Judiciales ⚖️
Justicia investiga a La Libertad Avanza por sobreprecios en PAMI y ANSES del Chaco
También denuncian compras sin licitación y extorsión a empleados. Apuntan al director Esteban Leguizamo y al subdirector Carlos Zamparolo como responsables de una red de corrupción.
Las denuncias por presunta corrupción en el PAMI se multiplican y ya involucran a altas autoridades del organismo como el director Esteban Leguizamo y el subdirector Carlos Zamparolo. Exfuncionarios y prestadores alertaron sobre maniobras con compras sin licitación, sobreprecios de hasta el 700% y retenciones indebidas, lo que revelaría un mecanismo de desvío de fondos sistemático dentro de la gestión libertaria.
Según reveló el portal Ámbito, la trama de corrupción se extendió bajo el argumento de la «vía de excepción«, que permite adjudicar prestaciones médicas urgentes sin licitación. Sin embargo, exautoridades aseguran que en la mayoría de los casos no había riesgo de vida, y que se utilizó ese recurso como excusa para aprobar gastos inflados.
“Revisé casos como biopsias de tumores benignos, que no son urgentes, y me di cuenta de que el 90% de los trámites eran injustificados”, relató un exfuncionario bonaerense.
Denuncias de prestadores: “Nos usan como una caja política”
A las irregularidades administrativas se suman las quejas de prestadores del sistema, quienes denunciaron retenciones arbitrarias del 10% sobre su facturación, con conceptos “absurdos” y repetitivos. La situación pone en riesgo la atención de los jubilados, alertaron.
“Te retienen el 10% todos los meses con excusas insólitas. Así no se puede sostener la atención. El PAMI es hoy una caja política”, denunció un empresario del sector salud.
Los profesionales también señalaron que los honorarios médicos se mantienen congelados en valores que no cubren ni el costo de una consulta. “Nos pagan $6.800 por paciente y el último aumento fue de $270. Así no se puede más”, afirmó el titular de un centro médico.
Extorsiones y aportes compulsivos: la denuncia que estalló en Chaco
La polémica se amplificó tras las denuncias públicas de Viviana Aguirre, exfuncionaria de La Libertad Avanza, quien reveló que en varias provincias se exigía a los empleados del PAMI y ANSES entregar parte de su sueldo como “aporte” al partido para conservar sus cargos.
En Chaco, el fiscal federal Patricio Sabadini abrió una investigación penal por “delito de acción pública” y ya recaba pruebas de una posible red de extorsión coordinada por referentes libertarios. Si bien aún no se imputó a nadie, los nombres de Alfredo “Capi” Rodríguez (ANSES) y Silvia Arolfo (PAMI) quedaron en el centro del escándalo.
“Las designaciones dependían de la obediencia política. Solo te contrataban si respondías a LLA”, indicaron fuentes internas de ambos organismos.
Las claves del escándalo en PAMI
- Denuncian compras sin licitación y sobreprecios del 700% en el PAMI.
- Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo están en la mira por liderar la maniobra.
- Prestadores aseguran sufrir retenciones arbitrarias del 10% y congelamiento de honorarios.
- Exfuncionaria reveló presiones para hacer aportes al partido de Javier Milei.
- La Justicia federal en Chaco ya inició una causa por extorsión a empleados.
Goles! ⚽
Morla va a juicio oral por las marcas de Maradona: la Justicia rechazó el sobreseimiento y clausuró la instrucción
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 rechazó el sobreseimiento pedido por los imputados y declaró clausurada la instrucción por defraudación y administración fraudulenta sobre la sociedad Sattvica S.A.
Morla, Pomargo y dos hermanas de Maradona serán juzgados por las marcas del Diez
★ El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 de la Ciudad de Buenos Aires elevó a juicio oral la causa por las marcas de Diego Armando Maradona, en la que están procesados el abogado Matías Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo y las hermanas del Diez Claudia y Rita Maradona, según fuentes judiciales.
La resolución rechazó «no hacer lugar» al sobreseimiento que reclamaban los imputados y declaró clausurada la instrucción, al considerar que los acusados «defraudaron los intereses de los herederos legítimos» del astro argentino «al realizar maniobras vinculadas al manejo, disposición y activos, en acuerdo premeditado».
El escrito judicial determinó que tanto Morla como Pomargo «administraron fraudulentamente los bienes de la sociedad Sattvica S.A.«, de la que eran testaferros bajo los roles de presidente y director suplente, en virtud de «la decisión de creación simulada de esa firma definida por Diego Armando Maradona con el objeto de proteger sus activos marcarios y sustraer eventualmente del fisco italiano y de sus herederos parte de su patrimonio».
Según el expediente, Maradona habría instruido a Morla para que, tras la constitución de Sattvica, le cediera a dicha sociedad las 21 marcas que ya tenía registradas en Argentina. Aunque la empresa estaba bajo titularidad ficticia de los imputados, operaba bajo las directivas del propio Diego.
El accionar delictivo posterior a la muerte
La acusación se concentra especialmente en lo ocurrido después del fallecimiento de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, cuando se inició el proceso sucesorio. El 8 de febrero de 2021, la sociedad fue intimada para que cediera y transfiriera en forma inmediata a los herederos la totalidad de las marcas, con la indicación expresa de no utilizar ningún poder otorgado por el deportista.
Lejos de acatar la intimación, los imputados continuaron operando. La resolución judicial detalla que «Morla y Garmendia continuaron como apoderados y ambos ejercieron cargos directivos en el ente social hasta el 20 de septiembre de 2022, cuando Morla renunció a la presidencia social», mientras que Garmendia hizo lo propio como director suplente recién el 17 de julio de 2023.
El segundo tramo de la administración fraudulenta, según el escrito, consistió en la cesión de acciones de Sattvica a favor de Rita Mabel Maradona (50%) y Claudia Nora Maradona (50%), operada entre septiembre de 2022 y agosto de 2023.
Una causa con historia: sobreseídos, procesados y ahora a juicio
La causa tiene un largo recorrido judicial. En primera instancia, Morla y los demás imputados habían sido sobreseídos, pero las hijas del Diez, Dalma y Gianinna Maradona, apelaron esa decisión. En septiembre de 2025, la Sala IV de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Julio Marcelo Luciani, revocó el sobreseimiento y procesó a Morla y Pomargo como coautores del delito de defraudación por administración fraudulenta, con embargos de 2.000 millones de pesos sobre los bienes de cada imputado. En diciembre de 2025, la Sala VII confirmó esos procesamientos al rechazar los recursos de las defensas.
La Cámara fue terminante en su fallo: las marcas integraron el patrimonio de Maradona hasta el último día de su vida y las cesiones gratuitas a Sattvica no fueron más que un «ropaje simulado». El tribunal también rechazó el argumento de que Diego habría querido beneficiar a sus hermanas por sobre sus hijos, al sostener que esa hipótesis contradice los principios del derecho sucesorio.
La defensa de Morla sostuvo que la cesión fue un pedido expreso del propio Diego, y que el ex apoderado no obtuvo ningún beneficio económico. Ese argumento no prosperó en ninguna instancia.
Ahora, con la instrucción clausurada y el juicio oral a la vista, la disputa por el legado marcario del máximo ídolo del fútbol argentino ingresa en su etapa más crítica. La causa la iniciaron cinco hijos del Diez: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando y Diego Fernando.
Puntos clave:
- El Juzgado N°43 elevó a juicio oral la causa por las marcas de Maradona y rechazó el sobreseimiento pedido por los imputados.
- Están acusados Matías Morla, Maximiliano Pomargo, Claudia y Rita Maradona por defraudación y administración fraudulenta de Sattvica S.A.
- La sociedad fue calificada judicialmente como un «ropaje simulado» para sustraer activos marcarios de los herederos legítimos.
- El accionar delictivo principal habría ocurrido tras la muerte de Maradona, cuando la empresa ignoró la intimación de transferir las marcas a sus herederos.
- La causa fue iniciada por los cinco hijos del Diez y lleva más de cuatro años de tramitación judicial.
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