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Legislativo

Represión en el Congreso: la Policía usó hidrante contra jubilados que protestaban por el Presupuesto

Incidentes violentos marcaron la movilización semanal frente al Parlamento mientras se debatía el proyecto de ley para 2026. La ministra de Seguridad justificó el operativo y acusó a «grupos violentos». Mañana habrá marcha de la CGT contra la reforma laboral.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La tarde del miércoles volvió a teñirse de tensión en las inmediaciones del Congreso Nacional. La marcha que los jubilados realizan cada semana para reclamar por sus haberes derivó en violentos incidentes con las fuerzas de seguridad, que desplegaron un camión hidrante para desalentar la protesta mientras los diputados debatían en el recinto el proyecto de Presupuesto 2026.

Los manifestantes derribaron las vallas metálicas dispuestas en el lugar y se produjeron empujones y forcejeos con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería, encargados de hacer cumplir el protocolo antipiquetes impulsado por el gobierno nacional. Las fuerzas federales no dudaron en utilizar el camión hidrante contra los jubilados que intentaban acercarse al Parlamento.

El operativo de seguridad y la respuesta oficial

Según indicaron fuentes policiales, la Policía Federal estuvo a cargo del operativo en la zona del Congreso, mientras que la Policía de la Ciudad se ubicó en un tercer cordón de seguridad como refuerzo del dispositivo represivo.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió rápidamente a justificar el accionar policial a través de sus redes sociales. «Un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas», expresó la funcionaria.

Monteoliva agregó que «como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente». De esta manera, la ministra intentó trasladar la responsabilidad de la represión a los manifestantes, señalando a grupos específicos como responsables de los incidentes.

El contexto político: Presupuesto y leyes clave en debate

Los incidentes se desarrollaron en paralelo a la sesión que la Cámara de Diputados inició a las 14.30 para tratar el proyecto de Presupuesto 2026. En el mismo temario, el oficialismo buscaba aprobar también la ley de Principio de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario, tres piezas legislativas fundamentales para el gobierno libertario.

La movilización de los jubilados, que semana tras semana reclaman por la recomposición de sus haberes en un contexto de inflación sostenida y pérdida del poder adquisitivo, se enmarcó en el rechazo a un proyecto de Presupuesto que no contempla aumentos significativos para el sector pasivo.

La CGT se prepara para una «marcha multitudinaria»

El clima de conflictividad social se profundizará este jueves a las 15, cuando diversas agrupaciones sindicales y sociales realizarán una movilización hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.

La convocatoria fue anunciada el lunes por la CGT, tras una reunión del Consejo Directivo del triunvirato que integran Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). La central obrera prometió una manifestación «multitudinaria» contra la reforma que se debatía en el Senado.

Según fuentes sindicales consultadas, se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo donde diversos oradores expresarán el rechazo del movimiento obrero a un proyecto que consideran atenta contra los derechos laborales conquistados históricamente.

La confluencia de ambas protestas —la de los jubilados y la de la CGT— en días consecutivos refleja el creciente malestar social contra las políticas del gobierno de Javier Milei, que insiste en aplicar su agenda de ajuste fiscal y desregulación laboral pese a la resistencia de amplios sectores de la sociedad.

Puntos clave:

• La Policía Federal utilizó un camión hidrante contra jubilados que protestaban frente al Congreso mientras se debatía el Presupuesto 2026

• La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva justificó el operativo y acusó a «grupos violentos» de derribar las vallas

• Los incidentes se produjeron con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que aplicaron el protocolo antipiquetes

• La CGT convocó para este jueves una marcha «multitudinaria» hacia Plaza de Mayo contra la reforma laboral

• El clima de conflictividad social se intensifica con protestas consecutivas de jubilados y trabajadores organizados

Legislativo

Bregman convoca a movilizar al Congreso: «El gobierno y los jueces se ríen de nosotros»

La diputada del Frente de Izquierda llamó a movilizarse frente al Congreso el 15 de octubre, denunciando que el Poder Judicial actúa en sintonía con el gobierno de Milei y no como árbitro independiente. La frase condensa un clima político que viene creciendo: la impunidad como regla y la calle como única respuesta posible.

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«Basta de que el gobierno y los jueces se rían de nosotros. El 15 de octubre tenemos que estar todos y todas frente al Congreso.» Con esa frase directa y sin eufemismos, la diputada nacional Myriam Bregman lanzó una convocatoria a movilizarse que circula en redes sociales y que condensa en pocas palabras una temperatura política que viene acumulándose: la percepción extendida en la oposición y en amplios sectores sociales de que la Justicia opera en sintonía con el poder, no como contrapeso.

Bregman es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), abogada con trayectoria en causas de derechos humanos y una de las voces más activas en el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Su declaración, publicada en la red social Threads, coloca en el mismo banco al Ejecutivo y al Poder Judicial, a quienes acusa de actuar en perjuicio de la ciudadanía y sin rendir cuentas ante nadie.

Un diagnóstico compartido: la Justicia como problema político

La declaración de Bregman no surge del vacío. La relación entre el Poder Judicial federal y el gobierno de Milei es uno de los nudos más tensos de la política argentina actual. Por un lado, el oficialismo envió al Senado cientos de pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos en un proceso de designaciones que la oposición cuestiona por su velocidad y por la falta de debate genuino sobre los perfiles propuestos. Por otro, causas que involucran a funcionarios del gobierno libertario, como las investigaciones en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la causa $Libra y los expedientes por enriquecimiento ilícito de funcionarios del gabinete, avanzan con una lentitud que contrasta con el ritmo de otras causas.

Ese cuadro alimenta una percepción que Bregman articula con claridad: cuando la Justicia no investiga a quienes gobiernan y simultáneamente actúa contra opositores o sectores vulnerables, pierde su condición de árbitro independiente y se convierte en un instrumento de poder. No es una lectura nueva en la política argentina, pero adquiere nueva urgencia en un contexto donde el ajuste fiscal golpea a la mayoría mientras los escándalos de corrupción se acumulan sin condenas.

La calle como respuesta a la impunidad

La convocatoria al Congreso para el 15 de octubre no es solo un gesto simbólico. En la tradición política argentina, la movilización frente al Congreso es el recurso de quienes sienten que los canales institucionales están cerrados o capturados. Bregman lo sabe y lo elige conscientemente: frente a una Justicia que, según su diagnóstico, «se ríe» de la ciudadanía, la respuesta es la presencia masiva en el espacio público.

El FIT-U viene sosteniendo una posición de oposición sin concesiones al gobierno de Milei desde el inicio de su gestión. A diferencia de otros bloques opositores que negociaron apoyos puntuales al oficialismo, el Frente de Izquierda no le votó ninguna medida de relevancia al gobierno libertario. Esa consistencia le da a Bregman una autoridad moral específica cuando llama a la calle: no convoca desde la comodidad de quien eventualmente cedió, sino desde una oposición sostenida en el recinto y fuera de él.

El Congreso como escenario de disputa

Elegir el Congreso como punto de concentración tiene una carga simbólica precisa. Es el lugar donde se aprueban los pliegos judiciales, donde se vota o se bloquea la legislación que define quiénes pueden ser procesados y con qué garantías, y donde las mayorías parlamentarias deciden qué causas avanzar y cuáles frenar. La convocatoria de Bregman instala la pregunta de fondo que el oficialismo prefiere no responder: ¿a quiénes sirven los jueces que el gobierno designa?

En ese marco, la frase «que el gobierno y los jueces se ríen de nosotros» es también una lectura sobre la impunidad como sistema. Cuando los funcionarios acumulan denuncias y las investigaciones no avanzan, y cuando simultáneamente la Justicia actúa con celeridad contra quienes protestan o reclaman, la ecuación se hace insostenible para cualquier noción básica de igualdad ante la ley. Bregman lo dice en público y convoca a decirlo en la calle. La pregunta es cuántos la escuchan.

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