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Martín Sabbatella alertó sobre la posible detención de Cristina: “Es una venganza política”

El referente de Nuevo Encuentro denunció la existencia de una estrategia política y judicial impulsada por sectores económicos concentrados y corporaciones mediáticas para eliminar a CFK del escenario electoral y debilitar al campo popular.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner-Martín Sabbatella.

Un esquema de persecución judicial y mediática

Martín Sabbatella, titular de Nuevo Encuentro, afirmó que la posible detención de Cristina Fernández de Kirchner responde a una maniobra política impulsada por sectores económicos y sus aliados en los medios y el Poder Judicial. “Cristina tiene un rol central en el país en la representación de los sectores populares. Fue quien junto a Néstor profundizó el modelo popular del peronismo y enfrentó a los poderes más oscuros y privilegiados. La quieren presa como venganza por lo que hizo y porque es la única que puede ganarles”, señaló.

Además, sostuvo que “todos los rumores sobre una inminente condena son consecuencia de que Cristina anunció su candidatura y que con ella le dará un golpe electoral fuertísimo a los planes de los grupos económicos para los que trabajan Milei y Macri”. “Como no pueden ganarle en las urnas, tienen que sacarla del mapa político. Ya no saben qué hacer porque donde esté y como sea, Cristina es y seguirá siendo la líder popular más importante del presente y el futuro”, agregó.

De atentados a causas armadas: el historial de hostigamiento

Sabbatella también recordó una serie de episodios que forman parte de un plan sistemático de destrucción política y personal contra la ex mandataria. “Le inventaron causas judiciales; la bombardearon con noticias falsas y estigmatizaciones como pocas veces se vio en la historia; llenaron el Poder Judicial de fiscales y jueces cuya complicidad con los poderes concentrados está probada; le organizaron campañas, movilizaciones, escraches, y llegaron al punto de financiar y organizar a marginales que le terminaron gatillando un revolver en la cabeza”, enumeró.

Asimismo, el dirigente alertó sobre un deterioro generalizado de las instituciones democráticas. “Si la Corte se atreve a dar ese paso habrá hundido un poco más a la Democracia y a la República, ratificando que es un dispositivo más de los poderes económicos que conducen el país”, aseguró, al tiempo que describió un escenario complejo: “Vivimos un presente degradado, en el que cada día se eliminan cientos de fuentes de trabajo, en el que Milei participa en criptoestafas mientras destruye el Hospital Garrahan y celebra a trolls marginales, en el que se reprime a jubilados y jubiladas que reclaman para salir de la indigencia”.

El timing político y la candidatura de Cristina

Las declaraciones de Sabbatella cobran relevancia tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar la recusación presentada por la defensa de la ex presidenta contra uno de sus miembros, Ricardo Lorenzetti, y del apremiante contexto electoral, en el que Cristina confirmó su candidatura. Para intentar frenarla, es posible que el máximo tribunal acelere su decisión respecto a la causa Vialidad, que cuenta con un fallo en segunda instancia que condena a la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Más causas, lawfare y preparativos carcelarios

Asimismo, más allá de la causa Vialidad, la persecución judicial durante 2025 se presenta compleja para Cristina y el peronismo, ya que el juicio por la causa “Cuadernos”, contra la ex presidenta, ex funcionarios y empresarios, comenzará en noviembre próximo, sumándose a otros expedientes en curso. Y por si fuera poco, las declaraciones del dirigente adquieren mayor peso tras conocerse que el juez Jorge Gorini, uno de los magistrados que condenó a Cristina en la Causa Vialidad, inspeccionó una dependencia de la Policía Federal para evaluar posibles lugares de detención. Este hecho generó polémica en el ámbito político y judicial.

¿Qué está en juego?

La posible detención de Cristina Kirchner no solo afecta a su persona, sino al conjunto del sistema político argentino. Según Sabbatella:

  • Institucionalidad: permitir una detención por razones políticas consolidaría la influencia del Poder Judicial sobre la política y profundizaría la crisis democrática.
  • Electoralidad: la posible prisión de Cristina anticipa un impacto determinante sobre el sentido del voto, en un contexto donde la figura de CFK es central en amplios sectores.
  • Polarización social: la estrategia de condena vuelve a tensar la grieta, moviliza afectos y vínculos populares ante la percepción de una persecución sistemática.

La resistencia como estrategia política

Frente a este panorama, Sabbatella propuso que «solo la organización y la unidad del campo popular pueden resistir este avance de la derecha y construir con Cristina a la cabeza la alternativa que represente al Pueblo y le de una esperanza cierta de recuperar sus derechos».

La posición de Nuevo Encuentro se alinea con la defensa histórica que el partido ha mantenido hacia Cristina. Sabbatella definió en septiembre pasado a su espacio como «una fuerza kirchnerista» que trabaja «al servicio de los sectores populares».

Puntos clave sobre el lawfare y posible detención de Cristina:

  • Sabbatella calificó la posible detención de Cristina como una maniobra de «venganza y lawfare».
  • También sostuvo que la actual avanzada judicial contra Cristina está vinculada con su candidatura.
  • La Corte Suprema puede acelerar su fallo en relación a la causa Vialidad, que condena a CFK a 6 años de prisión
  • Trascendió que un juez del tribunal que la condenó ya inspeccionó lugares para una posible detención.
  • Sabbatella denunció un esquema sistemático de causas judiciales, campañas mediáticas y atentados contra la expresidenta.
  • El dirigente vincula la persecución judicial con el enfrentamiento histórico con poderes económicos
  • Enmarcó la estrategia dentro de un uso político del Poder Judicial para proscribir y disciplinar a opositores.
  • Además alertó que si se concreta la detención de la ex presidenta quedará dañada la democracia, en un contexto de ajuste económico y represión social.
  • Propuso la unidad del campo popular bajo el liderazgo y la candidatura de Cristina como contundente respuesta política.

¿Qué es el lawfare y cómo opera en Argentina?

El término lawfare hace referencia al uso estratégico del sistema judicial para perseguir objetivos políticos. En Argentina, este fenómeno ha sido denunciado reiteradamente por dirigentes kirchneristas y organismos internacionales. Existen informes que señalan explícitamente que las causas judiciales contra líderes populares son maniobras para su proscripción política.

En ese sentido, cabe destacar que este tipo de denuncias no son nuevas ni en la Argentina ni en la región: desde hace más de una década figuras políticas como Evo Morales, Rafael Correa, Lula Da Silva, Amado Boudou, Milagro Sala y la propia Cristina Fernández de Kirchner, entre muchos otros dirigentes, señalan la existencia de un patrón de lawfare o guerra judicial impulsada por sectores económicos, políticos, judiciales y mediáticos, en el marco de una estrategia descomunal que, para muchos, está coordinada en mayor o menor medida, desde las embajadas de los EEUU.

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  5. Jenifer Markly  

    10.06.2025 at 03:01

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    Jenifer Markly  

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Caputo en la mira: Intendentes denuncian el desfalco de la obra pública para alimentar la bicicleta financiera

La FAM denuncia que de 3,5 billones de pesos recaudados para infraestructura, menos de un tercio llegó a Vialidad Nacional. Los fondos estarían siendo desviados hacia la especulación financiera, el pago de bonos y el fomento del carry trade.

Publicado hace

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Intendentes de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), analizan seriamente impulsar una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo el cargo de presunta malversación de caudales públicos. La medida surge tras constatar una retención sistemática e indebida de fondos que, por ley, deben destinarse exclusivamente a la infraestructura vial y ferroviaria, pero que el Palacio de Hacienda estaría desviando para alimentar la bicicleta financiera y el sostenimiento del esquema económico oficial.

La caja de la discordia: El impuesto a los combustibles El conflicto escaló luego de que los jefes comunales presentaran un documento formal ante la cartera económica sin obtener respuesta alguna. Según la FAM, el esquema legal vigente establece que la recaudación del impuesto a los combustibles tiene destinos específicos a través de fideicomisos. Sin embargo, los números presentados por los intendentes son alarmantes: de los 3,5 billones de pesos recaudados el año pasado para obras, Vialidad Nacional solo recibió 1,2 billones, dejando un agujero negro de más de 2 billones de pesos cuyo destino final es la especulación.

Bicicleta financiera y rutas abandonadas Desde la Federación, encabezada por Fernando Espinoza, señalaron que el dinero de los contribuyentes que debería estar volcado en rutas y mantenimiento ferroviario está siendo utilizado para la emisión y pago de bonos, compra de divisas y para favorecer maniobras de carry trade. Esta situación no solo configura un posible delito penal por el desvío de partidas con asignación específica, sino que representa un golpe directo a la seguridad vial y la conectividad de los municipios de todo el territorio nacional.

La parálisis de la obra pública es total

Entre enero y marzo de este año, el Estado Nacional ya recaudó 1,5 billones de pesos por el mismo tributo, pero no se ha destinado un solo centavo a los proyectos de infraestructura ni se ha reflejado una reducción en el precio de los combustibles en el surtidor. Para los intendentes, la situación es insostenible y el agotamiento de los recursos locales para suplir la ausencia nacional obliga a judicializar el reclamo ante lo que consideran un desfalco a plena luz del día.

Tensión en la Rosada: El fantasma de Comodoro Py En los pasillos de la Casa Rosada la preocupación es creciente. El avance de esta estrategia judicial en tribunales federales podría abrir un frente de investigación que exponga los movimientos reales detrás de la aparente estabilidad financiera que pregona el Gobierno. Mientras tanto, los municipios advierten que si no hay una convocatoria urgente al diálogo para normalizar el flujo de recursos, la denuncia será radicada en las próximas horas para frenar lo que califican como una retención indebida de fondos federales.

Puntos clave:

  • La FAM analiza denunciar a Luis Caputo por malversación tras la retención de billones de pesos del impuesto a los combustibles.
  • Denuncian que de 3,5 billones de pesos recaudados para infraestructura, menos de un tercio llegó a Vialidad Nacional.
  • Los fondos estarían siendo desviados hacia la especulación financiera, el pago de bonos y el fomento del carry trade.
  • En el primer trimestre del año se recaudaron 1,5 billones de pesos adicionales que no fueron destinados a obras públicas.
  • Los intendentes exigen una mesa de diálogo urgente para evitar la parálisis total de la infraestructura vial en el interior del país.

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