Legislativo
¿Cómo quedarán la presidencia y los interbloques en Diputados?
El primer tema a definir es el de la presidencia de la Cámara, lugar que, de acuerdo con la tradición parlamentaria, estaría en manos del futuro oficialismo nacional, más allá de que no sea el espacio de mayor volumen en la nueva integración.
Los diferentes espacios de la Cámara de Diputados de la Nación comenzarán en los próximos días las negociaciones para definir sus autoridades, la creación de los interbloques y la integración de las comisiones, de cara a la conformación que tendrá desde el 10 de diciembre ese cuerpo parlamentario.
El primer tema a definir es el de la presidencia de la Cámara, lugar que, de acuerdo con la tradición parlamentaria, estaría en manos del futuro oficialismo nacional, más allá de que no sea el espacio de mayor volumen en la nueva integración.
Como antecedente inmediato, en diciembre de 2015, el Frente para la Victoria (antes de su parcial desmembramiento en febrero de 2016) tenía mayor cantidad de bancas que Cambiemos, e igualmente le cedió la presidencia a Emilio Monzó, del PRO.
En esta oportunidad se repetiría la acción y la titularidad de la Cámara recaería en un diputado de la Libertad Avanza, del PRO o de algún independiente, según la distribución de otros espacios de poder.
Según fuentes consultadas, entre los nombres que suenan para ocupar ese lugar figuran Oscar Zago y Guillermo Montenegro, de LLA; Florencio Randazzo, del «schiarettismo»; Miguel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal; y Cristian Ritondo, del PRO. Este último, según las fuentes, estaría por ahora perfilado con mayores chances.
Igualmente, desde el Frente de Todos aseguran que el gesto de darle la presidencia a un representante del oficialismo no implica «un cheque en blanco» para quien sea designado, sobre todo en lo referido «al tema del personal y a la relación con los gremios legislativos».
En cuanto a los bloques e interbloques, desde el sector que ganó las elecciones analizan la conveniencia no de crear una unión entre LLA y el sector del PRO que apoyó a Javier Milei, en una bancada que sumaría entre 67 y 70 diputados: los 37 de LLA y unos 30/33 del PRO y de otros monobloques que hoy integran JxC, como el de Ricardo López Murphy o el del olmedista salteño Raúl Zapata.
El resto de los socios de JxC piensan por estas horas en un interbloque de «centro-democrático» que sume entre 55 y 60 integrantes, y en el que confluirían los 35 radicales; 10 del PRO más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta; 3 del espacio de Monzó y Margarita Stolbizer; el mencionado Pichetto y los diputados pertenecientes a nuevas provincias que gobernará JxC, como San Luis, San Juan o Chubut.
En el bosquejo que trabajan desde ese sector aspiran a convencer a la Coalición Cívica de que se mantenga dentro del interbloque para llegar a 60, aunque Elisa Carrió anunció el domingo que para ella «Juntos por el Cambio se rompió».
El actual oficialismo, en tanto, aspira a mantener su unidad, más allá de que hacerlo «desde el llano» no es lo mismo que desde el poder.
Confían en mantener unidos a los 105 diputados que lo integran y que provienen de espacios como el kirchnerismo, La Cámpora, el Frente Renovador, los gobernadores, los movimientos sociales y los representantes sindicales, entre otros.
En tanto, el Frente Renovador de la Concordia misionero, que en la elección de octubre integró su lista de diputados nacionales a la boleta que llevaba a Sergio Massa como presidente, continuará como bloque propio, con sus 4 integrantes.
Otros espacios provinciales que tendrán representantes, y que también deben definir si se agrupan o no, son el oficialismo cordobés, con 6 diputados -incluido Randazzo-: el santacruceño, con 2; el Socialismo (integra la alianza que gobernará Santa Fe), con 2, y Neuquén y Rí Negro, con uno cada uno.
En la paridad de fuerzas de la nueva Cámara, los cinco diputados de la Izquierda jugarán un rol importante de cara a la conformación del quórum y de la votación de los proyectos.
Legislativo
Duro debate en el Senado por ley de tierras para extranjeros y desalojo de barrios populares
El Senado de la Nación volvió a debatir este miércoles el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, en una jornada que expuso las profundas contradicciones de una iniciativa que, bajo el rótulo de proteger la propiedad, habilita la venta de tierras argentinas a capitales extranjeros, acelera desalojos y amenaza con dejar a más de un millón de familias de barrios populares sin garantías habitacionales.
Tierra a la venta: LLA busca habilitar a extranjeros a comprar suelo argentino sin límites
★ El plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, fue escenario de un fuerte cruce entre la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. Mientras el oficialismo apura los tiempos y busca emitir dictamen la semana próxima, la oposición y las organizaciones sociales advirtieron que el proyecto es un retroceso histórico en materia de soberanía territorial, derecho a la vivienda y protección ambiental.
Un proyecto con cinco bombas de tiempo
Presentado formalmente en el Congreso el 27 de marzo de 2026 bajo el expediente PE-13/2026, el proyecto fue defendido en una primera ronda de debates por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo enmarcó en los dos pilares que define el gobierno de Javier Milei: equilibrio fiscal y libertad económica.
Sin embargo, los cinco ejes centrales de la iniciativa despertaron alarmas incluso entre algunos aliados del Gobierno. El primero establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, con desalojos exprés que, según sus críticos, reducen garantías procesales a los ocupantes. El segundo, y quizás el más polémico, elimina los límites vigentes desde 2011 para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales en Argentina, una restricción sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner precisamente para preservar la soberanía territorial.
El tercer eje apunta a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, derogando artículos impulsados en 2020 por el diputado Máximo Kirchner que impedían vender bosques nativos, humedales y áreas protegidas durante 60 años tras un incendio, y cambiaban el uso de suelos agrícolas incendiados por 30 años. El cuarto modifica la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana (conocida como ley de barrios populares), sancionada en forma unánime en 2018, que garantiza suspensión de desalojos y regularización dominial para los sectores más vulnerables. El quinto punto reforma el sistema registral inmobiliario.
Un millón de familias en riesgo
Las organizaciones TECHO, Cáritas, UTEP, CELS, La Garganta Poderosa y Hábitat para la Humanidad Argentina advirtieron en conjunto que el proyecto «representa un retroceso profundo sobre la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana y pone en riesgo el acceso progresivo a la propiedad, la vivienda y los servicios básicos de más de un millón de familias que viven en barrios populares en todo el país». Desde TECHO precisaron que la iniciativa, tal como fue redactada, «podría dejar a 2 millones de niños en situación de calle».
En la audiencia de este miércoles, el referente de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi, puso números concretos al drama habitacional que el proyecto ignora: «El 92% de las familias que vivimos en barrios populares no tenemos acceso formal al agua, el 97% no tiene acceso a la red cloacal y el 98% no tiene conexión al gas». Celsi fue contundente: «No apoyamos esta iniciativa».
El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, fue más allá y denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina». Señaló además que desde la derogación de la ley de alquileres los precios acumularon un aumento superior al 400% en dos años, y que los datos del INDEC confirman que los alquileres siguen subiendo por encima de la inflación cada mes.
El constitucionalista Daniel Sabsay también cuestionó la iniciativa y señaló que «genera fuertes dudas en cuanto a la protección del medioambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa al problema habitacional en el actual contexto económico».
Soberanía, fuego y el cruce Vilar-Bullrich
El momento más tenso de la jornada llegó con el enfrentamiento entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Vilar señaló que se «necesita tener presa» a Cristina Fernández de Kirchner para aprobar leyes que van en contra de la soberanía del país, en referencia a la presión judicial sobre la ex presidenta que coincide con el avance de reformas regresivas en el Congreso.
Bullrich respondió acusando a Vilar de utilizar la reunión de comisiones para hacer «un panfleto político» y afirmó que la ex presidenta «llegó hasta la Corte Suprema de Justicia» sin acatar su fallo. «Estamos en veredas enfrente», remató Bullrich, y aseguró que el oficialismo «defiende a los ciudadanos comunes», al mismo tiempo que atacó la gestión bonaerense señalando que la provincia de Buenos Aires tiene «más usurpaciones que en el resto del país».
Vilar, por su parte, había explicado antes del cruce que la Ley de Manejo del Fuego «no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios» y que «intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso del suelo». El combatiente de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó una pregunta que el oficialismo no respondió: si se aprueba el proyecto y se producen incendios para habilitar negocios inmobiliarios, «¿qué políticas tienen para asegurar la seguridad y la soberanía argentina?».
El peronismo señala prioridades distintas
El ex diputado peronista Santiago Igon resumió la posición opositora con claridad: «Esta ley no la estamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que llegue el tercio que le corresponde a la provincia por impuestos al combustible para arreglar las rutas. Necesitamos una política a favor de que las economías regionales puedan resurgir».
El único expositor que respaldó el proyecto fue el abogado especializado en derecho administrativo Mariano Marcucci, quien consideró que la ley «avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado y va a favor de las garantías de los particulares».
Según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA, el oficialismo aspira a emitir dictamen la semana próxima, aunque la decisión dependerá de si consigue el apoyo de los bloques dialoguistas. La meta del Gobierno es llevar el proyecto al recinto en la última semana de abril o la primera de mayo.
Puntos clave
- El Senado debatió por segunda vez el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Milei, con exposición de más de veinte especialistas y referentes sociales.
- El proyecto elimina los límites para la compra de tierras por extranjeros vigentes desde 2011, modifica la ley de barrios populares y deroga protecciones ambientales post-incendio.
- Organizaciones como TECHO, Cáritas, UTEP y el CELS advierten que el texto podría dejar a más de un millón de familias sin garantías habitacionales y a 2 millones de niños en situación de calle.
- El titular de Inquilinos Agrupados denunció que el proyecto establece «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina», en un contexto de alquileres que aumentaron más del 400% en dos años.
- El oficialismo busca emitir dictamen la semana próxima y llevar el proyecto al recinto antes de fin de abril, condicionado al apoyo de los bloques aliados.
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