Política 📢
Milei designa a Monteoliva en Seguridad y al general Presti en Defensa
El Gobierno destaca que ambos nombramientos representan continuidad ideológica y un fortalecimiento institucional.
El presidente Javier Milei confirmó el nombramiento de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad Nacional y del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa. Ambas designaciones configuran tanto una continuidad en la estrategia oficial como un punto de inflexión simbólico, sobre todo en Defensa.
Un cambio con continuidad
En un comunicado oficial difundido por la Casa Rosada, Milei agradeció a Patricia Bullrich y Luis Petri por sus servicios. Ambos dejarán sus cargos a partir del 10 de diciembre para asumir sus bancas en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.
Según ese mismo despacho, Monteoliva —hasta ahora secretaria de Seguridad— asumirá como ministra “en continuidad del rumbo que dicho ministerio emprendió el 10 de diciembre de 2023 con Patricia Bullrich”.
El comunicado define su rol como clave: “pieza fundamental de la ‘Doctrina Bullrich’, que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina”.
Defensa: un militar al frente por primera vez desde 1983
Presti, hasta ahora jefe del Estado Mayor General del Ejército, dejará su cargo para dirigir el Ministerio de Defensa.
El Gobierno destaca que con su llegada “una persona con intachable carrera militar” y “al más alto rango en su escalafón” asumirá la cartera, algo que no ocurría desde el retorno de la democracia.
Además, el Ejecutivo afirma que esta designación inaugura una nueva etapa para las Fuerzas Armadas, con “oficiales, suboficiales y soldados” despojados de cualquier demonización.
Quiénes son los nuevos ministros
Alejandra Monteoliva
- Tiene 55 años y es de Córdoba.
- Se formó en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba y realizó una maestría en Desarrollo en la Universidad de Los Andes (Colombia).
- Tiene una carrera amplia en seguridad: fue ministra de Seguridad de Córdoba en 2013, ha trabajado en organismos latinoamericanos, y colaboró con entidades como el BID y la ONU.
- Fue nombrada secretaria de Seguridad Nacional por Milei en febrero de 2025, por decreto presidencial.
Carlos Alberto Presti
- Teniente general del Ejército argentino.
- Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército en enero de 2024, cuando Milei ya estaba en el poder.
- Tiene formación militar tradicional (colegio militar, Escuela Superior de Guerra) y experiencia en misiones internacionales; comandó tropas en Haití, entre otros destinos.
Implicancias políticas y simbólicas
- La designación de Monteoliva refuerza la continuidad ideológica de la “Doctrina Bullrich”: mano dura, prioridad al orden y combate al crimen.
- La llegada de Presti a Defensa marca un quiebre simbólico: un militar al frente del ministerio después de más de 40 años. Para el oficialismo, esto significa reivindicar y profesionalizar las Fuerzas Armadas.
- La Casa Rosada argumenta que ambos nombramientos buscan “Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas”.
- El mensaje público del Gobierno es claro: no se trata de un giro radical, sino de profundizar un rumbo ya iniciado en 2023.
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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