la cancelación en apenas doce meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por aproximadamente $60.000.000. Pagano sostuvo en su denuncia que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, el sueldo de Francisco Adorni resultaría claramente insuficiente para afrontar el pago total de las doce cuotas del préstamo en ese plazo.

El IAF: el segundo eje de la denuncia

Además del crecimiento patrimonial, la denuncia de Pagano abre un segundo frente de mayor gravedad institucional: el presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo la órbita directa de Francisco Adorni y que administra recursos del sistema de retiros y pensiones militares. Ese tramo de la causa vincula el enriquecimiento del legislador con su paso por una estructura estatal que maneja fondos de sectores sensibles de las Fuerzas Armadas.

La batería de medidas judiciales: más de 30 organismos notificados

En un dictamen de 19 páginas, el fiscal Marijuán ordenó una serie extensa de medidas de investigación. Dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y cursó requerimientos de información a más de 30 organismos públicos y privados, entre ellos: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Dirección Nacional de Migraciones.

A Migraciones se le solicitó informar cuántas veces salió del país el imputado, con qué destinos y, en caso de cruces terrestres, la identidad de sus acompañantes. El fiscal también pidió al Banco Provincia que remita el detalle pormenorizado de los pagos realizados para cancelar el crédito hipotecario durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Asimismo, Marijuán solicitó al fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa contra Manuel Adorni, una certificación para determinar si Francisco está mencionado en ese expediente paralelo y en qué carácter.

El contexto: Manuel Adorni ya tiene su propio proceso judicial

La imputación de Francisco no es un episodio aislado. Su hermano, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, enfrenta desde hace meses una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En esa investigación, según informes periodísticos previos, se reconstruye un esquema de gastos mensuales de entre 18.000 y 20.000 dólares que no guardarían relación con los ingresos declarados por el funcionario.

El patrimonio investigado en ese expediente ya supera los 840.000 dólares e incluye refacciones de lujo en una propiedad en el country Indio Cuá por 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura, una compra inmobiliaria en el barrio de Caballito escriturada por 230.000 dólares con modalidad de pago que generó sospechas y el uso del avión presidencial para traslados privados de su esposa.

En ese marco, la diputada Pagano también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia, al alegar que el funcionario intentó condicionar a testigos antes de sus declaraciones. El fiscal Marijuán aclaró en su dictamen que las menciones a Manuel Adorni contenidas en la nueva denuncia no formarán parte de este expediente, dado que el Jefe de Gabinete ya está sometido a proceso en una causa separada.

El Gobierno de Javier Milei, que llegó al poder enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción y la «casta», deberá dar respuestas sobre cómo su funcionario más mediático y su hermano acumulan frentes judiciales por presunto enriquecimiento ilícito mientras administran recursos del Estado.

Puntos clave

  • El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
  • La causa se abrió a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por inconsistencias en su declaración jurada patrimonial.
  • Francisco Adorni duplicó su patrimonio declarado en un año y canceló un crédito hipotecario de $60.000.000 en solo doce cuotas.
  • La denuncia también apunta al presunto vaciamiento del IAF, organismo que estuvo bajo su conducción.
  • El Jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una causa paralela por enriquecimiento ilícito ante el juez Ariel Lijo.

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