★ La decisión del Gobierno de revocar las acreditaciones de periodistas con acceso habitual a la Casa Rosada, que este medio informó en su edición de hoy, tuvo una respuesta política inmediata desde la oposición. Los diputados nacionales de Unión por la Patria que integran la Comisión de Libertad de Expresión presentaron este lunes un proyecto de resolución en el que repudiaron la medida y exigieron «la inmediata revocación de la medida y el libre acceso» de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.

El documento lleva como título «La Censura Avanza» y fue presentado como respuesta directa a lo que los legisladores describieron como un «avasallamiento a la libertad de expresión». Lo firmaron las diputadas y diputados Sabrina Selva, Nicolás Trotta, Germán Martínez, Raúl Hadad, Santiago Roberto, Hugo Yasky, Lorena Pokoik, Juan Marino y Diego Giuliano.

«Silenciar voces en plena democracia»

La diputada Sabrina Selva, cercana al espacio del exministro Sergio Massa, fue una de las voces más contundentes. «Frente a este avasallamiento a la libertad de expresión, diputadas y diputados de Unión por la Patria que integramos la Comisión de Libertad de Expresión presentamos un proyecto repudiando al gobierno que, no bastándole con agredir periodistas, ahora decide silenciar voces en plena democracia», publicó en su cuenta de la red social X.

Selva remarcó además que «en una democracia constitucional, el disenso, la crítica y la pluralidad de voces no solo deben ser tolerados, sino activamente garantizados», y advirtió que «la existencia de un periodismo independiente, diverso y con acceso efectivo a las fuentes oficiales es condición necesaria para evitar la concentración del discurso público y para impedir que el poder político derive en prácticas autorreferenciales o propagandísticas».

El relato de los periodistas bloqueados

Tal como informó este medio, la medida se ejecutó por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mediante la inhabilitación de huellas digitales de acceso. El Destape, uno de los medios con más cobertura crítica del Gobierno, confirmó que sus periodistas Jonathan Heguier y Javier Slucki fueron bloqueados este lunes por la mañana en la puerta de ingreso a Balcarce 50.

Javier Slucki describió la situación en detalle: «Llegué a la Casa Rosada como hago casi todos los días para cubrir los acontecimientos, pero, a diferencia de lo que ocurre siempre, el agente de ingresos me dijo que mi huella estaba inhabilitada.» Slucki agregó que un funcionario esperaba a los periodistas en la puerta con una lista y que la justificación esgrimida fue el «espionaje de medios a través de los servicios rusos», con acreditaciones bloqueadas hasta que los medios «no aclaren esta cuestión.»

El periodista fue además categórico sobre la falta de sustento legal de la medida: «La denuncia del Gobierno no está judicializada ni comprobada en ningún punto porque los propios autores pusieron en duda lo mismo que habían afirmado antes.» Y confirmó que la orden «baja directamente de la Oficina de Comunicación.»

El dato clave que el Gobierno omite

El argumento que el Ejecutivo utilizó para avalar la purga de acreditaciones descansa sobre el informe de la organización británica openDemocracy, que publicó la semana pasada los resultados de una investigación basada en 76 documentos de inteligencia rusos sobre la red conocida como «La Compañía». Sin embargo, hay un dato central que el Gobierno ignoró al tomar la medida: la propia editora de openDemocracy, Diana Cariboni, reconoció públicamente que no hay pruebas «de que ese dinero se haya pagado». «No tenemos pruebas si se pagó a un medio, un periodista o un intermediario», afirmó en declaraciones al canal LN+.

Como informó este medio en su cobertura anterior, el consorcio fue explícito en esa limitación: los documentos registran presupuestos y tarifas acordadas, pero la investigación no pudo verificar si esos pagos se realizaron efectivamente ni a quiénes fueron dirigidos. El propio experto en medios Martín Becerra, consultado por openDemocracy, señaló que el contenido de las notas señaladas «consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica», nada que se destacara de la cobertura periodística habitual.

En ese contexto, el conductor Adrián Murano señaló que la operación sale «en favor del Gobierno en su semana más crítica» y cuestionó que se trate de una iniciativa «financiada por Estados Unidos» para atacar a los medios que «más exhiben los pliegues oscuros del Gobierno, tanto en su saqueo estructural como en las consecuencias de su política.»

Un patrón sistemático

La maniobra de este lunes no es un hecho aislado. Como informó oportunamente este medio, el Gobierno lleva adelante desde hace meses una ofensiva sistemática contra el periodismo crítico. En septiembre de 2025, la administración libertaria obtuvo una cautelar judicial que prohibió temporalmente la difusión de audios atribuidos a la propia Karina Milei, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich llegó a solicitar el allanamiento de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Esa medida fue repudiada como censura previa por constitucionalistas, organizaciones de prensa y un amplio arco político.

La restricción de este lunes irrumpe, además, en una semana donde el Gobierno enfrenta simultáneamente la investigación judicial al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, la indagatoria al propio presidente por la causa $Libra, el escándalo de la causa ANDIS y las denuncias por los créditos millonarios del Banco Nación otorgados a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza. La «trama rusa» llegó así como un salvavidas narrativo para un Gobierno con el agua al cuello; la censura a la prensa, su consecuencia más grave.

Puntos clave:

• Diputados de UxP de la Comisión de Libertad de Expresión presentaron un proyecto de resolución titulado «La Censura Avanza», con enérgico repudio y exigencia de libre acceso para la prensa a la Casa Rosada
• El Destape confirmó que sus periodistas Jonathan Heguier y Javier Slucki fueron bloqueados; la orden baja «directamente de la Oficina de Comunicación», según confirmó Slucki
• La propia editora de openDemocracy, Diana Cariboni, admitió públicamente que no hay pruebas de que los pagos rusos se hayan efectivizado ni de a quién habrían ido dirigidos
• La medida no tiene respaldo judicial: la denuncia del Gobierno no está judicializada ni comprobada, según precisó el propio periodista afectado
• El episodio se suma a un patrón de hostigamiento a la prensa que incluye la cautelar de censura de septiembre de 2025 y los pedidos de allanamiento a periodistas