Judiciales ⚖️
Porcel procesado por abuso y corrupción de menores: acreditaron los hechos pero no está detenido
La causa avanzó. El empresario fue procesado por abuso sexual, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil, en un expediente que reúne al menos diez denuncias de niños menores de 13 años. La resolución judicial fijó responsabilidades en esta etapa, aunque dispuso que continúe en libertad, con embargo millonario y prohibición de salida del país.
El expediente, radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50 y con intervención del fiscal Pablo Turano, describe una mecánica reiterada: el imputado habría aprovechado su vínculo con las víctimas (compañeros de colegio de su hijo) y el ámbito de confianza para concretar los abusos.
Un procesamiento con pruebas sensibles
El auto de procesamiento sostuvo que los hechos “concurren en forma ideal” con el delito de corrupción de menores en múltiples oportunidades. La figura se agrava por la edad de las víctimas y por la presunta producción de imágenes con fines sexuales.
Entre los elementos incorporados a la causa aparecen:
Pericias sobre el celular del imputado, donde se habrían encontrado fotos de menores desnudos.
Mensajes que, según la acusación, refuerzan la hipótesis delictiva.
Testimonios de familias, que describieron encuentros en casas y oficinas del empresario.
La investigación también consignó que en esos ámbitos se habría promovido el consumo de alcohol y prácticas como apuestas en línea, en un contexto de asimetría entre adultos y menores.
Medidas: embargo y restricciones, pero sin prisión
Pese a la gravedad de los delitos imputados, la Justicia resolvió no dictar prisión preventiva. En cambio, impuso:
Embargo por 112 millones de pesos
Prohibición de salida del país
La decisión vuelve a poner en discusión los criterios judiciales para restringir la libertad en este tipo de delitos, donde el avance probatorio convive con la evaluación de riesgos procesales.
Los hechos
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre dos y tres años atrás, pero se formalizaron en 2024, cuando las familias comenzaron a advertir cambios en la conducta de los chicos y limitaron el contacto con el empresario.
La causa sigue abierta. La incorporación de nuevos denunciantes postergó instancias clave, como la indagatoria, y mantiene el expediente en movimiento.
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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.
La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.
Más arrestos en una causa que suma imputados
La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.
El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.
Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva
Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.
Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.
La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación
La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.
María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.
Un negocio sin habilitación y sin controles
La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.
La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.
Puntos clave
- La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
- Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
- La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
- El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
- La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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