Gremiales
Final abierto o una nueva oportunidad perdida
La CGT aflojó, la política perdió iniciativa, y los medios hegemónicos y la derecha avanzan en su discurso negacionista.
“Son ellos o nosotros”, “el marido de Cristina se salvó de caer preso porque se murió”, “si la tocan a Cristina que gran país vamos a armar”, “demoler el edificio de Desarrollo Social”, “merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, “una parte de la gente pobre quiere tener hijos para cobrar el plan”, “son unos chorros”, “son una lacra, son basura”, “alguien tiene que calmarla”.
Los discursos de odio se construyen y divulgan para incitar la discriminación, deshumanización y violencia hacia personas o colectivos en función de sus identidades sociales, políticas, ideológicas, culturales, étnicas, de género, religiosas, o cualquier otra.
El intento de magnicidio a Cristina no fue un hecho aislado ni obra de “un loco suelto”. Fue producto de la construcción de una derecha que perdió la vergüenza de decir lo que piensa y aprendió a propagar sus discursos de odio de manera eficaz.
Las estrategias de manipulación son conocidas: distraer lo importante; inventar problemas, esperar la reacción y ofrecer soluciones por derecha; aplicar medidas extremas de manera gradual; valerse de las respuestas emocionales para invalidar el sentido crítico; reforzar la autoculpabilidad, hacer creer a las personas que ellas mismas son responsables de sus desgracias; dividir; polarizar; utilizar el lawfare como método para socavar a líderes populares. Todo a través de mecanismos tecnológicos, mediáticos, políticos, sociológicos y tantos más.
Steve Bannon, jefe de campaña de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán, Vox y colaborador de Mauricio Macri, entre otros, sembró sus métodos. Fue expulsado de la Casa Blanca en agosto de 2017 y detenido por quedarse ilegalmente con un millón de dólares provenientes de la campaña trumpista para construir el muro entre México y Estados Unidos, sin embargo, dejó secuelas.

“La llegada del Tercer Reich” de Richard J. Evans, un paso a paso sobre la construcción del estado nazi en Alemania, es uno de sus libros de cabecera y su doctrina se basa en que “el odio y la ira son motivadores».
Amnistía Internacional denunciaba en 2017 que «el uso cínico del discurso del ‘nosotros contra ellos’ provoca una agenda deshumanizadora basada en discursos de culpa, odio y miedo a escala nunca vista desde los años 30».
El atentado contra la Vicepresidenta, entonces, no debería haber sido una “sorpresa”. Los indicios estaban ahí. ¿Está preparada la dirigencia política argentina para asumir y enfrentar lo que este siniestro episodio abre?
Los doce años de prisión y el intento de proscripción que el fiscal Diego Luciani pidió para Cristina en la causa “Vialidad” desató el repudio de las fuerzas políticas, sociales y sindicales y Cristina Fernández desnudó el entramado judicial al servicio del poder concentrado.
Las vallas de Rodríguez Larreta como símbolo extremo de “contención” de esas fuerzas sociales fueron derribadas. Ese “alguien tiene que calmarla” retumbó como un eco de fuego en el arma que empuñó Fernando Sabag Montiel y que míticamente falló.
El que no falla es el pueblo, por eso más de 600 mil personas colmaron Plaza de Mayo. Las calles como escenario de disputa, defensa de la democracia y respuesta al odio.
“Cristina presidenta” fue un canto sentido. Sin embargo, Cristina no habló ese día en la Plaza, ni al siguiente en el acto del PJ bonaerense en Merlo: suspendido. El paro de la CGT y la CTA nunca llegó y la sesión en Diputados no pudo ir más allá de la aprobación de una resolución de repudio de tres párrafos.
El bloque opositor se dio el lujo de retirarse luego de votar, los “libertarios” apenas si repudiaron la violencia y no perdieron la oportunidad de remarcar su defensa de la propiedad privada y el liberalismo. El Frente de Todos no expuso a sus figuras más relevantes a deslumbrar en el recinto. La izquierda se abstuvo, repudió el atentado y presentó su programa.
¿Quién ganó esta partida? Tal vez la respuesta sea: nadie todavía.
El documento leído en la Plaza que llamó a la paz social no parece haber calmado a las fuerzas de la oposición que, sin tapujos, siguen escupiendo su ira.
El poder hegemónico, en su disputa geopolítica, sabe lo que quiere: alimentos, recursos naturales, minerales, la capacidad de producir energía. Es por eso, y por todo lo demás, que la reconstrucción del movimiento nacional tiene que ser clara: recuperar la soberanía, la energía, los puertos, los trenes, la tierra para producir, el litio, resolver el problema del endeudamiento con los fondos de quienes la fugaron, poner en pie empresas nacionales, generar trabajo, reconocer a los sectores de la economía popular para ese proceso de reconstrucción nacional, recuperar el Estado para el pueblo.
Si los gobiernos populares no cumplen con su pacto electoral, no resuelven los problemas cotidianos de las personas de a pie y no se enfrentan al poder real sino que, en muchos casos, pactan con él, el futuro forjara la esperanza sólo a través de los corazones latiendo en las calles nuevamente.
Energía
El gremio del gas declaró alerta nacional por despidos y tercerización en plena bonanza del sector
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y denunció que las empresas distribuidoras y transportadoras del sector están desvinculando a trabajadores con experiencia y reemplazándolos por empresas tercerizadas, en plena etapa de bonanza económica. La crisis institucional en el organismo regulador, con la renuncia sorpresiva del titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, agrava el cuadro.
Ganancias para las empresas, precarización para los trabajadores: la ecuación del gas bajo Milei.
★ En un contexto de rentabilidad extraordinaria para las empresas del sector gasífero, la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) declaró el estado de alerta nacional y repudió los despidos y la profundización de la tercerización que, según denunció la organización, se registran en distribuidoras y transportadoras de gas de todo el país.
El comunicado, emitido este martes, fue suscripto bajo la conducción del secretario general Guillermo Mangone y marca un escalón en la tensión entre los gremios del sector energético y las empresas concesionarias en el marco de la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Rentabilidad empresaria y ajuste sobre los trabajadores
Lo que torna especialmente grave la situación, según la federación, es la contradicción flagrante entre los indicadores financieros del sector y las decisiones de gestión de personal: las empresas atraviesan uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años, con balances positivos, aumentos tarifarios autorizados y mejoras sostenidas en sus indicadores financieros, mientras reducen sistemáticamente su planta propia.
La FETIGNRA señaló que esas ganancias no se traducen en inversión en recursos humanos ni en capacitación, sino en la profundización de esquemas de tercerización que sustituyen trabajadores en relación de dependencia por contratistas externos. Según la federación, esta estrategia responde exclusivamente a una lógica de reducción de costos laborales que no tiene correlato en ninguna necesidad operativa ni económica real del sector.
Precarización en un servicio esencial
El gremio advirtió que numerosas tareas históricamente ejecutadas por personal especializado y con años de experiencia están siendo transferidas a empresas que, según la denuncia, emplean trabajadores en condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial como es la distribución y el transporte de gas natural.
La preocupación no se limita al deterioro de las condiciones laborales. La FETIGNRA planteó que la reducción sistemática de personal propio pone en riesgo la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y, especialmente, la seguridad de las instalaciones, aspecto crítico en una red cuya falla puede derivar en consecuencias graves para la población.
Control regulatorio en crisis
El alerta gremial coincide con un momento de inestabilidad en el organismo encargado de regular el sector. Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes al frente del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), menos de un mes después de haber sido designado. En su lugar asumió el vicepresidente Vicente Serra.
Según informó el medio especializado Econojournal, la salida de Lamboglia se produjo en el marco de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se había desempeñado como interventor del Enargas. Los conflictos abarcaron la renovación de contratos, el lugar de trabajo, las condiciones edilicias y las marcadas diferencias salariales entre el personal proveniente del ex Enargas y del ex Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE): en el primero, los sueldos más altos llegan a 32 millones de pesos brutos, mientras en el segundo no superan los 8,5 millones. La situación se tornó insostenible cuando Nachón no se presentó a una reunión de directorio convocada para aprobar las subas tarifarias de junio.
En ese contexto, la FETIGNRA cuestionó explícitamente la «pasividad de los organismos de control» ante el avance de la precarización laboral. La disfunción interna del ENRGE, en plena transición institucional, refuerza esa lectura: el regulador que debería supervisar tanto las condiciones del servicio como las obligaciones laborales de los concesionarios está paralizado por disputas internas mientras las empresas avanzan con sus planes de reducción de personal.
Las exigencias del gremio
La FETIGNRA reclamó el cese inmediato de los despidos, la preservación de los puestos de trabajo, el respeto de los derechos laborales adquiridos y la implementación de políticas de capacitación, estabilidad y desarrollo profesional para los trabajadores del sector. En el cierre de su comunicado, la federación planteó que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
El escenario que describen los trabajadores del gas no es aislado. En los últimos meses, el sindicato petrolero alertó por posibles cesantías en yacimientos convencionales ante la reversión de áreas de YPF, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró alerta y movilización por el estado del sector. La lógica de tercerización como herramienta de ajuste laboral en servicios estratégicos se consolida como uno de los rasgos salientes del modelo energético libertario.
Puntos clave:
- La FETIGNRA declaró el estado de alerta nacional ante despidos y tercerización en distribuidoras y transportadoras de gas.
- El gremio denunció que los despidos se producen en un contexto de rentabilidad récord para las empresas del sector.
- Las tareas tercerizadas son realizadas, según el sindicato, por trabajadores sin la capacitación adecuada para un servicio esencial.
- El titular del ENRGE renunció a menos de un mes de asumir, en medio de una interna que paraliza al organismo regulador.
- La federación exigió el cese de los despidos y el respeto de los derechos laborales adquiridos.
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