El diputado nacional Daniel Arroyo acusó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de provocar el colapso del sistema de prestaciones. Lo hizo con fuertes críticas al contraste entre la presunta “dilapidación de fondos” revelada en una causa de corrupción y la negativa del organismo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad o conceder aumentos mínimos a los acompañantes terapéuticos.

Profunda indignación y un sistema al límite

En declaraciones a Splendid AM 990, a las que accedió este medio, Arroyo expresó su “bronca y dolor profundo” por lo que definió como una situación de abandono estatal. El legislador sostuvo que “todo ocurre en el mismo organismo que no pone en marcha la ley de emergencia en discapacidad”.

Según relató, el contraste se volvió evidente al conocerse los primeros audios de la causa por presunta corrupción:
“El día que salieron los primeros audios que hablaban de 500.000, 800.000, plata que va que viene, porcentaje, ese mismo día estaban reunidos en la agencia de discapacidad los acompañantes terapéuticos reclamando pasar de ganar 2.900 la hora a 3.100”.
Arroyo remarcó que el reclamo se centró en “200 pesos la hora de trabajo, trabajo que van a cobrar a 180 días, a 6 meses”.

“El sistema colapsó”: medicamentos, traslados y escuelas al borde del cierre

El diputado advirtió que la falta de aplicación de la ley y la ausencia de aumentos provocaron un deterioro acelerado:
“El mismo lugar que no les da los aumentos que ha trabado la ley de emergencia en discapacidad que hizo colapsar todo el sistema porque la persona hoy no accede a los medicamentos, no accede a los traslados ni a la terapia ni a los acompañamientos, las escuelas especiales están todas a punto de cerrar”.

Arroyo insistió en que el organismo señalaba restricciones mientras manejaba “plata que iba que venía, que un montón de plata por acá, por allá”.

Un debate fiscal que, según Arroyo, no existe

El legislador rechazó los argumentos oficiales sobre un posible impacto presupuestario de la ley:
“La ley no tiene impacto fiscal. Todo lo que es reacomodar las prestaciones… todo eso es 0,0003 del producto bruto interno, no tiene impacto fiscal”.
Recordó además que la norma “ha sido votada por más del 70% de la Cámara de Diputados”, pero que el Gobierno “simplemente decidió no moverse ni un milímetro de su plan trazado”.

Acusaciones de presión contra un juez federal

Arroyo denunció también que el Gobierno intenta remover a un juez federal que falló sistemáticamente a favor de las personas con discapacidad.
“Este magistrado ordenó reponer miles de pensiones dadas de baja de manera irregular, ya que de 110.000 pensiones que se dieron de baja, 90.000 son personas que nunca recibieron ni el telegrama ni la carta documento”, afirmó.

El diputado señaló que el juez “también dictaminó que se ponga en marcha la ley” y “estaba a punto de declarar nulo el DNU del gobierno”. Según Arroyo, “quieren ir contra el juez y quitarlo de la causa”, lo que describió como un “nivel de crueldad imposible”.

“Nadie duda en el mundo del rol del Estado”

Arroyo sostuvo que, a diferencia de otros países gobernados por fuerzas de extrema derecha, “la Argentina es el único que está haciendo esto, cuando nadie duda en el mundo que una tarea del Estado es atender a las personas con discapacidad”.

El legislador aseguró que, frente a la inacción oficial, solo queda litigar:
“Hasta ahora la justicia falló a favor de las personas con discapacidad y su familia por una razón muy obvia y es que tienen razón y que el sistema ha colapsado”.

Arroyo concluyó que la situación es “muy fuerte” porque combina “colapso, desesperación y un nivel de dolor inmenso de la familia” en el mismo organismo donde “va plata, viene plata”.