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★ El capítulo sindical del proyecto que modifica la Ley 23.551 plantea una reconfiguración profunda de las condiciones en que delegados y sindicatos pueden actuar dentro de las empresas. La iniciativa incorpora nuevas figuras sancionatorias, reduce protecciones históricas y establece que toda asamblea en el lugar de trabajo deberá contar con autorización del empleador.

Asambleas con permiso previo del empleador

El proyecto suma el artículo 20 bis, que establece que asambleas y congresos convocados por representantes sindicales dentro del establecimiento requerirán autorización previa del empleador respecto del horario, la duración y el lugar.

El texto agrega que estas reuniones no podrán afectar “las actividades normales de la empresa” ni generar perjuicios a terceros, y que los trabajadores no cobrarán el salario correspondiente al tiempo dedicado a la asamblea.

Sanciones por “bloqueos” y medidas de fuerza consideradas “muy graves”

La propuesta incorpora el artículo 20 ter, que tipifica como “infracciones muy graves” diversas conductas vinculadas a protestas gremiales. Se incluyen:

• Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida.
• Bloquear o tomar establecimientos.
• Impedir el ingreso o egreso de personas o bienes.
• Dañar personas o bienes de la empresa o de terceros.

Las entidades gremiales responsables podrán recibir sanciones que quedarán sujetas a la reglamentación, además de eventuales responsabilidades civiles o penales individuales.

Límite estricto al crédito horario

La reforma del artículo 44 inciso c) fija un tope de “hasta diez horas mensuales retribuidas” para delegados que ejerzan funciones gremiales, salvo que un convenio colectivo disponga un margen mayor. La norma también subraya que ese tiempo no podrá interrumpir ni afectar las actividades del área de trabajo.

Tutela sindical solo para delegados titulares

El nuevo texto del artículo 52 acota la protección especial contra despidos y cambios en las condiciones laborales. La tutela solo alcanzará a delegados y representantes sindicales titulares, excluyendo de forma explícita a suplentes y congresales.

Prácticas desleales atribuidas a sindicatos

Por primera vez se incorporan “prácticas desleales de las asociaciones sindicales”, mediante el artículo 53 bis. Hasta ahora, esa figura solo existía para conductas patronales.

Entre las prácticas desleales que define el proyecto se encuentran:

• Interferir en la actividad normal de la empresa.
• Promover la afiliación compulsiva.
• Ejercer conductas extorsivas contra trabajadores o empleadores.
• Tomar represalias contra quienes no adhieran a medidas de fuerza.
• Rehusarse a negociar colectivamente.
• No acatar la conciliación obligatoria.

Las sanciones podrán llegar hasta el 20% de los ingresos por cuotas del mes de la infracción, con incrementos del 10% por cada cinco días de mora. Ante reincidencias reiteradas, la autoridad de aplicación podrá revocar la personería o la inscripción gremial.

Un cambio de paradigma en las relaciones laborales

Las modificaciones impulsadas por el Gobierno configuran un giro normativo que altera el equilibrio tradicional entre empleadores y organizaciones sindicales. La exigencia de permiso para asambleas, el límite al crédito horario y la reducción de la tutela sindical modifican de forma directa la estructura de representación en los lugares de trabajo. A la vez, la creación de figuras sancionatorias específicas para protestas gremiales abre la puerta a un control más estricto sobre las formas de acción colectiva.

Puntos clave

• El proyecto exige autorización previa del empleador para asambleas dentro del establecimiento.
• Se tipifican como “infracciones muy graves” los bloqueos, tomas e impedimentos de ingreso o egreso.
• El crédito horario para delegados queda limitado a 10 horas mensuales.
• La tutela sindical se restringe a delegados titulares.
• Se crean sanciones y prácticas desleales aplicables a sindicatos, con multas y posible revocación de personería.