Política 📢
Santilli respalda a Milei pese a la estafa cripto que afectó a su hijo
El diputado del PRO insiste en respaldar al jefe de Estado en medio del escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA, que resultó ser una estafa y perjudicó a miles de inversores, incluido su propio hijo.
El viernes 14 de febrero, el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una recomendación para invertir en la criptomoneda $LIBRA, describiéndola como un proyecto destinado a «incentivar el crecimiento de la economía argentina» mediante el financiamiento de pequeñas empresas y emprendimientos locales. Tras este respaldo, el valor de $LIBRA se disparó, atrayendo a más de 40.000 inversores. Sin embargo, pocas horas después, su valor se desplomó, generando pérdidas millonarias. Ante la polémica generada, Milei eliminó su publicación y afirmó no estar al tanto de los detalles del proyecto, calificando la situación como una «cama» tendida por adversarios políticos.
La afectación directa a la familia Santilli
Entre los damnificados se encuentra Teo Santilli, hijo de Diego Santilli y la periodista Nancy Pazos. Teo, de 23 años y licenciado en negocios digitales, invirtió en $LIBRA motivado por la promoción presidencial. Según Pazos, su hijo adquirió la criptomoneda cuando su valor rondaba los 2,3 dólares, pero tras el colapso, sufrió pérdidas significativas. A pesar de la afectación directa a su familia, Diego Santilli defendió a Milei, argumentando que el presidente también fue víctima de una maniobra fraudulenta. «Para mí hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes que le hicieron una cama a miles de personas y al propio Presidente», declaró Santilli.
Repercusiones políticas y legales
El escándalo ha generado una ola de denuncias contra Milei por presunta estafa y asociación ilícita. La jueza federal María Servini quedó a cargo de las investigaciones, que buscan esclarecer la participación del presidente en la promoción de $LIBRA y su posible responsabilidad en las pérdidas sufridas por los inversores. Mientras tanto, sectores de la oposición han impulsado un pedido de juicio político contra Milei, acusándolo de utilizar su investidura para promover inversiones fraudulentas. No obstante, Santilli se mostró en contra de esta iniciativa, afirmando: «Lo que piensa el arco político del kirchnerismo está en las antípodas de lo que creo. Cuando piden algo así, inmediatamente nos lleva a pararnos en la vereda de enfrente».
La promoción de inversiones de alto riesgo por parte de figuras políticas plantea serios cuestionamientos sobre la ética y la responsabilidad en el uso de plataformas oficiales para influir en decisiones financieras de la ciudadanía. El caso de $LIBRA evidencia la necesidad de una regulación más estricta en el ámbito de las criptomonedas y una mayor cautela por parte de los líderes al respaldar proyectos financieros. Además, la defensa de Santilli hacia Milei, pese al perjuicio directo a su hijo, refleja las complejidades y lealtades en el entramado político argentino, donde las alianzas y rivalidades pueden influir en las respuestas ante situaciones de crisis.
Puntos clave del $LIBRA-gate:
- El presidente Javier Milei promovió la criptomoneda $LIBRA, que posteriormente se desplomó, causando pérdidas a más de 40.000 inversores.
- Teo Santilli, hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos, fue uno de los afectados por la caída de $LIBRA.
- A pesar de la afectación a su hijo, Diego Santilli defendió a Milei, argumentando que el presidente también fue víctima de una estafa.
- La jueza federal María Servini está a cargo de las investigaciones por presunta estafa y asociación ilícita relacionadas con $LIBRA.
- Sectores de la oposición impulsan un juicio político contra Milei por su promoción de la criptomoneda.
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Judiciales ⚖️
Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.
Lo que tenés que saber
- Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
- El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
- La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
- Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
- Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
- Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
- También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.
Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos
La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.
La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.
El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.
Las irregularidades señaladas en la licitación
Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.
La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.
Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.
Señalamientos sobre el rol de la administración
La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.
En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.
También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.
Pedido judicial y medidas solicitadas
La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.
También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.
La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.
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