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Denuncia

Demandan a Bullrich por plan represivo

Germán Martínez, denunció un “claro plan represivo” en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich.

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El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria anunció hoy la presentación de una denuncia ante los tribunales de Comodoro Py contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios por la represión sufrida por varios legisladores durante la protesta que se desarrolló el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso mientras se debatía el proyecto de Bases.

En una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de la Cámara baja, el jefe de la bancada, Germán Martínez, denunció un “claro plan represivo” en la Argentina a cargo del presidente Javier Milei y la ministra Bullrich.

Para el santafesino, la represión policial que padecieron diputados y diputadas de su bloque “es un eslabón más que demuestra el desprecio del presidente Javier Milei respecto del Congreso y de la división de poderes”.

“No es la primera vez que lo hace. Recordemos que el presidente inicio su mandato a espaldas del Congreso argentino. El presidente arrancó su mandato con el DNU 70/2023 arrogándose facultades que no son propias del Poder Ejecutivo y que le corresponde al Congreso. El presidente no dejó en ningún momento de agraviar, de insultar a diputados nacionales de distintas bancadas, no importa quién”, reprochó.

Según Martínez, “esta represión claramente planificada y dirigida a los diputados nacionales va en ese sentido” y también tiene como blancos a ciudadanos de a pie, “muchos de los cuales no han recuperado su libertad”.

“Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad en la Argentina establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales en la Argentina”, sentenció el titular de la bancada panperonista, que comentó que la denuncia judicial está patrocinada por Alejandro Rúa, recayó el el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de Ramiro González.

Por su parte, el diputado Leopoldo Moreau precisó que “los delitos que se le imputan en esta denuncia a estos funcionarios son los delitos de tormentos, vejámenes, privación ilegitima de la libertad, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”

La presentación judicial, que se presentó este martes al mediodía, apunta contra Patricia Bullrich, el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, el prefecto general de la PFA, Guillermo Giménez Pérez.

Se enviaron copias al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Amercianos, a la Unión Interparlamentaria Mundial de la ONU, y a la Procuración de Violencia Institucional.

Durante su alocución, Moreau calificó a Bullrich como “una mercenaria de la violencia estatal” y dijo que ella confesó en declaraciones públicas que ordenó la represión contra diputados nacionales de forma adrede, con el objetivo de «intimidar» a los ciudadanos comunes para que vaciaran la plaza del Congreso.

“Los diputados nacionales, como ha ocurrido en otras marchas, concurrimos en el ejercicio de un derecho que tenemos pero no como diputados nacionales sino como simples ciudadanos que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho a representar a nuestros representados. Y nuestros representados, según nuestra mirada política, estaban en ese momento expresándose pacíficamente”, manifestó.

“En las anteriores oportunidades, en marchas mucho más multitudinarias en la que no intervinieron Buillrich ni las fuerzas federales, no hubo ningún hecho de represión que lamentar. Cada vez que ella interviene sí se producen estas circunstancias”, analizó el radical kirchnerista.

Moreau recordó que la represión se produjo cerca de las 13.30 cuando un grupo de diputados salió al Congreso para tomar contacto con “los representados” y expresarles la decisión de “acompañarlos en la marcha para oponerse a la ley Bases”.

“Éramos un pequeño grupo de diputados. No creo que superáramos la veintena y un grupo de colaboradores. Un pelotón de la prefectura avanzó sobre nosotros y atrás la Policía Federal. (El diputado nacional de UP Carlos) Castagneto y otro legislador esperaron que llegara este cordón con el objeto de establecer un diálogo pacífico para neutralizar el conflicto, no para provocarlo”, siguió el relato.

“Castagneto se dirigió a quien encabezaba este pelotón y a pocos segundos comenzó una represión que tuvo ordenada y dirigida por Patricia Bullrich desde la sala de situación donde estaba monitoreando» el operativo, señaló.

A su criterio, el objetivo más allá de “agredir al Congreso” era “generar un clima de intimidación” para que “el ciudadano que todavía no se había acercado a la plaza y estaba siguiendo lo que los medios estaban transmitiendo por cadena” desistieran de ir al ver el “ataque despiadado y desproporcionado contra diputados”.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes, además de Castagneto, Martínez y Moreau, los diputados nacionales Carolina Yutrovic, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Luis Basterra y Paula Penacca, entre otros.

Denuncia

Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes

Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.

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El Argentino Diario-La influencia de Karina Milei sobre su hermano-Hayden Davis-Hablar Milei.
La causa podría avanzar hacia indagatorias de Javier y Karina Milei, aunque sin fecha definida.

Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.

Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

El fallo que los dejó afuera

El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».

Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.

Taiano y las pericias que no llegan

Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.

Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.

A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.

El contexto: un lanzamiento con sello presidencial

La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».

La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.

Lo que tenés que saber

  • Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
  • La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
  • Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
  • El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
  • La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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