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Denuncia

Demandan a Bullrich por plan represivo

Germán Martínez, denunció un “claro plan represivo” en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich.

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El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria anunció hoy la presentación de una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios por la represión sufrida por varios legisladores durante la protesta que se desarrolló el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso mientras se debatía el proyecto de Bases.

En una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de la Cámara baja, el jefe de la bancada, Germán Martínez, denunció un “claro plan represivo” en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich.

Para el santafesino, la represión policial que padecieron diputados y diputadas de su bloque “es un eslabón más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes”.

“No es la primera vez que lo hace. Recordemos que el presidente inicio su mandato a espaldas del Congreso argentino. El presidente arrancó su mandato con el DNU 70/2023 arrogándose facultades que no son propias del Poder Ejecutivo y que le corresponde al Congreso. El presidente no dejó en ningún momento de agraviar, de insultar a diputados nacionales de distintas bancadas, no importa quién”, reprochó.

Según Martínez, “esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido” y también tiene como blancos a ciudadanos de a pie, “muchos de los cuales no han recuperado su libertad”.

“Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad en la Argentina establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina”, sentenció el titular de la bancada panperonista, que comentó que la denuncia judicial está patrocinada por Alejandro Rúa, recayó el el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de Ramiro González.

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau precisó que “los delitos que se le imputan en esta denuncia a estos funcionarios son los delitos de tormentos, vejámenes, privación ilegitima de la libertad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”

La presentación judicial, que se presentó este martes al mediodía, apunta contra Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, el prefecto general de la PFA, Guillermo Giménez Pérez.

Se enviaron copias al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Amercianos, a la Unión Interparlamentaria Mundial de la ONU, y a la Procuración de Violencia Institucional.

Durante su alocución, Moreau calificó a Bullrich como “una mercenaria de la violencia estatal” y dijo que ella confesó en declaraciones públicas que ordenó la represión contra diputados nacionales de forma adrede, con el objetivo de «intimidar» a los ciudadanos comunes para que vaciaran la plaza del Congreso.

“Los diputados nacionales, como ha ocurrido en otras marchas, concurrimos en el ejercicio de un derecho que tenemos pero no como diputados nacionales sino como simples ciudadanos que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho a representar a nuestros representados. Y nuestros representados, según nuestra mirada política, estaban en ese momento expresándose pacíficamente”, manifestó.

“En las anteriores oportunidades, en marchas mucho más multitudinarias en la que no intervinieron Buillrich ni las fuerzas federales, no hubo ningún hecho de represión que lamentar. Cada vez que ella interviene sí se producen estas circunstancias”, analizó el radical kirchnerista.

Moreau recordó que la represión se produjo cerca de las 13.30 cuando un grupo de diputados salió al Congreso para tomar contacto con “los representados” y expresarles la decisión de “acompañarlos en la marcha para oponerse a la ley Bases”.

“Éramos un pequeño grupo de diputados. No creo que superáramos la veintena y un grupo de colaboradores. Un pelotón de la prefectura avanzó sobre nosotros y atrás la Policía Federal. (El diputado nacional de UP Carlos) Castagneto y otro legislador esperaron que llegara este cordón con el objeto de establecer un diálogo pacífico para neutralizar el conflicto, no para provocarlo”, siguió el relato.

“Castagneto se dirigió a quien encabezaba este pelotón y a pocos segundos comenzó una represión que tuvo ordenada y dirigida por Patricia Bullrich desde la sala de situación donde estaba monitoreando» el operativo, señaló.

A su criterio, el objetivo más allá de “agredir al Congreso” era “generar un clima de intimidación” para que “el ciudadano que todavía no se había acercado a la plaza y estaba siguiendo lo que los medios estaban transmitiendo por cadena” desistieran de ir al ver el “ataque despiadado y desproporcionado contra diputados”.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes, además de Castagneto, Martínez y Moreau, los diputados nacionales Carolina Yutrovic, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Luis Basterra y Paula Penacca, entre otros.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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