CABA
“La patria no se vende”: marchan a Tribunales contra el fallo que habilita la compra de tierras por extranjeros
La concentración será el martes 6 de octubre a las 17 en Plaza Lavalle. Leandro Santoro, el CECIM La Plata y las dos CTA cuestionan el fallo de la Corte Suprema que dejó sin límites la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos convocaron a una movilización frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna “La patria no se vende, la soberanía tampoco”, en rechazo al fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente sin efecto los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La protesta será el martes 6 de octubre a las 17 en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. La convocatoria cuenta con el respaldo del legislador porteño Leandro Santoro, el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, entre otras organizaciones.
Santoro: “La tierra es un bien finito y no renovable”
En un video difundido para convocar a la movilización, Santoro marcó una diferencia entre la llegada de inversiones productivas y la adquisición de recursos estratégicos.
“No es lo mismo invertir trayendo capital privado para poner una fábrica que comprar tierra, que es un bien finito y no renovable”, sostuvo.
El legislador advirtió que una inversión destinada a generar producción y empleo no puede equipararse con la transferencia del control de recursos estratégicos.
“Una cosa es tratar de que la Argentina genere valor, genere puestos de trabajo, genere producción, y otra cosa es transferirle a un extranjero el control de un recurso estratégico, por ejemplo, el agua”, señaló.
También cuestionó la concentración de grandes extensiones de territorio y mencionó el caso de Lago Escondido, donde un propietario extranjero adquirió más de 13.000 hectáreas.
El antecedente que impulsó la Ley de Tierras
Santoro también recordó el contexto en el que se sancionó la Ley de Tierras en 2011 y mencionó el caso de Valle Hermoso, en La Rioja.
Según relató, en 2008 un inversor estadounidense adquirió unas 200.000 hectáreas, operación que incluía viviendas de habitantes de la zona, una escuela, una capilla, un puesto sanitario y fuentes de agua.
“Las inversiones privadas no son sinónimos necesariamente de beneficio social”, afirmó.
La normativa estableció límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros con el objetivo de preservar el dominio nacional sobre el territorio y determinados recursos estratégicos.
El fallo de la Corte y la disputa judicial
La controversia se profundizó después de que la Corte Suprema determinó que el CECIM La Plata, que había promovido la demanda contra el artículo 154 del DNU 70/2023, no tenía legitimación procesal para intervenir en el planteo y señaló la ausencia de un caso concreto.
El artículo cuestionado dejó sin efecto las restricciones establecidas por la Ley de Tierras para la adquisición de inmuebles rurales por extranjeros.
Tras la decisión judicial, distintos sectores de la oposición impulsaron nuevas acciones. Los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar, mientras que diferentes bloques legislativos buscan reunir el quórum necesario para una sesión especial prevista para el 15 de octubre, con el objetivo de avanzar contra el DNU 70/2023.
Los excombatientes vinculan la disputa con la soberanía
Desde el CECIM La Plata, Ernesto Alonso cuestionó la decisión del máximo tribunal y la vinculó directamente con la defensa de la soberanía territorial.
El dirigente calificó el escenario como parte de un “plan sistemático de entrega” y sostuvo que la discusión excede el régimen de propiedad de la tierra para involucrar el control de bienes comunes y recursos estratégicos.
Con ese planteo, la movilización del martes frente a Tribunales buscará instalar nuevamente el debate sobre el acceso extranjero a las tierras rurales y, al mismo tiempo, expresar el rechazo político y social al fallo de la Corte Suprema.
La convocatoria lleva una consigna que sintetiza el reclamo: “La patria no se vende, la soberanía tampoco”.
CABA
Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle
La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.
Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.
«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano
La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.
El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.
El nuevo pliego: tecnología como respuesta política
Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.
La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
- El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
- Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
- El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
- La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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