Legislativo
El oficialismo logró dictamen «irregular» para tratar el proyecto ómnibus en Diputados
Denuncian que el dictamen de comisiones emitido durante la madrugada de este miércoles «evidencia múltiples irregularidades». Luego de ser «aprobado», el diputado Ricardo Daives solicitó el escrito y le manifestaron que no estaba.
El oficialismo de la Cámara de Diputados logró esta madrugada, con el respaldo de bloques opositores dialoguistas, emitir un dictamen favorable al proyecto ómnibus, con lo cual esa iniciativa estará habilitada para ser debatida en una sesión maratónica que se realizará este jueves y viernes.
En diálogo con El Argentino algunos legisladores señalaron que el plenario «evidenció múltiples irregularidades». Myriam Bregman denunció «trabas en la difusión pública» y cercenamiento de la transmisión de la audiencia en Diputados TV (DTV).
Bregman también sostuvo que «La Libertad Avanza no tiene los números necesarios para aprobar este mamarracho», en referencia al proyecto ómnibus, y apuntó contra los legisladores «dialoguistas».
Además de las trabas en la difusión pública» y cercenamiento de la transmisión del plenario, el diputado de Santiago del Estero, Ricardo Daives, solicitó el escrito a las 11 y el secretario de la Comisión le manifestó que «no estaba».
Cabe destacar que el plenario se trató en una tensa reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, conducida por los libertarios Guillermo Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y José Luis Espert de Avanza La Libertad.
En una sala colmada de diputados, asesores y periodistas del Anexo de Diputados, los legisladores trataron esta iniciativa que contempla una emergencia pública, privatizaciones, limitaciones a la protesta, aumento en retenciones, blanqueo de capitales y una reforma del Estado.
El oficialismo necesitaba tener mayoría en cada una de las tres comisiones que totalizan 115 miembros, con lo cual necesitaban que 57 diputados firmen algunos de los dictámenes, que finalmente consiguieron.
Bornoroni informó que el dictamen de mayoría cosechó unas 55 firmas de la Libertad Avanza, del Pro, de la UCR, Hacemos Coalición Federal, pero los bloques dialoguistas lo hicieron con disidencia parcial.
La bancada de UXP presentó un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo el proyecto oficial.Las disidencias de los legisladores opositores dialoguistas que totalizaron 34 están centradas en el aumento de las retenciones, el sistema de actualización de jubilados, el financiamiento político, y el mecanismo de las privatizaciones.
Estas diferencias pueden poner en riesgo la aprobación de varios artículos centrales de la ley, en la votación en particular, como en el caso del ajuste de las jubilaciones, o el aumento de las retenciones agropecuarios del trigo, maíz, carne, soja, e industriales.Las iniciativas se aprueban en general pero luego cada articulo debe ser aprobado en la discusión en particular.
Los legisladores de la Coalición Cívica, del socialismo y del Gen, que integran Hacemos, presentaron dictámenes de minoría al rechazar los acuerdos con la Libertad Avanza.La izquierda también presentó su propio despacho contra la iniciativa.
Tras la firma del dictamen, el oficialismo pedirá una sesión especial para debatir desde el jueves el proyecto de ley.»Tenemos que hacer lo que la Argentina necesita, entendemos la necesidad de la aprobación de este dictamen ahora y comenzar un proceso que deje atrás la decadencia en lo que los metió la política y empecemos un proyecto de crecimiento”, dijo, al abrir el debate, el libertario bonaerense Santiago Santurio.
El legislador agregó: «Nosotros no creemos que la política va a ser la solución, creemos que la solución son los ciudadanos. Necesitamos que el Estado nos quite el pie de encima a los argentinos, para que podamos trabajar, para que podamos emprender».
Por su parte, Martín Tetaz, de la UCR, expresó: «Tienen que haber muchas reformas pero debemos discutirlas con la profundad que se requieren».»Tal vez hay formas distintas de expresarlo a lo largo de esta reunión, y en la forma de la firma o acompañamiento distinto del dictamen, pero estamos todos convencidos de apoyar las reformas que necesita el Gobierno al mismo tiempo que mantenemos nuestra posición muy firme en defensa de los jubilados, de los sectores productivos de la Argentina, de la división de poderes y el sistema republicano de Gobierno«, agregó.
Por la Coalición Cívica, dentro del bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López apuntó: «No pudimos dar el debate porque la ley es inabordable en sesiones extraordinarias, por todo lo que propone, y por cosas que no propone y que queremos proponer. (Juan Bautista) Alberdi fue sabio, nos puso el artículo 29 de la Constitución para evitar la suma del poder público».
Por su parte, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó: «Estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosa que un congreso ha hecho a un ejecutivo. Esta ley tiene el impacto de 8 ley Dromi.»»El corazón de este proyecto son las facultades delegadas, y todo lo que sacó Milei, lo va a poder hacer en función de las facultades delegadas.», agregó y señaló que «con esta ley pueden intervenir todo.»
Desde la izquierda, Miriam Bregman dijo que en las últimas horas les entretuvieron haciendo «creer que hay una discusión entre el gobierno nacional y las provincias. Acá lo que se busca es gobernadores cómplices del Gobierno nacional. Acá la perjudicada va a ser la clase trabajadora del país, las niñeces que pierden derechos con esta ley. No hay un debate acá sobre gobernadores que pelean«.
El sindicalista y diputado de Uxp, Sergio Palazzo, dijo que el oficialismo «necesita la oscuridad de la noche para llevar a cabo el robo más grande de la Argentina. Decidieron poner a la Argentina en venta. Reflexionen, ganar una elección no es una patente de impunidad para hacer lo que uno quiera», dijo el gremialista bancario.
En tanto, el radical Lisandro Nieri, dijo que «estamos procurando dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas que demanda para salir de esta tremenda crisis que le tocó al asumir el gobierno del país» y dijo que «afortunadamente se retiraron casi 140 artículos, muchos de los cuales podrán tener un tratamiento en ordinarias».
Por su parte, la diputada de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, dijo que «no vamos a acompañar el dictamen presentado por el oficialismo, el respaldo ciudadano no es un cheque en blanco. Algunos creen en las fuerzas del cielo, nosotros creemos en la política, en el Estado, en las instituciones y en el comportamiento democrático par cumplir con el mandato social que es encontrar la solución a los problemas de los argentinos».
El acuerdo es el corolario de una jornada plagada de reuniones de los bloques opositores dialoguistas que mantuvieron encuentros para analizar los diferentes escenarios, donde hasta esta tarde parecía que se inclinaban a presentar un dictamen propio que luego se desactivó con el consenso logrado con el oficialismo.
El acuerdo entre el Gobierno y la oposición se destrabó tras las conversaciones emprendidas entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien propuso seis puntos de reforma al proyecto oficialista en nombre de la decena de gobernadores.
En el caso de la suba de retenciones agropecuarias e industriales, la discusión se producirá cuando se revise en particular ese capítulo del dictamen de más de 500 artículos.
La Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.
Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y allí se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.
Otro punto acordado con el Gobierno está referido a la paritaria docente y allí se acordó que el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes.
Además, se mantienen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social; y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) que asiste y financia programas de desarrollo.
En el dictamen de mayoría se mantiene el ajuste trimestral a los jubilados en marzo, respetando la fórmula actual, pero con actualización automática por inflación mensual a partir de abril; reduce el plazo de las delegaciones legislativas a un año; y elimina a YPF de la lista de empresas sujetas a privatización, entre otros puntos.
En cuanto a las privatizaciones, se eliminó del listado de empresas sujetas a privatización a la petrolera YPF, en tanto que para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
En cuanto al sistema electoral, «se pasó para la discusión de ordinarias la reforma de las circunscripciones uninominales, las PASO y la actualización de la composición de la Cámara de Diputados».
De todos modos, el capítulo sobre financiamiento electoral se mantuvo en el borrador de dictamen promovido por el oficialismo que tiene objeciones de algunos de los bloques opositores.
El oficialismo mantiene su propuesta para regular la protesta al establecer que se prohíbe el corte del transito y de rutas, y se establece que se deberá pedir autorización para cualquier manifestación mayor de treinta personas e un espacio público, en lugar de cuando se reúnan tres personas como establecía la iniciativa original.
También se sostiene la propuesta de permitir la legitima defensa cuando una persona fuera atacada en un caso de agresión ilegítima.En torno a Bienes Personales, se establece un beneficio para sujetos cumplidores y se modificó el artículo 24, que había sido objetado por la oposición.
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.

El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.

Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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