La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuaba esta tarde con la primera de las audiencias testimoniales, en la que brindaron testimonios los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata), en el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.

En la quinta reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja por el juicio político a los magistrados Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosekrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la «ilegalidad» de la comisión y la mayoría abandonó el recinto.

Pero media hora después, los legisladores de la Coalición Cívica y algunos diputados del bloque radical regresaron a la sala donde permanecía reunida la comisión.

En el inicio de la declaración del primer testigo, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade consultó al juez Ramos cómo explica en términos jurídicos el concepto de ‘filtración’ de datos y Ramos pidió que se lo dispense de declarar sobre puntos que ya están definidos en la resolución escrita de la causa.

El magistrado dijo, en ese sentido en más de una oportunidad: «No me voy a mover ni una palabra de la resolución» porque «no solamente me perjudica en lo personal que yo pueda hacer alguna modificación con lo que ya está escrito en la resolución, sino que también puede perjudicar el derecho de defensa a los involucrados en la causa».

En otro pasaje de su declaración, el juez federal sostuvo que «la violación a la intimidad puede ser llevada a cabo por actividad propiamente estatal o privada. Así se podría ver afectado la garantía de un particular», sea o no funcionario público según aclaró.

«El sistema está plagado hace muchos años denuncias que vienen acompañadas de una nota periodística inclusive que dan comienzos a causas en el fuero federal penal», contó el magistrado.

Ramos señaló que «dictar el archivo» de la causa «fue una medida urgente» y aclaró que «en esa causa se pudo habilitar la feria judicial porque se solicitaba medidas como el aseguramiento urgente de una medida de prueba», como el allanamiento de un teléfono celular.

Al finalizar su declaración, Ramos negó tener algún tipo de relación y conocimiento con el asesor de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, en uso de licencia, Marcelo D’ Alessandro.

Tailhade, por su parte, dijo a la prensa que «se filtraron chats entre D’Alessandro y Ramos, quien negó cualquier tipo de vínculo y trato con el D’Alessandro».

«Todo indica que esos chats son verosímiles porque nadie salió a cuestionar esos mensajes, aunque en la justicia se discute si son válidos para usar como pruebas», agregó.

«No hubo tanta sinceridad» por parte del magistrado, ya que «para mí los chats son ciertos», dijo que el diputado del FDT que cuestionó a Ramos «por haberse basado solamente en el dictamen del fiscal (Carlos) Stornelli para apurarse en archivar la causa».

Después de dos horas del inicio de la reunión, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, recordó que la última vez que declaró en la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados en 2019: «Iniciaron un juicio político en mi contra».

«Si lo que van a discutir acá es la utilización o no de las escuchas en un proceso de juicio político, quiero recordar que lo hicieron durante 3 años conmigo mientras llevaba varias causas», advirtió Ramos Padilla.

Al ser consultado por el legislador López si conocía al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió: «A Alberto Fernández no lo conozco. A la Vicepresidenta la vi dos veces en diferentes ámbitos como el velatorio de Alfredo Bravo en 2003, pero ella no me registró. A Axel Kicillof no lo conozco», remarcó.

Sobre la utilización de las escuchas ilegales como prueba en una causa judicial, Ramos Padilla recordó que durante la gestión anterior «se usó el espionaje ilegal a través de la Agencia de Inteligencia en operaciones que se montaron para hacer persecución política en el penal de Ezeiza».

Allí, el diputado López planteó que esas intervenciones telefónicas «estaban autorizados por un juez», lo que el diputado Leopoldo Moreau (FDT) aclaró que «lo que fue ilegal fue la circulación de la transcripción de esas conversaciones».

«Conozco como se fraguaron esas escuchas y se intentaron blanquear. Por eso creo que la Corte tuvo una alta responsabilidad en como se estaba usando las escuchas en Argentina, ya que solo sacó una acordada en repudio en 2019 y no hizo una denuncia penal», apuntó el juez que extendió su testimonio por casi dos horas.

La convocatoria de ambos magistrados estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles y Marcelo D´Alessandro, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como «Consejo de la Magistratura» y «Coparticipación».

Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos «mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal».

Su colega Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos, pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.

Durante la jornada, la mayoría de las preguntas a Ramos fueron realizadas por los diputados del oficialismo mientras que a Ramos Padilla lo hicieron los legisladores de la Coalición Cívica.