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★ El Ministerio de Justicia anunció este miércoles que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino para que brinden «explicaciones sobre sus balances», en lo que representa un nuevo capítulo de la escalada del gobierno de Javier Milei contra la dirigencia del fútbol argentino. La medida se produce en medio de una investigación por presunto lavado de dinero que avanza en los tribunales.

«A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones», indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado oficial.

Balances millonarios bajo la lupa

El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga «sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y 340.000.000, respectivamente», lo que totaliza más de 450 millones de dólares bajo escrutinio oficial. La cifra representa el núcleo de la presión gubernamental sobre las cuentas del fútbol argentino.

Asimismo, la IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con «gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales». El comunicado oficial subrayó que «la AFA es una asociación sin fines de lucro», dejando entrever cuestionamientos sobre el destino de los fondos manejados por la entidad que preside Claudio «Chiqui» Tapia desde 2017.

«Nadie está por encima de la Ley»

«Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad ante la Ley. Nadie está por encima de la Ley ni tiene privilegios. La AFA y la Superliga deben cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ», afirmó la Secretaría de Justicia que conduce Sebastián Amerio, en un mensaje claramente dirigido a la conducción de la AFA.

El inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, reafirmó el compromiso con la igualdad ante la ley, al sostener que «nadie está por encima ni tiene privilegios». «La AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ», agregó el funcionario.

Una ofensiva con antecedentes políticos

La intimación de la IGJ no es un hecho aislado. El gobierno libertario viene insistiendo desde hace meses con cuestionamientos sobre el manejo económico de la AFA, en una escalada que muchos observadores leen como una operación política contra Tapia, quien mantiene vínculos históricos con el peronismo y específicamente con sectores kirchneristas.

Esta nueva arremetida se suma a la causa judicial por presunto lavado de dinero que ya investiga las finanzas de la AFA, y que según trascendidos incluye irregularidades en la compra de inmuebles y movimientos financieros sin justificación clara. La ofensiva gubernamental llega, además, en un momento en que la selección argentina se prepara para las próximas fechas de Eliminatorias y el fútbol local atraviesa una temporada compleja.

La pregunta que queda flotando es si esta presión oficial responde efectivamente a irregularidades contables concretas o si se trata de una estrategia del Gobierno para disciplinar a una institución que históricamente mantuvo autonomía respecto del poder político y que, en los últimos años, consolidó su peso específico en el deporte nacional.

Puntos clave:

• El Ministerio de Justicia intimó a la AFA y la Superliga a explicar balances que superan los USD 450 millones

• La IGJ exigirá documentación sobre gastos e inversiones no contempladas en los estatutos de la AFA como asociación sin fines de lucro

• El Gobierno advirtió que «nadie está por encima de la Ley» en un mensaje directo a la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia

• La medida se enmarca en una investigación judicial por presunto lavado de dinero

• La ofensiva oficial representa un nuevo capítulo de la escalada del gobierno libertario contra la dirigencia del fútbol argentino