Investigación 🔎
$LIBRAgate: la Oficina Anticorrupción investigará si Milei incumplió con la Ley de Ética Pública
El Gobierno libertario en el ojo del huracán. La promoción de la criptomoneda $Libra por parte del jefe de Estado argentino desató una crisis política y económica, con denuncias de estafa y pedidos de juicio político.
Javier Milei será investigado para determinar si incumplió la Ley de Ética Pública, tras utilizar sus redes sociales para promover la criptomoneda $Libra, vinculada al proyecto «Viva la Libertad Proyect» de la empresa KIP Protocol. Tras la recomendación presidencial, el valor de $Libra se disparó de US$0,000001 a US$5,20 en cuestión de horas. Sin embargo, poco después, la moneda se desplomó abruptamente cuando los desarrolladores retiraron los fondos, dejando a miles de inversores con pérdidas significativas.
Repercusiones y medidas oficiales
Ante el escándalo, la Oficina del Presidente anunció la intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) para investigar posibles conductas impropias por parte de funcionarios, incluido el propio presidente. El titular de la OA, Alejandro Melik, afirmó que se analizará si hubo violaciones a la Ley de Ética Pública, especialmente en lo referente al uso de recursos estatales para promover productos o servicios con fines personales.
Denuncias penales y pedidos de juicio político
La oposición no tardó en reaccionar. El dirigente Claudio Lozano presentó una denuncia penal acusando a Milei de integrar una «asociación ilícita» que habría estafado a más de 40.000 personas, con pérdidas que superarían los cuatro mil millones de dólares. Además, legisladores opositores, como Leandro Santoro, manifestaron la necesidad de iniciar un juicio político contra el presidente debido a la gravedad del escándalo.
Implicaciones políticas y económicas
Este incidente pone en entredicho la confianza en las criptomonedas y en la gestión económica del gobierno de Milei. La promoción de una moneda digital sin la debida diligencia refleja una falta de responsabilidad institucional y podría tener repercusiones en la estabilidad financiera del país. Además, la rapidez con la que se produjo el colapso de $Libra sugiere la posibilidad de una estafa tipo «rug pull», donde los desarrolladores inflan artificialmente el valor de un activo para luego retirar los fondos, dejando a los inversores con pérdidas.
Puntos clave:
- El presidente Javier Milei promovió la criptomoneda $Libra, que luego se desplomó, causando pérdidas millonarias.
- La Oficina Anticorrupción investigará posibles irregularidades en la conducta del mandatario y otros funcionarios.
- Se presentaron denuncias penales y pedidos de juicio político contra Milei por su implicación en el escándalo.
- El incidente afecta la confianza en las criptomonedas y plantea dudas sobre la gestión económica del gobierno.
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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