Espionaje
Procesaron a Arribas y Majdalani por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri
El ex director y la ex subdirectora de la AFI durante el gobierno de Cambiemos fueron procesados (junto a otros 36 espías) la tarde del viernes por el titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.
El ex director y la ex subdirectora de la AFI durante el gobierno de Cambiemos fueron procesados (junto a otros 36 espías) la tarde del viernes por el titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, procesó este viernes a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por maniobras de espionaje ilegal desplegadas contra políticos, gremialistas, dirigentes sociales y periodistas, como también sobre personas detenidas en el penal de Ezeiza durante el gobierno de Mauricio Macri.
El magistrado procesó también a otras 36 personas imputadas por las maniobras de inteligencia prohibida, entre los que se encuentran el extitular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Cambiemos, Emiliano Blanco, ex agentes de la AFI de distinta jerarquía.
A los ex jefes de la AFI el magistrado trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de ocho millones de pesos, según consta en el fallo al que accedió.
La decisión de Auge se produjo luego de que la Cámara Federal porteña, que días atrás dispusiera el paso de la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, le devolviera el expediente hasta tanto se trate un recurso extraordinario presentado por el abogado Carlos Beraldi, en representación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Para el juez Auge, hay elementos para procesar a Arribas y Majdalani como responsables “de dar las órdenes de practicar acciones de inteligencia ilegal” a 42 personas entre las que están la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el sindicalista Hugo Moyano y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La decisión de Auge se sustenta en el criterio de los fiscales, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes antes del inicio de la feria judicial, habían requerido que Arribas y Majdalani fueran procesados junto a otros 36 imputados entre los que también estaba la exempleada del área de Documentación Presidencial durante el Gobierno de Macri, Susana Martinengo, quienes hoy resultaron procesados.
«Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas», habían dicho los fiscales.
«Con distintos roles, valiéndose de su calidad de funcionarios públicos, los imputados utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas mencionadas, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales, tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires», sostuvieron.
En aquel mismo dictamen de más de 1.000 páginas, los fiscales habían indicado que correspondía dictarle la falta de mérito al secretario privado de Macri, Darío Nieto, tras considerar que no se habían encontrado elementos suficientes para reclamar que se lo procesara y el juez lo concedió. Sin embargo, se investiga si Nieto fungió como canal alternativo para que el producto del espionaje ilegal aterrizara en manos del expresidente.
En la investigación se recogieron pruebas y testimonios que dan cuenta de que la exsubdirectora de la AFI, Majdalani, le ordenó al exjefe de Operaciones Especiales, Alan Ruíz, (ahora también procesado) la colocación dispositivos para captación de imágenes y voces en celdas, oficinas, sala de abogados y espacios comunes de la Alcaidía Departamental 3 de La Plata, «Melchor Romero», dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Para los investigadores, el grupo que recopilaba la información de manera ilegal, fue elegido y armado específicamente para esa tarea: un dato que surge de los testimonios recabados en el expediente es que eran denominados por los espías de carrera como «los externos» y, en su mayoría, venían de trabajar en la Policía de la Ciudad.
El grupo primeramente fue coordinado por el director operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, con trayectoria dentro de la Escuela Nacional de Inteligencia, y luego por Ruiz, quien provenía del Ministerio Seguridad de la Nación y fuera contratado por Arribas y Majdalani.
Sobre el espionaje a personas privadas de la libertad, los fiscales escribieron que «se utilizaron distintas dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), principalmente, la Dirección Principal de Análisis de la Información, a cargo de Cristian Suriano, y su segundo, Juan Carlos Silveira, junto a Sebastián Siri, quienes dispusieron y orientaron los recursos técnicos y humanos, para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtención, rápida, segura y efectiva de la información vedada por ley, la que, al menos en una parte sustancial, terminó luego en manos de agentes de AFI y con propósitos de espionaje adicionales».
En el Servicio Penitenciario Federal, a partir de la instalación de cámaras para vigilar movimientos de internos individualizados en el contexto de investigaciones judiciales con objeto determinado, el personal de inteligencia del SPF y AFI obtuvo también el acceso a videovigilancia de las víctimas detalladas en el legajo 9 (entre ellos el ex vicepresidente Amado Boudou, el exministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez).
Dentro del área de jurídicos, que cobró mayor trascendencia en la estructura de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos, la voz de mando la llevó en la mayor parte del tiempo Juan Sebastián De Stéfano, uno de los directivos de la agencia de inteligencia que se hizo conocido por haber ido a visitar al juez Luis Carzoglio, que llevaba una causa en la que era investigado el gremialista Pablo Moyano.
Con la resolución de este viernes también fueron procesados los agentes que integraban el grupo de WhatsApp conocido como los Super Mario Bross, del que salió la mayor parte de la información que dio origen a la causa.
Espionaje
Nuevo Plan Cóndor: Milei construye un “enemigo interno” con la SIDE, el FBI y los mismos métodos de la dictadura
Una investigación periodística reconstruye una arquitectura de vigilancia y propaganda que conecta Washington con Buenos Aires: contratos de lobby secretos firmados por la SIDE, un vuelo de carga con historial de transporte de armamento que aterrizó en Ezeiza desde Bakú, y un presidente que calificó de «terroristas» a estudiantes, periodistas y docentes con el mismo léxico que usó Jorge Rafael Videla durante la última dictadura cívico-militar.
El 16 y 17 de julio pasado, Washington fue escenario de la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio. El contenido del encuentro y su resonancia inmediata en el discurso oficial argentino encienden una señal de alerta que el periodista Mauro Federico, de Data Clave, documentó con precisión quirúrgica: lo que empieza a tomar forma en 2026 tiene parecido de familia con el esquema que en 1975 se institucionalizó bajo el nombre de Plan Cóndor.
Rubio abrió la cumbre con una referencia al historial de violencia política latinoamericana de los años setenta, tupamaros, montoneros, FARC, ELN, Sendero Luminoso, para instalar desde ahí la idea de un «resurgimiento» de esa amenaza en el presente, sin precisar nunca contra quién ni dónde. El plan para combatirla, resumió, pasa por «desmantelar estas redes, ladrillo por ladrillo», con inteligencia compartida e «interrupción financiera». Por Argentina participaron el canciller Pablo Quirno, único extranjero invitado a disertar en el almuerzo oficial, y José Lago Rodríguez, subsecretario de la SIDE. En la sala también estaban el director del FBI, Kash Patel, y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller.
El FBI en Buenos Aires y la caja negra del antiterrorismo
El 24 de julio, el subdirector del FBI, Andrew Bailey, viajó a Buenos Aires y se reunió con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, con el embajador norteamericano Peter Lamelas y con Michael Nader, el nuevo enlace del FBI en el país. La visita giró en torno al Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), creado por el Decreto 717/2025 el 7 de octubre de 2025, a dos años exactos del ataque de Hamás a Israel, e inaugurado el 16 de abril de 2026 también con presencia del FBI y de Lamelas.
El CNA depende directamente de la SIDE, se financia con fondos reservados del organismo (no sujetos a rendición de cuentas pública) y su función declarada es integrar y analizar información del «ciclo terrorista» junto a la UIF, ARCA, inteligencia criminal y militar y varios ministerios. El titular de la SIDE, Cristian Auguadra, lo definió como «la herramienta central del Estado argentino para prevenir el terrorismo» y «la única institución de sus características en América Latina». En paralelo a esa visita, el Gobierno sumó 7.500 millones de pesos a los fondos reservados del organismo.
No es el primer refuerzo. Desde diciembre de 2023, Milei engordó la caja de la SIDE en varias oportunidades: 100.000 millones de pesos en julio de 2024 (el Congreso los rechazó y en diciembre debió devolverlos), 1.600 millones más en marzo de 2025, otros 8.017 millones en mayo del mismo año, y los 7.500 millones de julio de 2026. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, hoy presidida por Sebastián Pareja, es el único órgano con facultad de control, aunque en la práctica ese control es nominal: los gastos reservados son la única partida del Estado sin rendición de cuentas detallada ante ningún organismo externo.
«Terroristas disfrazados de periodistas»: Milei habla como Videla
El eco de Washington llegó al discurso presidencial con rapidez. El 28 de julio, en Perú, Milei acusó a la oposición de haber impulsado «siete pedidos de juicio político» y hasta un intento de golpe de Estado, y lo sintetizó con una frase: «sembraban el terror en las calles». Pero la declaración más grave llegó el 3 de agosto, en una entrevista con el periodista oficialista Luis Majul en LN+: «Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores», dijo Milei. Majul le preguntó si venían «de Rusia, como parte de una conspiración internacional»; el Presidente respondió que no había conspiración, que simplemente estaba «describiendo lo que pasa».
La frase se conoció a días de cumplirse el 60º aniversario de la Noche de los Bastones Largos. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, la calificó como «el mismo discurso de Onganía y de Videla» y señaló que algo así «no pasó nunca en tiempos de democracia». La Facultad emitió un comunicado de repudio. La comparación no es antojadiza: en 2010, ante el tribunal que lo juzgaba en Córdoba por delitos de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla apeló explícitamente a Antonio Gramsci para calificar al kirchnerismo como amenaza marxista. Milei usó exactamente la misma referencia teórica para señalar a los mismos sectores: universidades, prensa, cultura.
El mecanismo es el mismo que documentó el investigador Peter Kornbluh al estudiar la «fase psicológica» del Plan Cóndor original: tomar un caso puntual, real o construido, y estirarlo hasta convertirlo en una amenaza difusa que alcance a cualquiera que incomode. En abril de 2026 se conoció «La Compañía», una filtración que mostró que agentes rusos habían financiado artículos en un grupo acotado de sitios digitales argentinos. Milei lo calificó en X como «espionaje de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia» y sumó, sin evidencia nueva, que «los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande». Esa frase, no la filtración en sí, fue la que habilitó señalar en bloque a periodistas críticos sin ningún vínculo comprobado con la operación documentada.
El contrato de lobby que la SIDE nunca pagó
El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un contrato de 10.000 dólares mensuales con la consultora de lobby Tactic Global. Lo firmó por el lado argentino Sergio Neiffert, entonces titular del organismo. El objeto declarado: «asesoramiento estratégico» y coordinación de reuniones con contrapartes estadounidenses. En junio de 2026, Tactic dio de baja formalmente esa representación ante la Justicia norteamericana sin haber cobrado un solo dólar de los montos pactados, el mismo día en que también dejó de representar a la República Srpska, la entidad serbobosnia prorrusa dentro de Bosnia.
Los movimientos en torno al contrato, según la investigación de Data Clave, no fueron casuales ni aislados. El 24 de enero de 2025, el jet privado del empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, aterrizó por primera vez en Buenos Aires; el 6 de febrero partió hacia Estados Unidos con Laura Arrieta, la «valijera» que semanas después llegó a Ezeiza con quince valijas que no pasaron por Aduana, y con Víctor Du Plooy, oficial de negocios de Tactic. El mismo día de la firma del contrato con la SIDE, Scatturice contrató a la consultora Forward Global de José Mallea para gestionar ante la FAA rutas de Flybondi hacia Estados Unidos, también por 10.000 dólares mensuales.
Tactic Global tiene un perfil peculiar. La crearon Scatturice y Barry Bennett, operador del círculo de Trump, junto a Matt y Mercedes Schlapp, dueños de la CPAC estadounidense; Maria Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina; Ryan Coyne; y Caroline Wren. Bennett llegó al acuerdo con Tactic con condena reciente: en enero de 2024 llegó a un «procesamiento diferido» con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras ser acusado de «falsificar, ocultar y encubrir» información para trabar una investigación vinculada a lobby extranjero no declarado para el gobierno de Catar. Pagó una multa de 100.000 dólares y se comprometió a no realizar actividad de lobby extranjero durante 18 meses. Con ese historial vigente, Bennett se reunió en Buenos Aires con legisladores como Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. El nexo más directo con el Gobierno es Santiago Caputo, quien lo recibe en la Casa Rosada y le abre el despacho presidencial.
En 2026 apareció en Arlington, Virginia, una firma llamada CRB Global LLC que representa a los mismos clientes que Tactic (República Srpska, Serbia) con los mismos montos y el mismo ministro de contacto. No hay documento que confirme formalmente que CRB Global es Tactic con otro nombre, pero la coincidencia de cliente, monto, ministro y calendario resulta demasiado exacta para ser fortuita.
El vuelo que vino de Bakú: Silk Way y el historial de armas
El 31 de julio, un carguero Ilyushin Il-76TD-90VD con matrícula 4K-AZ101, de la aerolínea azerbaiyana Silk Way Airlines, aterrizó en Ezeiza tras un recorrido de siete tramos: Bakú, Leipzig, Casablanca, Dakar, Recife, São Paulo y finalmente Buenos Aires. Lo excepcional no es solo la ruta, cuatro continentes con una escala en Dakar sin explicación operativa evidente, sino el historial de la aeronave: opera casi exclusivamente en un corredor corto entre el Cáucaso, Medio Oriente y Europa. Sudamérica no figura en su patrón habitual, con un único antecedente un año antes, cuando hizo escala en Ecuador diez días después de que el presidente Daniel Noboa firmara un decreto reconociendo la «persistencia del conflicto armado interno» en ese país.
Silk Way no es una aerolínea convencional. Según la investigación de Data Clave, transporta armamento israelí hacia Azerbaiyán a través de la base militar de Ovda, con una exención especial firmada en 2013 y renovada en 2016. Sus picos de actividad preceden sistemáticamente a las ofensivas militares azerbaiyanas contra Armenia: antes de la ofensiva final sobre Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023 se registraron al menos seis vuelos a Ovda en dos semanas. La Organized Crime and Corruption Reporting Project documentó que la aerolínea transportó armamento por más de 1.000 millones de dólares con subcontratistas estadounidenses. El Banco de Exportación e Importación (EXIM) del gobierno norteamericano le otorgó garantías y préstamos, incluida una nueva aprobación de 339 millones de dólares en abril de 2025, pese a ese historial documentado. El Gobierno argentino no dio ninguna explicación pública sobre el vuelo.
El antecedente del Plan Cóndor y la «fase psicológica»
El Plan Cóndor se formalizó el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, convocado por la DINA de Pinochet, y coordinó secuestros, torturas y asesinatos entre Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Los «Archivos del Terror» hallados en Paraguay en 1992 registran unos 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos en toda la región. Videla firmó personalmente el compromiso argentino de sostener el intercambio de inteligencia.
Uno de sus mecanismos menos conocidos fue lo que Kornbluh llamó la «fase psicológica»: insertar noticias falsas en la prensa para hacer creer que las víctimas habían muerto en enfrentamientos internos. El caso más documentado es el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, secuestradas en 1977, torturadas en la ESMA y asesinadas en los vuelos de la muerte. Para encubrir el crimen, los militares las fotografiaron con una bandera de Montoneros y armaron una declaración falsa. Revistas de tirada masiva reprodujeron sin cuestionar la versión oficial. El operativo lo comandó, entre otros, el capitán Alfredo Astiz. La mentira está hoy probada judicialmente.
Un episodio reciente completa el cuadro. En mayo de 2026 se filtraron 37 audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York e indultado luego por Trump, en los que explicaría un plan para crear «una célula» de noticias operada desde Estados Unidos para golpear mediáticamente a Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, y en los que habría mencionado que Javier Milei comprometió 350.000 dólares para esa operación. El mecanismo que describen esos audios, propaganda financiada de forma cruzada entre gobiernos aliados con el origen deliberadamente oculto, es estructuralmente idéntico al que el Plan Cóndor institucionalizó hace medio siglo.
Puntos clave:
- El 16 y 17 de julio, la Reunión Ministerial convocada por Marco Rubio en Washington instaló la idea de un «resurgimiento» del terrorismo de izquierda en América Latina sin identificar ninguna organización concreta actual.
- El 3 de agosto, Milei calificó de «terroristas» a estudiantes, periodistas, profesores e investigadores, en una construcción del enemigo interno que el decano de Exactas-UBA comparó explícitamente con el discurso de Videla y Onganía.
- La SIDE firmó un contrato de lobby por 10.000 dólares mensuales con Tactic Global en febrero de 2025; la consultora cerró esa representación en junio de 2026 sin haber cobrado un solo dólar, mientras los fondos reservados del organismo acumularon refuerzos por más de 100.000 millones de pesos desde 2024.
- El 31 de julio aterrizó en Ezeiza un carguero de Silk Way Airlines, aerolínea azerbaiyana con historial documentado de transporte de armamento israelí, proveniente de Bakú con escala en Dakar y sin explicación oficial.
- Audios filtrados atribuidos al expresidente hondureño Hernández describen un esquema de propaganda transnacional financiada entre gobiernos con mención de Milei; el mecanismo replica estructuralmente la «fase psicológica» del Plan Cóndor documentada por Peter Kornbluh.
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