Judiciales ⚖️
Otro revés judicial contra el mega DNU de Milei
La justicia de Morón dictó una cautelar contra la desregulación de servicios y actividades prevista en el DNU
El juez en lo Contencioso Administrativo de Morón Marcelo Gradín ordenó al Estado nacional la «suspensión inmediata» de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 sobre desregulación de actividades y servicios.
El magistrado dictó la medida cautelar a pedido del Colegio de Abogados de Morón, aunque rechazó ordenar otra que dejara en suspenso la totalidad de los efectos del decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
En la demanda de «inconstitucionalidad», el presidente del Colegio de Abogados local, Jorge Omar Frega, sostuvo que el DNU 70/2023 «trasgrede el modelo republicano de gobierno y el principio de división de poderes», además de violar las constituciones nacional y provincial y la ley que regula el ejercicio de la abogacía en el territorio bonaerense.
Gradín consideró que la habilitación al PEN a realizar «la más amplia desregulación de los servicios» prevista por los artículos 2 y 3 del DNU, significaría concederle facultades para dictar nuevos decretos sobre ejercicio de la abogacía, liberando la matricula, suprimiendo el régimen disciplinario y eliminando los Colegios Departamentales de Abogados, y modificando o derogando las normas arancelarias de orden público.
El juez afirmó que el dictado de los artículos 2 y 3 del DNU 70/2023 con la «desregulación amplia de los servicios, como ser el de la abogacía, colisiona con las previsiones del artículo 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires» que garantiza la formación y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales».
Gradín, con cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordó que «las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal» y que éste «no puede impedir o estorbar a aquellas en el ejercicio de los poderes que se han reservado.
Agregó que, de acuerdo al máximo tribunal, «los poderes no delegados o reservados por las provincias no pueden ser transferidos al gobierno de la Nación, mientras no lo sean por la voluntad de las provincias expresada en congreso general constituyente».
Al negar el pedido de suspensión de toda la norma presidencial el magistrado remarcó que la crítica del demandante se centró en los artículos 2 y 3 del decreto, pero que no se había probado cual sería el perjuicio actual o inminente que conllevan los otros artículos del DNU.
Judiciales ⚖️
Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual
El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.
Lo que tenés que saber
- Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
- La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
- La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
- La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
- El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.
Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial
El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.
Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.
La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente
La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.
De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.
Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.
La causa penal continúa abierta
Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.
En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.
La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.
Posible juicio oral durante este año
Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.
En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.
Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.
Repercusiones políticas en San Isidro
El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.
El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.
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