★ La sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue allanada este viernes por orden del juez federal Julián Ercoloni, a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano. La investigación apunta al secretario general del gremio, Abel Furlán, y a María Soledad Calle, por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita vinculadas a un contrato entre la empresa USEM y el sindicato metalúrgico.

Según trascendidos judiciales, la pesquisa examina si ese contrato implicó el desvío de fondos provenientes de los afiliados del gremio. De acuerdo a versiones extraoficiales difundidas por medios como Infobae y La Nación, la recaudación bajo análisis ascendería a 100 millones de pesos mensuales, aunque esta cifra no fue confirmada oficialmente por el juzgado ni por la fiscalía al cierre de esta edición.

En esa misma línea extraoficial, trascendió que el control de USEM estaría vinculado a La Cámpora, dato que tampoco fue corroborado por fuentes judiciales con nombre y cargo identificables, por lo que debe consignarse como versión periodística no confirmada.

El timing del allanamiento y su contexto político

El procedimiento judicial no ocurre en el vacío. La UOM es uno de los sindicatos que lideró la resistencia más activa contra la Ley de Modernización Laboral a lo largo de las últimas semanas. Furlán integra el núcleo duro del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el espacio que desafió la conducción dialoguista de la CGT con marchas en Córdoba, Rosario y tres movilizaciones frente al Congreso durante el tratamiento legislativo de la reforma.

El pasado lunes 9 de marzo, referentes del FreSU se reunieron precisamente en la sede porteña de la UOM para definir la estrategia de expansión nacional del frente, con acciones ya confirmadas en Tierra del Fuego y una conferencia de prensa prevista para esta semana.

La coincidencia entre ese protagonismo sindical y el allanamiento de este viernes instala una pregunta que el periodismo tiene la obligación de formular: si la causa judicial tiene sustento propio en evidencias concretas, o si el timing responde a una lógica de presión sobre uno de los dirigentes sindicales más confrontativos con el gobierno de Javier Milei. Esta redacción no puede afirmar ni descartar ninguna de las dos hipótesis con la información disponible al cierre de esta nota; pero el antecedente existe y es relevante.

En la Argentina reciente, la utilización de causas judiciales como herramienta de disciplinamiento político y sindical tiene antecedentes documentados. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), varios dirigentes gremiales opositores enfrentaron investigaciones que avanzaron con velocidad inusual en momentos de conflicto con el Poder Ejecutivo, según registraron en su momento medios como Página 12 y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Quiénes son los investigados y qué se les imputa

Abel Furlán conduce la UOM desde 2016 y es una de las figuras más visibles del sindicalismo combativo argentino. En los últimos meses lideró las protestas del sector metalúrgico ante la caída sostenida del empleo industrial, agravada por la política de apertura de importaciones del gobierno libertario.

El gremio metalúrgico es uno de los más afectados por la crisis industrial: según datos del Ministerio de Trabajo relevados por medios especializados, el sector registró una caída significativa de puestos de trabajo a lo largo de 2024 y los primeros meses de 2025.

María Soledad Calle figura en la causa como co-investigada en relación con el contrato entre la empresa USEM y la UOM. La naturaleza exacta de ese contrato y el rol específico de Calle en la operatoria no fueron precisados en la información oficial disponible al cierre de esta nota.

La UOM en el centro de la tormenta sindical e industrial

El allanamiento de este viernes se produce en un momento particularmente sensible para el sindicalismo metalúrgico. El sector atraviesa una de sus peores crisis en décadas, con plantas cerradas o en producción reducida en los principales polos industriales del país.

La apertura indiscriminada de importaciones instrumentada por el gobierno de Milei afectó de manera directa la competitividad de la producción nacional de acero, autopartes y bienes de capital, rubros en los que la UOM tiene presencia histórica.

Furlán venía denunciando públicamente esa situación desde la asunción del gobierno libertario y había escalado su postura de confrontación al punto de integrar el FreSU como alternativa a la estrategia moderada de la cúpula cegetista. En ese marco, el allanamiento a la sede del gremio que preside impacta de lleno sobre la capacidad operativa y la imagen pública de uno de los actores centrales de la resistencia sindical a la reforma laboral.

Puntos clave

• La sede de la UOM fue allanada este viernes 13 de marzo por orden del juez federal Julián Ercoloni, a requerimiento del fiscal Eduardo Taiano (fuente: información judicial confirmada).
• La investigación apunta a Abel Furlán y María Soledad Calle por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita vinculadas a un contrato con la empresa USEM.
• La cifra de 100 millones de pesos mensuales y el vínculo de USEM con La Cámpora circularon como versiones extraoficiales y no fueron confirmados oficialmente al cierre de esta edición.
• La UOM es uno de los sindicatos fundadores del FreSU y su sede fue utilizada el lunes 9 de marzo para la reunión de planificación de la expansión nacional de ese espacio.
• El contexto de confrontación activa de Furlán con el gobierno de Milei es un dato de relevancia pública que esta redacción consigna sin extraer conclusiones sobre la motivación de la causa judicial. ★