La Corte Suprema les dijo a los “grupos de interés” que presionan por la Ley de Tierras que pueden recurrir al reclamo judicial, algo “más adecuado” que “la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”. El mensaje llegó dos días después de que el propio tribunal rechazara, por falta de legitimación, la demanda de una asociación de ex combatientes de Malvinas.

La aclaración, dirigida a la opinión pública con la finalidad de “despejar dudas”, se difundió a raíz de la sentencia en la causa “Cecim c. el Gobierno Nacional”, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El fallo revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la ley 26.737 de Tierras Rurales.

Un fallo “procesal” que dejó sin efecto la inconstitucionalidad

El tribunal insistió en que “solo se decidió un aspecto procesal”, referido a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar, y que la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” de la Corte. Agregó que no afecta otras cautelares con el mismo objeto que se encuentran en trámite ante distintos tribunales, y que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras puede solicitar una, cuya procedencia deberá resolver el juez competente.

La Corte aclaró que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154, pero su decisión eliminó la sentencia que sí lo había hecho. Esa es la tensión central de un comunicado que busca separar el fallo de cualquier lectura política.

Un mensaje para la política y para las redes

El máximo tribunal afirmó que “la crítica es correcta”, pero que “la descalificación y el odio solo deterioran las instituciones y la democracia”. En los pasajes difundidos del comunicado no se identifica a quiénes apunta la advertencia. El texto circuló como un mensaje de los voceros del tribunal, enmarcado en su “política de lenguaje claro”, y no como una acordada publicada en sus canales oficiales, según publicó la prensa local.

Lo cierto es que el fallo generó reacciones inmediatas. El gobernador bonaerense Axel Kicillof lo calificó en su cuenta oficial de X como “el fallo de la infamia” y sostuvo que “lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”. Recordó que, “hace menos de dos meses”, miles de argentinos se movilizaron contra la entrega del territorio y que el Gobierno nacional tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado.

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), autor del amparo, sostuvo por su parte que la Corte “puso a la Argentina en venta” y que con su decisión “resolvió el problema político” del Gobierno. Ambas reacciones apuntan al mismo lugar: lo que el oficialismo no logró por ley quedó habilitado por un fallo que, según la propia Corte, no resolvió nada de fondo.

Lo que la Corte dice que no resolvió

El tribunal recordó que el DNU 70/2023 fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024 y que hoy es examinado por la Cámara de Diputados, y sostuvo que la sentencia no obstaculiza la actuación del Congreso sobre ese aspecto del decreto.

En ese terreno ya se movió la oposición: Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, anticipó que pedirá una sesión especial para derogar el DNU 70/2023, mientras que en el Senado Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino presentaron un proyecto para derogar el artículo 154 y reponer la ley 26.737.

La Corte precisó además que la disputa sobre el artículo 154 y la vigencia de la ley 26.737, el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales, no fue resuelta en este expediente. Dijo que se expedirá sobre esas normas cuando lleguen los reclamos correspondientes, algo que todavía no ocurrió, por lo que aseguró que no puede interpretarse que exista una posición del tribunal o de sus ministros sobre el régimen.

La paradoja es evidente: la Corte pide que su fallo no se lea como una posición sobre la Ley de Tierras, pero el resultado de esa decisión fue dejar sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional su derogación. El tribunal también reivindicó su actuación en materia ambiental y aseguró que ejerció durante años “un liderazgo” en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos.

Lo que tenés que saber:

• La Corte dijo que en la causa “Cecim c. el Gobierno Nacional” solo se decidió un aspecto procesal, la legitimación de la asociación.
• Aclaró que el fallo no impide otras cautelares ni que cualquier persona cuestione el régimen de tierras ante un juez.
• Cuestionó los “discursos de odio y descalificación” en redes y afirmó que la crítica es correcta.
• Kicillof lo llamó “el fallo de la infamia” y el Cecim sostuvo que la Corte “puso a la Argentina en venta”.
• La oposición impulsa en ambas cámaras la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023.