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Política 📢

Arroyo responsabilizó a la ANDIS por el colapso del sistema de discapacidad

Denunció presiones del Gobierno contra un juez que falló a favor de personas con discapacidad.

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El diputado nacional Daniel Arroyo acusó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de provocar el colapso del sistema de prestaciones. Lo hizo con fuertes críticas al contraste entre la presunta “dilapidación de fondos” revelada en una causa de corrupción y la negativa del organismo a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad o conceder aumentos mínimos a los acompañantes terapéuticos.

Profunda indignación y un sistema al límite

En declaraciones a Splendid AM 990, a las que accedió este medio, Arroyo expresó su “bronca y dolor profundo” por lo que definió como una situación de abandono estatal. El legislador sostuvo que “todo ocurre en el mismo organismo que no pone en marcha la ley de emergencia en discapacidad”.

Según relató, el contraste se volvió evidente al conocerse los primeros audios de la causa por presunta corrupción:
“El día que salieron los primeros audios que hablaban de 500.000, 800.000, plata que va que viene, porcentaje, ese mismo día estaban reunidos en la agencia de discapacidad los acompañantes terapéuticos reclamando pasar de ganar 2.900 la hora a 3.100”.
Arroyo remarcó que el reclamo se centró en “200 pesos la hora de trabajo, trabajo que van a cobrar a 180 días, a 6 meses”.

“El sistema colapsó”: medicamentos, traslados y escuelas al borde del cierre

El diputado advirtió que la falta de aplicación de la ley y la ausencia de aumentos provocaron un deterioro acelerado:
“El mismo lugar que no les da los aumentos que ha trabado la ley de emergencia en discapacidad que hizo colapsar todo el sistema porque la persona hoy no accede a los medicamentos, no accede a los traslados ni a la terapia ni a los acompañamientos, las escuelas especiales están todas a punto de cerrar”.

Arroyo insistió en que el organismo señalaba restricciones mientras manejaba “plata que iba que venía, que un montón de plata por acá, por allá”.

Un debate fiscal que, según Arroyo, no existe

El legislador rechazó los argumentos oficiales sobre un posible impacto presupuestario de la ley:
“La ley no tiene impacto fiscal. Todo lo que es reacomodar las prestaciones… todo eso es 0,0003 del producto bruto interno, no tiene impacto fiscal”.
Recordó además que la norma “ha sido votada por más del 70% de la Cámara de Diputados”, pero que el Gobierno “simplemente decidió no moverse ni un milímetro de su plan trazado”.

Acusaciones de presión contra un juez federal

Arroyo denunció también que el Gobierno intenta remover a un juez federal que falló sistemáticamente a favor de las personas con discapacidad.
“Este magistrado ordenó reponer miles de pensiones dadas de baja de manera irregular, ya que de 110.000 pensiones que se dieron de baja, 90.000 son personas que nunca recibieron ni el telegrama ni la carta documento”, afirmó.

El diputado señaló que el juez “también dictaminó que se ponga en marcha la ley” y “estaba a punto de declarar nulo el DNU del gobierno”. Según Arroyo, “quieren ir contra el juez y quitarlo de la causa”, lo que describió como un “nivel de crueldad imposible”.

“Nadie duda en el mundo del rol del Estado”

Arroyo sostuvo que, a diferencia de otros países gobernados por fuerzas de extrema derecha, “la Argentina es el único que está haciendo esto, cuando nadie duda en el mundo que una tarea del Estado es atender a las personas con discapacidad”.

El legislador aseguró que, frente a la inacción oficial, solo queda litigar:
“Hasta ahora la justicia falló a favor de las personas con discapacidad y su familia por una razón muy obvia y es que tienen razón y que el sistema ha colapsado”.

Arroyo concluyó que la situación es “muy fuerte” porque combina “colapso, desesperación y un nivel de dolor inmenso de la familia” en el mismo organismo donde “va plata, viene plata”.

Economía 💲

Calzado: más de 200 fábricas cerradas y una marcha contra el modelo de Milei

Fabricantes, talleristas y trabajadores marcharon a la Secretaría de Industria con un petitorio. Desde noviembre de 2023 se perdieron unos 10.000 empleos y el antidumping contra el calzado chino vence en diciembre.

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Marcha de la industria del calzado

Más de 200 fábricas cerradas y cerca de 10.000 puestos de trabajo perdidos desde noviembre de 2023: con ese saldo sobre los hombros, la industria del calzado salió a la calle este jueves y caminó hasta la Secretaría de Industria de la Nación para exigirle al Gobierno de Javier Milei que frene la sangría. Empresarios y trabajadores marcharon juntos, una postal que muestra hasta dónde llegó el deterioro de una actividad que ya no distingue entre patrones y obreros a la hora de contar pérdidas.

La movilización, bajo la consigna «¡La industria camina!», fue convocada por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). Partió desde Tacuarí y avenida Belgrano y reunió a fabricantes, comerciantes, proveedores, talleristas, pymes y operarios. El presidente de la CIC, Horacio Moschetto, entregó el petitorio en la sede de la Secretaría.

Qué reclama el sector

El documento pide la continuidad de las medidas antidumping contra el calzado proveniente de China, la regulación de las plataformas internacionales de comercio electrónico, la reducción de la carga impositiva y medidas para recuperar el consumo interno. En presentaciones previas, la CIC y UTICRA también habían reclamado la aplicación de la Ley Pyme, tarifas energéticas diferenciadas y una mesa de trabajo urgente con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Industria y Comercio.

El punto más urgente tiene fecha: el antidumping vence el 14 de diciembre. El esquema fija un valor FOB de referencia de 15,70 dólares por par, y las importaciones declaradas por debajo de ese precio pagan la diferencia como derecho adicional. «Estamos presentando las pruebas para renovar el antidumping que nos vence en diciembre», había advertido Moschetto a fines de octubre. Si la medida cae, el sector teme una avalancha de calzado barato sobre un mercado interno que ya está planchado.

Los números de la crisis

Según los datos difundidos por el sector durante la marcha, la producción nacional cayó 25,6% entre 2023 y 2025, y en el primer trimestre de 2026 se derrumbó otro 24,3% frente al mismo período del año anterior. A fines de octubre, la CIC y UTICRA habían informado una contracción neta del 43% del empleo registrado desde fines de 2023 y una baja interanual de la producción del 24,8% entre enero y agosto de este año, con un agosto que se hundió 30,8%.

La proyección para 2026 ronda los 60 millones de pares, unos 20 millones menos que en 2025. La cámara empresaria también estima que en los últimos dos años ingresaron alrededor de 10 millones de pares de contrabando. «Lo principal es la caída del consumo. Aunque el resto de los factores también influye», sintetizó Moschetto. El diagnóstico desarma el relato oficial: no se trata solo de competencia externa, sino de un mercado interno que dejó de comprar.

El respaldo político

La marcha contó con el acompañamiento del intendente de Esteban Echeverría y presidente del Partido Justicialista local, Fernando Gray. «No podemos permitir que el Gobierno nacional continúe boicoteando a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Con cada empresa que cierra son cientos los puestos de trabajo que se pierden», dijo. Gray remarcó además que la actividad demanda una enorme cantidad de insumos y servicios logísticos, por lo que cada caída en la producción golpea el movimiento comercial de las comunidades donde se asientan las fábricas.

La protesta de este jueves fue la continuidad del «Zapatazo solidario» del 27 de octubre, cuando fabricantes autoconvocados regalaron unos mil pares de zapatos en Plaza de Mayo para visibilizar la crisis. Un mes después, el reclamo creció en volumen, pero el Gobierno todavía no dio ninguna respuesta concreta.

Lo que tenés que saber

  • La CIC y UTICRA marcharon a la Secretaría de Industria y entregaron un petitorio.
  • El sector reporta más de 200 fábricas cerradas y unos 10.000 empleos perdidos desde noviembre de 2023.
  • La producción cayó 25,6% entre 2023 y 2025 y 24,3% en el primer trimestre de 2026.
  • El antidumping contra el calzado chino vence el 14 de diciembre.
  • El intendente Fernando Gray acompañó la movilización y cuestionó al Gobierno nacional.
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