Denuncia
Demandan a Bullrich por plan represivo
Germán Martínez, denunció un “claro plan represivo” en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria anunció hoy la presentación de una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios por la represión sufrida por varios legisladores durante la protesta que se desarrolló el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso mientras se debatía el proyecto de Bases.
En una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de la Cámara baja, el jefe de la bancada, Germán Martínez, denunció un “claro plan represivo” en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich.
Para el santafesino, la represión policial que padecieron diputados y diputadas de su bloque “es un eslabón más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes”.
“No es la primera vez que lo hace. Recordemos que el presidente inicio su mandato a espaldas del Congreso argentino. El presidente arrancó su mandato con el DNU 70/2023 arrogándose facultades que no son propias del Poder Ejecutivo y que le corresponde al Congreso. El presidente no dejó en ningún momento de agraviar, de insultar a diputados nacionales de distintas bancadas, no importa quién”, reprochó.
Según Martínez, “esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido” y también tiene como blancos a ciudadanos de a pie, “muchos de los cuales no han recuperado su libertad”.
“Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad en la Argentina establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina”, sentenció el titular de la bancada panperonista, que comentó que la denuncia judicial está patrocinada por Alejandro Rúa, recayó el el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de Ramiro González.
Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau precisó que “los delitos que se le imputan en esta denuncia a estos funcionarios son los delitos de tormentos, vejámenes, privación ilegitima de la libertad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”
La presentación judicial, que se presentó este martes al mediodía, apunta contra Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, el prefecto general de la PFA, Guillermo Giménez Pérez.
Se enviaron copias al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Amercianos, a la Unión Interparlamentaria Mundial de la ONU, y a la Procuración de Violencia Institucional.
Durante su alocución, Moreau calificó a Bullrich como “una mercenaria de la violencia estatal” y dijo que ella confesó en declaraciones públicas que ordenó la represión contra diputados nacionales de forma adrede, con el objetivo de «intimidar» a los ciudadanos comunes para que vaciaran la plaza del Congreso.
“Los diputados nacionales, como ha ocurrido en otras marchas, concurrimos en el ejercicio de un derecho que tenemos pero no como diputados nacionales sino como simples ciudadanos que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho a representar a nuestros representados. Y nuestros representados, según nuestra mirada política, estaban en ese momento expresándose pacíficamente”, manifestó.
“En las anteriores oportunidades, en marchas mucho más multitudinarias en la que no intervinieron Buillrich ni las fuerzas federales, no hubo ningún hecho de represión que lamentar. Cada vez que ella interviene sí se producen estas circunstancias”, analizó el radical kirchnerista.
Moreau recordó que la represión se produjo cerca de las 13.30 cuando un grupo de diputados salió al Congreso para tomar contacto con “los representados” y expresarles la decisión de “acompañarlos en la marcha para oponerse a la ley Bases”.
“Éramos un pequeño grupo de diputados. No creo que superáramos la veintena y un grupo de colaboradores. Un pelotón de la prefectura avanzó sobre nosotros y atrás la Policía Federal. (El diputado nacional de UP Carlos) Castagneto y otro legislador esperaron que llegara este cordón con el objeto de establecer un diálogo pacífico para neutralizar el conflicto, no para provocarlo”, siguió el relato.
“Castagneto se dirigió a quien encabezaba este pelotón y a pocos segundos comenzó una represión que tuvo ordenada y dirigida por Patricia Bullrich desde la sala de situación donde estaba monitoreando» el operativo, señaló.
A su criterio, el objetivo más allá de “agredir al Congreso” era “generar un clima de intimidación” para que “el ciudadano que todavía no se había acercado a la plaza y estaba siguiendo lo que los medios estaban transmitiendo por cadena” desistieran de ir al ver el “ataque despiadado y desproporcionado contra diputados”.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes, además de Castagneto, Martínez y Moreau, los diputados nacionales Carolina Yutrovic, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Luis Basterra y Paula Penacca, entre otros.
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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