Política 📢
Escándalo: el Gobierno eliminó los subsidios al transporte en las provincias
«Nosotros vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fe con el transporte, que es alrededor de 2.000 millones, y lo vamos a actualizar porque claramente los costos de vida han aumentado en toda la provincia. Pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda. Nos han dejado la provincia con un déficit muy pero muy grande», afirmó Pullaro
El Gobierno Nacional decidió eliminar el Fondo Compensador del Interior, a partir del cual se subsidiaba a las empresas de colectivos urbanos de todas las provincias.
La medida se suma al reciente aumento en los boletos de colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Un comunicado del Ministerio de Economía sostuvo que la medida tomada hoy «guarda coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018» que, entre otras cosas, «establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones».
En ese sentido, desde Economía destacaron la reciente decisión de «terminar con el congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior en trenes y colectivos del AMBA para líneas de jurisdicción nacional, otorgando así a la tarifa mayor protagonismo en la cobertura de costos necesarios para operar».
De acuerdo a su sitio oficial, la SUBE funciona actualmente en 60 localidades de todo el país y no llega a todas las provincias. La Rioja, Tucumán, Misiones y Salta no cuentan aún con el sistema en ninguna ciudad.
En efecto, la medida suscitó críticas de algunos mandatarios provinciales. Por caso, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que la eliminación de subsidios «incumple el Pacto Fiscal de 2017» y criticó que mantiene «fuertes asimetrías» entre el AMBA y el resto del país.
«La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo», escribió Cornejo en su cuenta en X.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, señaló que «otra vez nos dejan solos» y añadió que a su provincia siempre la discriminaron en materia de subsidios pero, de igual manera, van a lograr «readecuar las tarifas y salir adelante».
«Nosotros vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fe con el transporte, que es alrededor de 2.000 millones, y lo vamos a actualizar porque claramente los costos de vida han aumentado en toda la provincia. Pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda. Nos han dejado la provincia con un déficit muy pero muy grande», afirmó Pullaro en declaraciones realizadas desde la ciudad San Javier.
En tanto, el presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo, afirmó a Futurock que el sector se enteró «por el comunicado de esta quita de subsidios para el interior» y agregó: «Veremos si se aplica desde este mes porque son partidas mensuales que Nación giraba a las provincias en función de la cantidad de colectivos”.
“Esto es un cambio importante. Se elimina el Fondo Compensador que es la partida de subsidios que se paga a las líneas de colectivos del interior. Eso no afecta para nada a las del área metropolitana. Implicará, o un aumento tarifario, o mayores aportes de las provincias”, señaló Troilo.
La última distribución de subsidios de Nación fue la correspondiente al periodo septiembre-diciembre, que implicó cuatro pagos mensuales y consecutivos de $ 9.000 millones para las provincias, lo cual fue reforzado con otros $ 6.000 millones a mediados de noviembre.
Transporte argumentó que las provincias ya se habían comprometido a financiar su servicio a partir del Pacto Fiscal firmado entre las jurisdicciones y Nación en 2017 y 2018.
Legislativo
Discapacidad: el Senado buscará salir de la emergencia con una ley permanente
El Senado sesionará este jueves desde las 11 para dar sanción definitiva a una ley que reemplaza la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año. El proyecto tiene respaldo de todos los bloques, mantiene la pensión del 70% del haber mínimo y fija un piso presupuestario real.
La emergencia en discapacidad que el Congreso sostuvo en 2025 contra el veto de Javier Milei podría dejar de ser transitoria este jueves: el Senado buscará convertirla en una ley permanente, con el respaldo de todo el arco político.
La Cámara alta sesionará desde las 11 con la sanción definitiva del proyecto de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” como eje central. El temario se acordó este miércoles por la tarde en la reunión de Labor Parlamentaria, en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, con los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición. La sesión la impulsa la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el texto, que ya cuenta con la aprobación de Diputados, obtuvo dictamen con el apoyo de los aliados y del bloque peronista.
Qué cambia y qué se mantiene
El proyecto replica casi todo el esquema de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y de transitoriedad, y lo convierte en una norma permanente y de orden público. Mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, compatible con un empleo formal o con el monotributo siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Conserva además el nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria, y garantiza la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.
Financiamiento, controles y plazos
La asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. El texto crea auditorías periódicas con cruce de información entre ANSES, ARCA, el SINTyS y el RENAPER. A pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria con un cronograma para pagar las compensaciones adeudadas a los prestadores y un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.
El antecedente y la tensión con el Gobierno
El Senado sancionó la Ley 27.793 en julio de 2025, con 55 votos afirmativos y ninguno en contra, y Milei la vetó. Diputados rechazó el veto el 20 de agosto y el Senado lo hizo el 4 de septiembre, con 63 votos contra 7, en un hecho inédito en 22 años. La emergencia rige hasta el 31 de diciembre de 2026. Según trascendió, el Gobierno prefería demorar la aprobación del nuevo texto e incluso buscó introducir cambios para retrasar su aplicación, pero Bullrich avanzó con la sesión.
El resto del temario
La sesión incluye también la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; el proyecto de propiedad privada que busca restablecer la Ley de Tierras y reactivaría el límite del 15% para la venta de tierras a extranjeros; y la Ley Joaquín, que impone medidas de seguridad obligatorias en arcos, aros y postes de instalaciones deportivas y juegos de plaza, impulsada tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años de Ramos Mejía que sufrió un accidente el 5 de enero durante un campamento en Junín de los Andes.
El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a una movilización frente al Congreso este jueves desde las 11, para acompañar el tratamiento en el recinto.
Lo que tenés que saber
- El Senado sesionará este jueves desde las 11 para tratar la sanción definitiva de la ley de discapacidad.
- El proyecto reemplaza la emergencia de la Ley 27.793, que vence a fin de año, por una norma permanente.
- Mantiene la pensión del 70% del haber mínimo, compatible con trabajo formal o monotributo hasta dos salarios mínimos.
- Fija un piso presupuestario real, auditorías cruzadas y 30 días para reglamentar la norma.
- La sesión también incluye patentes, la Ley de Tierras y la Ley Joaquín.
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