★ La exlegisladora porteña Ofelia Fernández cuestionó duramente la propuesta de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y la calificó como «demagogia punitiva» durante su análisis en la columna «Las sospechas de Ofelia», transmitida en el canal de YouTube «Gelatina», que si bien fue emitida ya hace algunos meses, su mirada es un aporte de gran valor sobre el tema.

Fernández afirmó que «la política ha dejado de pretender resolver problemas para enfocarse en construir estridencias electorales». La dirigente juvenil apuntó contra la lógica que sostiene el proyecto oficialista y denunció la construcción mediática de los adolescentes en conflicto con la ley como «monstruos» que justifica medidas punitivas sin abordar las causas estructurales de la violencia juvenil.

Pedro Rosemblat, quien acompañó a Fernández en el debate, coincidió en que la propuesta refleja una desconexión entre la dirigencia política y las problemáticas reales de los adolescentes. «Es más fácil endurecer penas que invertir en educación o en programas de contención social», señaló el conductor, quien también criticó la falta de voluntad política para implementar soluciones integrales.

La deshumanización de los adolescentes

Fernández denunció que «la demagogia por derecha desinfantiliza a los jóvenes delincuentes, construyendo una imagen de ‘monstruo’ que impide comprender la complejidad del problema». Esta visión, según la exlegisladora, no solo estigmatiza a los adolescentes, sino que también dificulta la búsqueda de soluciones efectivas.

La construcción mediática de los jóvenes como «peligrosos» ha sido clave para justificar medidas punitivas. Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 56% de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza, y muchos de ellos enfrentan barreras estructurales que los empujan hacia la marginalidad.

En este contexto, reducir la edad de imputabilidad no solo es insuficiente, sino que también podría agravar la exclusión social de los sectores más vulnerables. La propuesta del oficialismo ignora que la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de hogares atravesados por la pobreza, la falta de acceso a educación de calidad y la ausencia de políticas de contención social.

Los datos internacionales que desmiente el punitivismo

La experiencia de otros países ofrece lecciones contundentes sobre los efectos de bajar la edad de imputabilidad. En Brasil, donde la edad mínima de responsabilidad penal es de 12 años, los índices de reincidencia entre jóvenes encarcelados superan el 70%. En contraste, países como Noruega, que priorizan medidas socioeducativas y programas de reinserción, tienen tasas de reincidencia inferiores al 20%.

Estos datos refuerzan la idea de que el enfoque punitivo no solo es ineficaz, sino que también puede ser contraproducente. En Argentina, el sistema penal juvenil ya enfrenta serias deficiencias. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los centros de detención para menores están sobrepoblados y carecen de recursos para garantizar condiciones dignas.

Reducir la edad de imputabilidad sin abordar estas falencias estructurales podría exponer a más adolescentes a un sistema que no está preparado para rehabilitarlos. La falta de inversión en programas de reinserción, tratamiento de adicciones y acompañamiento terapéutico convierte a los centros de detención juvenil en escuelas del delito antes que en espacios de contención y recuperación.

La crisis educativa como clave del problema

Fernández y Rosemblat también destacaron la importancia de abordar la crisis juvenil desde una perspectiva educativa y social. «No se puede dejar a los docentes solos ante esta emergencia. Están quemados, al igual que los alumnos, y necesitan apoyo urgente», afirmó Fernández, quien abogó por una «revolución educativa» que adapte las escuelas a los cambios culturales y priorice el bienestar de docentes y estudiantes.

La exlegisladora también criticó la falta de espacios de diálogo en las escuelas y la ausencia de políticas públicas que promuevan la inclusión social. Según un informe de CIPPEC, los adolescentes que abandonan la escuela tienen un 40% más de probabilidades de entrar en conflicto con la ley. En este sentido, invertir en educación y programas de contención social es clave para prevenir la violencia juvenil.

La referencia a la crisis del sistema educativo pone en evidencia otra contradicción del oficialismo: mientras impulsa el endurecimiento de penas para adolescentes, desfinancia la educación pública y recorta programas sociales que podrían prevenir la marginalidad que empuja a los jóvenes hacia el delito.

Un debate que no puede reducirse a seguridad

Fernández cerró su análisis con un llamado a la reflexión: «La gravedad de un delito no puede ser una excusa para ignorar las causas estructurales que lo generan». En este sentido, es fundamental que la sociedad y la política adopten un enfoque integral que priorice la prevención, la inclusión y la justicia social.

La pregunta que queda es si la dirigencia política estará dispuesta a abandonar la demagogia punitiva para enfrentar los desafíos de fondo. Mientras tanto, los adolescentes más vulnerables seguirán siendo las principales víctimas de un sistema que, lejos de protegerlos, los empuja aún más hacia la exclusión.

El análisis de Fernández pone en evidencia que el debate sobre la edad de imputabilidad no puede resolverse con recetas simplistas que ignoran la complejidad del problema. La construcción de un sistema de justicia penal juvenil efectivo requiere inversión en educación, salud mental, tratamiento de adicciones y programas de reinserción social, no solo el endurecimiento de penas que, según la evidencia internacional, resulta ineficaz para reducir la violencia juvenil.

Puntos clave:

• Ofelia Fernández calificó la baja de imputabilidad como «demagogia punitiva» y denunció que la política dejó de resolver problemas para construir estridencias electorales

• El 56% de los niños y adolescentes en Argentina vive en situación de pobreza según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA

• En Brasil, donde la edad de imputabilidad es de 12 años, la reincidencia juvenil supera el 70%; en Noruega, con enfoque socioeducativo, es inferior al 20%

• Según CIPPEC, los adolescentes que abandonan la escuela tienen 40% más de probabilidades de entrar en conflicto con la ley

• El CELS advirtió que los centros de detención juvenil están sobrepoblados y carecen de recursos para garantizar condiciones dignas ★