DDHH
Luche y que se escuche: Servini liberó a 11 detenidos por manifestarse
Aún permanecen detenidos Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez.
La jueza federal María Romilda Servini ordenó este martes la excarcelación de otros 11 detenidos por protestar contra la Ley Bases, argumentando «falta de mérito», según informaron fuentes judiciales.
La decisión se tomó poco después de una manifestación de familiares y organismos de DDHH en la Plaza de Mayo.


Aún permanecen detenidos Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez.
La falta de mérito
La resolución judicial se basó en declaraciones de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad y en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Congreso.
La jueza Servini explicó caso por caso los motivos de la excarcelación. En el caso de Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez Oliva, Sofia Belén Ottogali, Nicolás Daniel Mayorga y Sasha Jazmin Lyardet, la jueza señaló que, aunque el inspector los acusó de formar parte de «un grupo de encapuchados que tiraban piedras», «no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa -máscaras, ondas, piedras, palos, etc.-.
A consecuencia de ello, de momento, no se poseen registros fílmicos de los hechos, ni se produjo el secuestro de objeto alguno que acredite los hechos».
La movilización de familiares en Plaza de Mayo
La decisión judicial coincidió con una movilización en la Plaza de Mayo, donde familiares de las 16 personas que seguían detenidas hasta el martes por la tarde pidieron por su liberación.
A la movilización asistieron familiares, amigos, compañeros de universidad y de trabajo, además de dirigentes políticos, organismos de derechos humanos y sindicatos.
Liberaciones previas
El viernes pasado, la jueza Servini liberó a 17 de los 33 detenidos originalmente. Entre los liberados se encontraban Sofía Belén Ottogali, Gonzalo Duro, Martín Di Roco, Mateo De Tore, Germán Moyano, Fernando Klaus Leone, Ricardo Shariff, Diego Ignacio Kurburo, Román Esteban Méndez, Luis Alberto de la Vega, Santiago Lautaro Adano, Brian Ezequiel Ortíz, Belén Yanina Ocampo, Matías Leonel Ramírez, Nora Edith Longo, Remigio Ramón Ocampo y Mía Pilar Ocampo.
La represión del Gobierno de Milei
Desde la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi), expresaron su descontento con la política del Gobierno: «Esta política del Gobierno de Milei, de Patricia Bullrich, que lo que quiere hacer es cercenar el derecho a la protesta, que quienes salgan a luchar se amedrenten con todas estas medidas. Sigamos haciendo fuerza, sigamos gritando ‘libertad a los presos por luchar'».
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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