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Gremiales

La reforma laboral apunta contra la protesta sindical, busca sancionar bloqueos y regular asambleas

El proyecto enviado por el Gobierno al Senado endurece el régimen de penalidades para las organizaciones sindicales que bloqueen o tomen establecimientos y obliga a pedir autorización previa para realizar asambleas dentro del horario laboral.

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★ El Poder Ejecutivo remitió al Senado una reforma laboral que apunta a limitar las protestas dentro de los lugares de trabajo y a fijar sanciones más duras contra los bloqueos sindicales. El texto incorpora figuras sancionatorias consideradas “infracciones muy graves” y redefine el funcionamiento de las asambleas en las empresas, que pasarán a requerir autorización patronal. La iniciativa también incluye cambios en la organización gremial y en el ejercicio de las funciones de los delegados.

Bloqueos: infracciones “muy graves”

El proyecto establece que será una falta “muy grave” provocar, instar u organizar el bloqueo o la toma de un establecimiento, así como impedir u obstruir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas o bienes

El texto también sanciona cuando se produzcan daños a personas o cosas, pertenezcan o no a la empresa, incluyendo instalaciones, mercadería, insumos, materias primas y herramientas, o cuando estos elementos sean retenidos de manera indebida.

Según el proyecto, una vez verificadas esas acciones como medidas de acción directa, la organización responsable podrá ser sancionada “sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder”, previo procedimiento ante la autoridad de aplicación.

La inclusión de estas penalidades responde a reclamos de sectores empresarios, especialmente pymes, que denunciaron bloqueos en los últimos años. Entre los impulsores más firmes de este enfoque se encuentra Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en Diputados, quien viene promoviendo medidas antimarchas y ha sumado a legisladores ligados a movimientos antibloqueos, como la diputada Verónica Razzini.

Asambleas con autorización obligatoria

Otro de los puntos centrales del proyecto es la regulación de las asambleas. El texto indica que la asociación sindical deberá contar con autorización previa del empleador para realizar una asamblea dentro del horario laboral.

La autorización deberá precisar el lugar, el horario y la duración. Además, en el caso de que la asamblea se lleve a cabo durante la jornada, el trabajador no devengará salario por ese tiempo.

El proyecto califica como “práctica desleal” interferir intencionalmente en la actividad de la empresa mediante la convocatoria a asambleas que violen estas nuevas reglas, o mediante otras medidas de acción directa similares.

Nuevos criterios para la organización gremial

La iniciativa contempla la posibilidad de crear sindicatos por empresa y propone un mecanismo más ágil para la obtención de la personería gremial en ese tipo de sindicatos.
Además, se fija un límite de 10 horas de crédito sindical para el ejercicio de las funciones de los delegados, un cambio que restringe el tiempo formal disponible para tareas gremiales.

Implicancias y debate pendiente

El texto marca un giro significativo en la regulación de la protesta sindical dentro de los establecimientos. Las restricciones a las asambleas y las sanciones por bloqueos implican un endurecimiento del marco laboral, con impacto directo en los mecanismos tradicionales de organización y conflicto en los lugares de trabajo.

El debate legislativo definirá si estos cambios avanzan y cómo se encuadrarán dentro del sistema vigente de relaciones laborales, cuyos pilares se sostienen en el derecho constitucional a la organización sindical y en la jurisprudencia que reconoce la protesta como una herramienta legítima, siempre dentro de los límites legales.

Puntos clave

  • El proyecto considera “muy graves” los bloqueos, tomas e impedimentos totales o parciales de ingreso o egreso.
  • Las organizaciones sindicales podrán recibir sanciones administrativas, sin perjuicio de eventuales responsabilidades civiles o penales.
  • Las asambleas dentro del horario laboral requerirán autorización previa del empleador.
  • El tiempo utilizado en la asamblea no será remunerado.
  • Se habilita la creación de sindicatos por empresa y se limita a 10 horas el crédito sindical de los delegados.

Gremiales

Tregua precaria en el transporte: levantamiento gradual del paro de colectivos, sin acuerdo de fondo

Tras una reunión sin resultados concretos, las empresas levantarán la medida de fuerza de forma gradual. El Gobierno propone una reestructuración mientras persiste el desfasaje en los costos operativos.

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El Argentino Diario-Colectivos.

Sin acuerdo de fondo: tregua precaria en el transporte

★ Las autoridades nacionales y los representantes de las cámaras empresarias de colectivos no lograron arribar a un acuerdo definitivo tras el encuentro mantenido este jueves 9 de abril. Ante la falta de consensos sobre la actualización de los costos, las partes acordaron un cuarto intermedio y la creación de mesas técnicas de trabajo que retomarán el diálogo el próximo martes. A pesar del estancamiento en las negociaciones, las empresas definieron levantar de manera gradual la retención de tareas que afectó la movilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la jornada.

Una brecha de costos que asfixia el servicio

El nudo del conflicto radica en el reconocimiento de los gastos de funcionamiento, con especial énfasis en el precio del gasoil. Los directivos de las cámaras (AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP) denunciaron una brecha crítica entre la realidad del mercado y los cálculos oficiales. Según los datos presentados por el sector privado, el litro de combustible se paga actualmente entre $2.100 y $2.444, mientras que la estructura de costos que utiliza el Estado para calcular subsidios permanece estancada en $1.750.

Esta distorsión financiera fue la que originó el recorte del 30% en las frecuencias y la posterior imposibilidad de las empresas para cancelar la totalidad de los haberes de los choferes, lo que derivó en la medida de fuerza de la UTA. Desde la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann, insistieron en que el Estado efectivizó el miércoles el pago del 60% correspondiente al anticipo de las compensaciones tarifarias de abril de 2026 (según proyecciones de flujo vigentes), intentando demostrar cumplimiento por parte de la administración central.

La apuesta oficial por la reestructuración

En el marco de la reunión, donde participaron el secretario coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, y el subsecretario de Transporte, Fernando Cortés, el Gobierno propuso iniciar una «reestructuración integral» del sistema. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo oficial es corregir los desequilibrios financieros y buscar una supuesta eficiencia que, en la práctica, suele traducirse en mayores ajustes sobre el servicio público.

La tregua alcanzada es, por definición, frágil. La normalización del servicio queda supeditada a lo que ocurra en las mesas técnicas de la semana próxima. Mientras tanto, el usuario del AMBA permanece como rehén de una puja distributiva donde el desfinanciamiento del sistema de transporte, producto de la política económica vigente, amenaza con volver a paralizar la ciudad en el corto plazo si no aparece una solución real para el pago de salarios y la cobertura de insumos básicos.

Puntos clave:

  • No hubo acuerdo entre el Gobierno y las cámaras de transporte; se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes.
  • Las empresas levantarán la medida de fuerza de manera gradual a la espera de definiciones técnicas.
  • Existe una diferencia de hasta $694 por litro de gasoil entre el precio de mercado y lo reconocido por el Estado.
  • El Gobierno nacional propuso una «reestructuración integral» del sistema de transporte del AMBA.
  • La Secretaría de Transporte afirma haber pagado el 60% del anticipo de compensaciones de abril.
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