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Desregulación

Sturzenegger irá al Senado a explicar porqué Milei quiere entregar tierras a extranjeros

El ministro de Desregulación expondrá este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina los topes a la compra de tierras por extranjeros, incorpora un mecanismo de desalojo «sumarísimo» y desmantela los artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego. El combo consolida una política territorial que ya tiene antecedentes: más de 13 millones de hectáreas argentinas están hoy en manos extranjeras, según un relevamiento del CONICET y la UBA.

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El Argentino Diario-Javier Milei-Federico Sturzenegger.

Sturzenegger en el Senado: tierras sin límites, desalojos exprés y el fin de la protección contra incendios especulativos

★ El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para exponer el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, informaron fuentes del oficialismo. El plenario estará presidido por los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Marquez.

La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros del gabinete, y concentra cuatro ejes: el refuerzo de garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, la eliminación de los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

No es un proyecto aislado. Es el paso legislativo de una política que el Gobierno de Milei viene ejecutando desde el primer día, y que este medio viene documentando en detalle desde diciembre de 2025.

El mecanismo «sumarísimo»: más velocidad, menos garantías

Sobre el régimen expropiatorio, el proyecto establece un procedimiento «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, en el que la acreditación del título de propiedad es el único requisito para obtener la devolución del bien. El texto oficial asegura que se preservan «las garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas», aunque el objetivo declarado es acortar drásticamente los tiempos que actualmente permiten a los ocupantes de un inmueble defender su situación ante la justicia.

Los críticos de la iniciativa advierten que la celeridad del mecanismo puede convertirse en una herramienta de presión contra inquilinos, comunidades indígenas con posesión histórica de tierras o familias que residen en inmuebles cuya titulación está en disputa judicial.

Tierras: el mapa que el CONICET dibujó antes de que Milei avance

El eje más sensible del proyecto es la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa busca derogar los topes establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fijó que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera y que ninguna persona física o jurídica extranjera puede tener más del 30% de una misma zona.

El argumento oficial, reproducido en el texto firmado por Milei y todos sus ministros, sostiene que esos límites «implicaron una limitación irrazonable» que «condicionó y desincentivó la inversión internacional» en el sector agropecuario. El Gobierno propone reemplazarlos por controles focalizados exclusivamente en adquisiciones de Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.

Los datos, sin embargo, cuentan otra historia. Un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET, construido a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, reveló en enero de 2026 que 13 millones de hectáreas —el equivalente a la superficie de Inglaterra, cerca del 5% del territorio nacional— ya están en manos de firmas o estados extranjeros.

Según ese relevamiento, 36 departamentos ya exceden el límite del 15% fijado por la ley que Milei quiere eliminar. Cuatro casos superan el 50% de extranjerización: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido de Italia y España; entre esos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.

«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», advirtió el historiador Matías Oberlin, becario del CONICET e integrante del Observatorio, en declaraciones a medios nacionales en enero pasado.

Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas de alto valor estratégico: acuíferos, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera. El caso Joe Lewis en el Lago Escondido, Río Negro, con sus 11.000 hectáreas en zona de seguridad fronteriza, un aeropuerto privado sin radares y el bloqueo sistemático del acceso público a un lago de dominio constitucional, fue documentado por este medio como el paradigma de lo que ocurre cuando no hay controles efectivos.

El investigador del CONICET Facundo Martín sintetizó el argumento central contra la reforma: «La decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales. La ley no estaba obstaculizando las inversiones.»

Manejo del Fuego: el negocio que se habilita cuando los bosques arden

El proyecto también elimina los artículos centrales de la Ley 27.604, modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. Esa norma prohibía, en caso de incendio, vender o modificar el uso de humedales, bosques nativos y áreas protegidas por 60 años, y el de zonas agrícolas incendiadas por 30 años.

El argumento oficial, reproducido por el jefe de Gabinete Adorni en conferencia de prensa, sostiene que esas restricciones «son irrazonables y afectan el ejercicio del derecho de propiedad» y que «se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida.»

El planteo enfrenta datos concretos. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios en Argentina son producto de la actividad humana. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue contundente cuando el Gobierno anunció la medida en diciembre de 2025: la única actividad que se «desincentiva» con la ley vigente «es la de prender fuego» como mecanismo para «expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario.»

«Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado», explicó Vilar en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas al momento del anuncio oficial.

Este medio alertó en diciembre pasado sobre el combo peligroso que representa la combinación de ambas reformas: sin restricciones post-incendio y sin límites a la compra por extranjeros, el circuito es casi perfecto. Se incendia, se compra barato, se cambia el uso del suelo, y el comprador puede ser cualquier corporación multinacional sin ningún tope legal.

El dato presupuestario completa el cuadro. Según la Oficina de Presupuesto Nacional, durante el primer trimestre de 2024 el Gobierno no ejecutó un solo peso de los fondos asignados al combate de incendios. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuvo una caída del 67% en términos reales respecto a los años anteriores.

El historial de Sturzenegger: desregulación como ideología

La presentación de este miércoles no es la primera incursión legislativa de Sturzenegger en el Congreso. La semana pasada, el ministro reingresó el proyecto denominado «Hojarasca», que propone derogar decenas de normas bajo el argumento de que son obsoletas o burocráticas, pero que mezcla leyes genuinamente anacrónicas con normativas de alto contenido político, como la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley 25.750) o la que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley 26.688). El proyecto había perdido estado parlamentario en 2024 sin llegar siquiera a tener dictamen de comisión.

El patrón se repite: presentaciones sucesivas de iniciativas que erosionan el rol regulador del Estado, el control sobre recursos estratégicos y las protecciones ambientales, enmarcadas siempre en el lenguaje de la libertad y la modernización.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado inician formalmente este miércoles el debate. El peronismo ya anticipó su rechazo. El PRO acompaña. Y el mapa del CONICET, con sus 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras y sus 36 departamentos en rojo, sigue disponible públicamente para quien quiera mirar los datos antes de votar.

Puntos clave

  • El ministro Sturzenegger expondrá este miércoles en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye desalojos exprés, eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros y reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
  • El proyecto elimina los topes de la Ley 26.737 de 2011, que establecía que no más del 15% del territorio nacional puede estar en manos extranjeras, conservando controles solo para compras de Estados soberanos.
  • Un relevamiento del CONICET y la UBA publicado en enero de 2026 reveló que 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras y que 36 departamentos exceden el límite legal vigente.
  • La eliminación de las restricciones post-incendio de la Ley 27.604 habilita el cambio de uso de humedales y bosques nativos incendiados, una combinación que organizaciones ambientalistas advierten que favorece la especulación inmobiliaria mediante incendios intencionales.
  • El Gobierno no ejecutó fondos para el combate de incendios en el primer trimestre de 2024 y recortó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego un 67% en términos reales.

Desregulación

El Gobierno cedió en el Senado: las sociedades automatizadas deberán tener responsables humanos

El oficialismo retrocedió en uno de los puntos más polémicos del proyecto de reforma de la Ley de Sociedades impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. La senadora Patricia Bullrich anunció que las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) deberán contar con al menos una persona física o jurídica responsable, descartando la posibilidad de empresas completamente automatizadas y sin intervención humana alguna.

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La IA sin control, frenada en el Congreso: cómo el Senado obligó al oficialismo a poner un humano detrás de las empresas algorítmicas.

El Gobierno de Javier Milei dio marcha atrás en uno de los aspectos más cuestionados de su proyecto de reforma a la Ley General de Sociedades. Durante una nueva jornada de debate en la Comisión de Legislación General del Senado, la jefa de la bancada oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich, reconoció las resistencias que generaba la figura de las «sociedades automatizadas» y anunció que el texto será modificado para incorporar la presencia obligatoria de al menos un responsable humano o jurídico en las nuevas entidades.

El proyecto original, elaborado por el ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, había introducido dos figuras sin precedentes en el derecho argentino: las «Sociedades Automatizadas», capaces de operar mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para su funcionamiento ordinario; y las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), estructuras de gobernanza tecnológica con participaciones representadas en tokens y registros en blockchain. Ambas podían funcionar, en la letra del proyecto original, sin ningún director, gerente o representante legal humano.

Un retroceso en las formas, pero no en el fondo

«Estamos pensando desde el oficialismo y con algunos bloques más hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas, con responsables físicos», anunció Bullrich ante la comisión. La senadora justificó el cambio en la necesidad de brindar seguridad jurídica, asegurando que «el órgano de administración esté integrado al menos por una persona jurídica con idoneidad suficiente para el control de sistemas automatizados». La modificación concreta del texto seguía en discusión al cierre de la sesión, por lo que su redacción definitiva se conocerá en los próximos días.

El cambio no es menor en términos simbólicos: durante semanas, la posibilidad de habilitar empresas sin ningún ser humano a cargo generó críticas transversales. Abogados, docentes universitarios y especialistas en derecho comercial alertaron sobre el vacío de responsabilidad que implicaría una empresa cuyos actos fueran ejecutados íntegramente por algoritmos, sin ninguna persona física a quien reclamarle daños, incumplimientos contractuales o irregularidades fiscales.

El proyecto de Sturzenegger: desregulación total del esquema societario

La reforma de la Ley General de Sociedades, norma que regula la constitución y funcionamiento de empresas en Argentina desde 1972, fue enviada al Congreso en mayo de 2026. Uno de sus ejes centrales convierte las disposiciones de la ley vigente en normas supletorias: el estatuto de cada empresa prevalece sobre la legislación general, lo que en la práctica reduce las facultades de organismos de control como la Inspección General de Justicia (IGJ) y las Direcciones Provinciales de Personas Jurídicas. El proyecto también permite que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o arbitraje privado, sin pasar por la justicia argentina.

Sturzenegger justificó la iniciativa señalando que la ley vigente era «rígida y anacrónica» y estaba construida sobre «la desconfianza al sector privado». La reforma elimina la obligación de consignar un objeto social específico: si el estatuto no lo determina, la empresa podrá realizar cualquier actividad lícita. También admite la plena digitalización de la persona jurídica, incluyendo domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia y constitución por firma digital.

El debate continúa: segunda semana de septiembre, primer turno posible en el recinto

La comisión continúa recibiendo expositores invitados por los distintos bloques. La semana próxima se realizará una nueva ronda de presentaciones, lo que correría el tratamiento en el recinto al menos hasta la segunda semana de septiembre. El proyecto llega al Senado en un contexto político delicado: el oficialismo no cuenta con mayoría propia en la Cámara alta y necesita el apoyo de bloques aliados o dialoguistas para avanzar en su agenda legislativa.

La concesión de Bullrich sobre los responsables humanos en las DAO puede leerse, también, como una señal de que el oficialismo está dispuesto a negociar aspectos puntuales para destrabar el debate. Lo que no está en discusión, al menos de momento, es el núcleo desregulador del proyecto: la preeminencia del estatuto sobre la ley, la eliminación de controles registrales y la apertura al derecho extranjero para dirimir conflictos societarios internos.

Puntos clave

  • El oficialismo anunció que incorporará al menos un responsable humano o jurídico en las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), descartando empresas sin ninguna participación humana.
  • Patricia Bullrich realizó el anuncio durante el debate en la Comisión de Legislación General del Senado, en respuesta a críticas de expositores invitados.
  • El proyecto original de Sturzenegger habilitaba sociedades operadas íntegramente por inteligencia artificial o algoritmos, sin empleados ni directores humanos.
  • El texto de la modificación aún estaba en redacción al cierre de la jornada; el tratamiento en el recinto no se espera antes de la segunda semana de septiembre.
  • El núcleo desregulador del proyecto, que convierte la Ley de Sociedades en norma supletoria frente al estatuto de cada empresa, no fue puesto en cuestión.
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