Géneros 🟣
Ante la rebeldía de la Corte, Gómez Alcorta exigió a Rozenkratz que cumplan con la Ley Micaela
Por segunda vez en el año, la ministra de Mujeres tuvo que intimar al máximo tribunal para que realice la capacitación pendiente del art. 6 de la Ley.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), Elizabeth pidió este miércoles al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkratz, que defina una fecha para que esa cartera de Estado pueda cumplir la Ley Micaela y capacitar en género a los integrantes del máximo tribunal de justicia.
La nota fue una respuesta a la Resolución N° 2143/2020 enviada a la ministra, en la cual los jueces Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y la jueza María Elena Highton de Nolasco «declinaron la invitación realizada por el MMGyD a fin de dar cumplimiento con lo que establece la Ley Micaela», informó un comunicado.
«Le hago saber que la capacitación pendiente de realizar por las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación se encuentra estipulada por el artículo 6 de la mencionada Ley, tal y como había sido indicado en la nota del 23 de junio de este año», dijo Gómez Alcorta en la nota a Rosenkrantz.
La Ley Micaela establece en su artículo 6 que la capacitación a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación «estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, suprimido a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación quedando éste a cargo de sus obligaciones legales».
las máximas autoridades de los Poderes del Estado deben ser capacitadas por el MMGyD ya que no pueden capacitarse a sí mismas.
Sobre las capacitaciones que imparte la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, la ministra Gómez Alcorta le recordó al titular del alto tribunal que «el convenio firmado entre la Corte Suprema y el ex Instituto Nacional de las Mujeres, al que hace referencia en la Resolución N° 2143/2020, se enmarca los artículos 4 y 5 de la ‘Ley Micaela’ que se vinculan con las capacitaciones dirigidas a todo el resto del personal del Poder Judicial».
La normativa dispone que son las máximas autoridades de los distintos poderes, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género si estuvieren en funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, las responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones al interior de cada uno de los organismos, recordó la ministra.
También expresó que «es correcto que sea la CSJN la que determine de qué manera va a realizar las capacitaciones al interior de la institución y del Poder Judicial, siendo el MMGyD el responsable de certificar la calidad de las capacitaciones que diseñe e implemente cada organismo».
«Sin embargo, las máximas autoridades de los Poderes del Estado deben ser capacitadas por el MMGyD ya que no pueden capacitarse a sí mismas. En el caso del Poder Judicial, por lo tanto, es el MMGyD quien está obligado por ley a capacitar a los y las miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» (CSJN), aclaró Gómez Alcorta, se explicó.
«Resulta evidente que las cláusulas de un Convenio acordado entre las partes no pueden nunca modificar la obligación que se deriva del artículo de la Ley al cual se hizo mención», añadió la funcionaria.
Y le dijo a Rosenkrantz: «Me dirijo a Ud. en los mismos términos expresados en la nota del 23 de junio del corriente, a la espera de poder coordinar una fecha para la capacitación estipulada por la Ley».


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Córdoba
Ley Agostina: proyecto del padre para proteger a la infancia tras el femicidio
Gabriel Vega, el padre de Agostina, la menor de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba, presenta hoy en la Legislatura el proyecto que busca prevenir, detectar y proteger a niños, niñas y adolescentes. El texto reúne ocho puntos fundamentales e incluye detección escolar, protocolos ante violencia y abuso, y coordinación estatal con articulación con la Ley Lucio.
Gabriel Vega, el padre de Agostina, la menor de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba, presenta este martes 1° de septiembre a las 11.30 en la Legislatura el proyecto de ley que busca prevenir, detectar y proteger a niños, niñas y adolescentes. Son ocho puntos fundamentales, aunque el sistema integral incluirá otros aspectos esenciales.
A más de tres meses del femicidio de la chica de 14 años, cuyo caso ya tiene seis detenidos, el papá de la menor intenta impulsar un proyecto de ley para la protección de la infancia y la adolescencia a través de respuestas estatales rápidas ante situaciones de violencia o abuso.
Los ocho puntos del proyecto
La iniciativa busca que el Estado reaccione con rapidez frente a señales de riesgo sobre menores. El texto contempla:
- Detección en establecimientos educativos.
- Protocolos ante ausentismo, cambios de conducta, violencia, abuso, autolesiones, grooming y consumos.
- Abordaje de consumos problemáticos, con una evaluación interdisciplinaria para prevenir riesgos sin estigmatizar.
- En los procesos de familia, comunicación judicial de indicadores de riesgo y medidas de protección.
- Protección en clubes, con protocolos y un referente institucional en entidades deportivas con niños, niñas y adolescentes.
- Evaluación y seguimiento con estadísticas anonimizadas para medir y mejorar el sistema.
- Coordinación estatal con articulación entre SENAF, Educación, Salud, Justicia, MPF, municipios y más.
- Implementación progresiva con recursos existentes, evitando duplicaciones innecesarias.
Articulación con la Ley Lucio
El proyecto se completa con la articulación con la Ley Lucio, la cual fortalece la detección, mientras que la Ley Agostina organiza la respuesta posterior.
Puntos clave
- Gabriel Vega presentó el proyecto en la Legislatura de Córdoba este martes 1° de septiembre a las 11.30.
- La norma busca prevenir, detectar y proteger a niños, niñas y adolescentes ante la violencia.
- A más de tres meses del femicidio de la menor de 14 años, el caso tiene seis detenidos.
- El texto incluye detección escolar, protocolos ante abuso y grooming, y protección en clubes.
- Articula con la Ley Lucio para organizar la respuesta estatal posterior.
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