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Buenos Aires

Tras postergarse el desalojo en Guernica, cerca de 150 personas permanecen en el predio

«Hoy no se hace el desalojo, todo depende ahora de la logística policial. No tenemos aún fecha cierta de inicio del procedimiento», señaló el fiscal Romero. Más de 600 familias ya fueron reubicadas.

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«Hoy no se hace el desalojo, todo depende ahora de la logística policial. No tenemos aún fecha cierta de inicio del procedimiento», señaló el fiscal Romero. Más de 600 familias ya fueron reubicadas.

El fiscal Marcelo Romero, uno de los tres que intervienen en la causa por el desalojo de las familias que aún permanecen ocupando un predio de Guernica, en el partido de Presidente Perón, informó que hoy no se producirá el desalojo previsto por la justicia y que aún «no hay fecha cierta del procedimiento».

«Hoy no se hace el desalojo, todo depende ahora de la la logística policial. No tenemos aún fecha cierta de inicio del procedimiento», dijo el fiscal Romero esta mañana.

El operativo estaba previsto para comenzar a partir de las 10 de hoy, luego de dos pedidos de postergaciones por parte del Gobierno bonaerense, y con «el 80 por ciento de las familias ya reubicadas», según informó ayer el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque.

Por su parte, desde las organizaciones de izquierda que apoyan el reclamo de las familias que aún ocupan el predio indicaron -en un comunicado de prensa- que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires los convocó a una nueva ronda de diálogo a partir de las 10 en las carpas ministeriales situadas en Guernica.

«No hay operativo policial. El Gobierno nos convoca a un diálogo hoy a las 10. No descartamos desalojo si fracasa la reunión luego del mediodía», manifestaron en un comunicado.

Ayer, Larroque, precisó que «601 familias ya firmaron el acta para irse de manera voluntaria» del predio ocupado en Guernica y que «no llegan a 150 personas» que aún permanecen en el lugar.

El funcionario informó sobre los resultados del operativo interministerial realizado en el distrito de Presidente Perón en el marco del plan de contingencia para el desalojo pacífico y voluntario solicitado al juez que entienden en la causa, Juan Martín Rizzo.

A horas del desalojo previsto para hoy, el Gobierno bonaerense aceleraba las gestiones para que la desocupación sea pacífica, pese al clima de tensión que generan algunas organizaciones de izquierda que apoyan a los vecinos renuentes a abandonar el lugar.

Las familias que abandonaron el predio firmaron un acta acuerdo en la que se comprometieron a dejar los terrenos y, por su parte, el Gobierno provincial los ubicó en otros domicilios o los proveyó de materiales de construcción para ampliar sus viviendas, y a otros se los ayudó en el pago de alquiler.

Los terrenos reclamados por sus propietarios- unas 100 hectáreas- fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras provenientes de los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.

Tras la denuncia a la justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A. el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó abordar el desalojo.

La resolución del juez Rizzo dice que, «una vez ocurrida la desocupación de los lotes, deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Perez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.».

En el marco del trabajo que el Gobierno bonaerense realizó en el predio, se instalaron cinco carpas interministeriales para atender la situación de los ocupantes, se detectó que entre las personas que tomaron los terrenos hay desempleados que no podían enfrentar un alquiler, en tanto que medio centenar de ellas son mujeres en situación de violencia de género.

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Buenos Aires

“Nos vemos mañana wachines”: alarma en San Miguel por amenaza de masacre escolar

Un mensaje en redes encendió las alertas y derivó en un operativo policial con secuestro de elementos en una vivienda familiar.

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Lo que tenés que saber

  • Identificaron a un adolescente de 16 años por amenazas en redes sociales.
  • El caso involucra al Colegio Juana Manzo de San Miguel.
  • Un aviso al 911 permitió iniciar la investigación.
  • En el domicilio secuestraron celulares, una réplica de arma y munición.
  • La causa fue caratulada como “intimidación pública”.

Amenaza en redes y rápida intervención policial

Un adolescente de 16 años quedó en el centro de una investigación tras publicar mensajes intimidatorios en redes sociales donde advertía sobre una posible masacre en el Colegio Juana Manzo, en el partido bonaerense de San Miguel.

El caso se conoció luego de que un denunciante anónimo alertara al 911 por la difusión de imágenes en Instagram y canales de WhatsApp en las que el menor exhibía un arma. En esos mensajes se leía: “Nos vemos mañana, wachines”.

Identificación del sospechoso

Con las capturas aportadas, los investigadores verificaron la existencia de las cuentas, que luego fueron cerradas. Sin embargo, las tareas continuaron y permitieron detectar otro perfil con más imágenes del adolescente posando con el arma.

Tras contactar al Consejo Escolar de San Miguel, las autoridades lograron identificar al sospechoso como J.N.R., alumno de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”. Como medida preventiva, se dispusieron consignas policiales en el establecimiento.

Allanamiento y elementos secuestrados

El fiscal Fernando Simi, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías del Joven, a cargo de Marcelo Kogan.

Durante el procedimiento, realizado por personal de la DDI San Martín y la SUB DDI San Miguel, se encontró al menor en su domicilio junto a su familia. En el lugar se secuestraron:

  • Siete teléfonos celulares
  • Una pistola de gas comprimido marca Fox calibre 4,5 (réplica de una 9 mm)
  • Una notebook
  • Una munición calibre 9 milímetros troncocónica, percutada sin disparo

Estado de la causa judicial

El expediente fue caratulado como “intimidación pública”. Según informaron fuentes oficiales, no se tomó temperamento contra integrantes del grupo familiar.

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