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Gremiales

Se viene el paro general: “No pueden existir precios libres y paritarias pisadas”

La CGT apoyó la protesta semanal de los jubilados y pidió una actualización urgente de haberes.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó este lunes la convocatoria a un paro nacional por 24 horas para el jueves 10 de abril. Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa en su histórica sede de Azopardo, donde dirigentes de los gremios confederados apuntaron directamente contra el Gobierno de Javier Milei y su política económica de ajuste.

Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la central obrera, expresó que “ratificamos el paro de 24 horas del jueves. Es de la totalidad de las organizaciones confederadas más las organizaciones que están nucleadas dentro de las dos CTA, que también acordaron el apoyo en una reunión que se realizó el lunes”.

En ese marco, el dirigente del gremio de Sanidad también cuestionó la decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que lidera Roberto Fernández, por no plegarse a la medida de fuerza y garantizar el funcionamiento de los colectivos durante la jornada de protesta.

“Quiero recordar que el 9 de mayo del año pasado también hubo colectivos y el paro fue contundente. El paro va más allá de un paro de colectivos”, señaló Daer, y buscó así relativizar el peso de la decisión de la UTA sobre la convocatoria general.

Críticas al modelo económico

El trasfondo de la medida responde al profundo malestar de los gremios frente al rumbo económico del oficialismo. La CGT advirtió sobre el impacto del ajuste fiscal en los sectores más postergados, la caída del poder adquisitivo y la paralización de las negociaciones paritarias por parte del Ejecutivo.

“Hoy debatimos con el Gobierno. No pueden existir precios libres y paritarias pisadas, acuerdos que no se homologuen y tampoco un ajuste sobre los sectores más vulnerables”, denunció Daer, y rechazó de ese modo la política de “shock” que impulsa el presidente Milei desde su llegada a la Casa Rosada.

Apoyo a la protesta de los jubilados

En la misma conferencia, la CGT expresó su respaldo a las manifestaciones que los jubilados y pensionados realizan todos los miércoles frente al Congreso de la Nación. Allí se reclama una actualización de emergencia de los haberes, ante la licuación acelerada de ingresos que provocó la devaluación de diciembre y la liberación de precios.

“Apoyamos la marcha que llevan los miércoles los compañeros jubilados y las compañeras jubiladas para sostener un reclamo, que lo hacemos nuestro, sobre una actualización de emergencia de los haberes de jubilados y pensionados de nuestro país”, afirmó Daer.

La central obrera también denunció que los recientes aumentos por decreto resultaron insuficientes para afrontar el alza generalizada del costo de vida, y advirtió que el Congreso tiene pendiente el tratamiento de una ley que garantice una fórmula de movilidad más justa y automática.

El paro del jueves: sin transporte pero con fuerte adhesión

Si bien la decisión de la UTA condicionó la visibilidad del paro en el Área Metropolitana, en el interior del país podría replicarse el mismo escenario del paro anterior, cuando varios gremios del transporte mantuvieron su adhesión.

Además de los sindicatos de la CGT, las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también comprometieron su participación. Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) coincidieron en la necesidad de “detener el ajuste que castiga a los que menos tienen”.

La medida se perfila como la segunda huelga general contra el gobierno de Milei, tras la que tuvo lugar el 24 de enero pasado. Entonces, la CGT había convocado una jornada con paro parcial y movilización masiva al Congreso para rechazar la Ley Ómnibus y el mega DNU 70/2023.

Energía

El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.

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Ganancias récord, despidos y tercerización: la doble cara del negocio gasífero.

Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.

★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.

El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores

Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.

La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.

Precarización en un servicio esencial

El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.

La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.

Control regulatorio en crisis

El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.

Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.

En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.

Las exigencias del gremio

La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.

Puntos clave:

  • La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
  • El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
  • Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
  • El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
  • La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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