Desregulación
Sturzenegger irá al Senado a explicar porqué Milei quiere entregar tierras a extranjeros
El ministro de Desregulación expondrá este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina los topes a la compra de tierras por extranjeros, incorpora un mecanismo de desalojo «sumarísimo» y desmantela los artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego. El combo consolida una política territorial que ya tiene antecedentes: más de 13 millones de hectáreas argentinas están hoy en manos extranjeras, según un relevamiento del CONICET y la UBA.
Sturzenegger en el Senado: tierras sin límites, desalojos exprés y el fin de la protección contra incendios especulativos
★ El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para exponer el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, informaron fuentes del oficialismo. El plenario estará presidido por los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Marquez.
La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros del gabinete, y concentra cuatro ejes: el refuerzo de garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, la eliminación de los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
No es un proyecto aislado. Es el paso legislativo de una política que el Gobierno de Milei viene ejecutando desde el primer día, y que este medio viene documentando en detalle desde diciembre de 2025.
El mecanismo «sumarísimo»: más velocidad, menos garantías
Sobre el régimen expropiatorio, el proyecto establece un procedimiento «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, en el que la acreditación del título de propiedad es el único requisito para obtener la devolución del bien. El texto oficial asegura que se preservan «las garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas», aunque el objetivo declarado es acortar drásticamente los tiempos que actualmente permiten a los ocupantes de un inmueble defender su situación ante la justicia.
Los críticos de la iniciativa advierten que la celeridad del mecanismo puede convertirse en una herramienta de presión contra inquilinos, comunidades indígenas con posesión histórica de tierras o familias que residen en inmuebles cuya titulación está en disputa judicial.
Tierras: el mapa que el CONICET dibujó antes de que Milei avance
El eje más sensible del proyecto es la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa busca derogar los topes establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fijó que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera y que ninguna persona física o jurídica extranjera puede tener más del 30% de una misma zona.
El argumento oficial, reproducido en el texto firmado por Milei y todos sus ministros, sostiene que esos límites «implicaron una limitación irrazonable» que «condicionó y desincentivó la inversión internacional» en el sector agropecuario. El Gobierno propone reemplazarlos por controles focalizados exclusivamente en adquisiciones de Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.
Los datos, sin embargo, cuentan otra historia. Un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET, construido a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, reveló en enero de 2026 que 13 millones de hectáreas —el equivalente a la superficie de Inglaterra, cerca del 5% del territorio nacional— ya están en manos de firmas o estados extranjeros.
Según ese relevamiento, 36 departamentos ya exceden el límite del 15% fijado por la ley que Milei quiere eliminar. Cuatro casos superan el 50% de extranjerización: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido de Italia y España; entre esos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.
«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», advirtió el historiador Matías Oberlin, becario del CONICET e integrante del Observatorio, en declaraciones a medios nacionales en enero pasado.
Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas de alto valor estratégico: acuíferos, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera. El caso Joe Lewis en el Lago Escondido, Río Negro, con sus 11.000 hectáreas en zona de seguridad fronteriza, un aeropuerto privado sin radares y el bloqueo sistemático del acceso público a un lago de dominio constitucional, fue documentado por este medio como el paradigma de lo que ocurre cuando no hay controles efectivos.
El investigador del CONICET Facundo Martín sintetizó el argumento central contra la reforma: «La decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales. La ley no estaba obstaculizando las inversiones.»
Manejo del Fuego: el negocio que se habilita cuando los bosques arden
El proyecto también elimina los artículos centrales de la Ley 27.604, modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. Esa norma prohibía, en caso de incendio, vender o modificar el uso de humedales, bosques nativos y áreas protegidas por 60 años, y el de zonas agrícolas incendiadas por 30 años.
El argumento oficial, reproducido por el jefe de Gabinete Adorni en conferencia de prensa, sostiene que esas restricciones «son irrazonables y afectan el ejercicio del derecho de propiedad» y que «se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida.»
El planteo enfrenta datos concretos. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios en Argentina son producto de la actividad humana. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue contundente cuando el Gobierno anunció la medida en diciembre de 2025: la única actividad que se «desincentiva» con la ley vigente «es la de prender fuego» como mecanismo para «expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario.»
«Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado», explicó Vilar en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas al momento del anuncio oficial.
Este medio alertó en diciembre pasado sobre el combo peligroso que representa la combinación de ambas reformas: sin restricciones post-incendio y sin límites a la compra por extranjeros, el circuito es casi perfecto. Se incendia, se compra barato, se cambia el uso del suelo, y el comprador puede ser cualquier corporación multinacional sin ningún tope legal.
El dato presupuestario completa el cuadro. Según la Oficina de Presupuesto Nacional, durante el primer trimestre de 2024 el Gobierno no ejecutó un solo peso de los fondos asignados al combate de incendios. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuvo una caída del 67% en términos reales respecto a los años anteriores.
El historial de Sturzenegger: desregulación como ideología
La presentación de este miércoles no es la primera incursión legislativa de Sturzenegger en el Congreso. La semana pasada, el ministro reingresó el proyecto denominado «Hojarasca», que propone derogar decenas de normas bajo el argumento de que son obsoletas o burocráticas, pero que mezcla leyes genuinamente anacrónicas con normativas de alto contenido político, como la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley 25.750) o la que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley 26.688). El proyecto había perdido estado parlamentario en 2024 sin llegar siquiera a tener dictamen de comisión.
El patrón se repite: presentaciones sucesivas de iniciativas que erosionan el rol regulador del Estado, el control sobre recursos estratégicos y las protecciones ambientales, enmarcadas siempre en el lenguaje de la libertad y la modernización.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado inician formalmente este miércoles el debate. El peronismo ya anticipó su rechazo. El PRO acompaña. Y el mapa del CONICET, con sus 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras y sus 36 departamentos en rojo, sigue disponible públicamente para quien quiera mirar los datos antes de votar.
Puntos clave
- El ministro Sturzenegger expondrá este miércoles en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye desalojos exprés, eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros y reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
- El proyecto elimina los topes de la Ley 26.737 de 2011, que establecía que no más del 15% del territorio nacional puede estar en manos extranjeras, conservando controles solo para compras de Estados soberanos.
- Un relevamiento del CONICET y la UBA publicado en enero de 2026 reveló que 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras y que 36 departamentos exceden el límite legal vigente.
- La eliminación de las restricciones post-incendio de la Ley 27.604 habilita el cambio de uso de humedales y bosques nativos incendiados, una combinación que organizaciones ambientalistas advierten que favorece la especulación inmobiliaria mediante incendios intencionales.
- El Gobierno no ejecutó fondos para el combate de incendios en el primer trimestre de 2024 y recortó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego un 67% en términos reales.
Desregulación
La industria textil argentina al límite: el 70% del mercado ya es importado
Con seis de cada diez máquinas paradas y una caída de la producción del 34% respecto a 2023, la industria textil argentina enfrenta su peor momento ante una apertura comercial que duplicó el ingreso de indumentaria importada. La Fundación Pro Tejer y la FITA denuncian competencia fraudulenta por subfacturación y reclaman al gobierno de Milei condiciones mínimas para sobrevivir.
Las importaciones ya explican el 70% del mercado textil argentino. Lo que históricamente era una disputa pareja entre producción local y productos del exterior se convirtió, bajo la gestión libertaria, en una derrota estructural para la industria nacional: en el primer semestre de 2026, la indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares, mientras las fábricas textiles del país operaban apenas al 39% de su capacidad instalada.
Esos datos fueron aportados por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), los dos organismos que nuclean al sector y que coinciden en un diagnóstico que el gobierno de Javier Milei prefiere ignorar: la política de apertura comercial irrestricta, combinada con la apreciación del tipo de cambio real y la demora en medidas de competitividad, está destruyendo una cadena productiva que empleó durante décadas a cientos de miles de trabajadores formales.
Apertura sin red: la caída en los eslabones primarios
En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria totalizaron 177.356 toneladas y 911 millones de dólares. La baja del 20% interanual en cantidades y del 5% en valores no es, como podría interpretarse, una señal de mejora: esa contracción se concentra en los insumos, no en los productos finales.
Según el informe de Pro Tejer, las materias primas cayeron un 33%, los hilados un 43%, los tejidos planos un 52% y los tejidos de punto un 34%. La lectura es inequívoca: hay menos insumos porque hay menos producción local. Las fábricas no fabrican, por lo tanto no demandan materias primas. El mercado interno simplemente se abastece con el producto terminado que llega del exterior.
La Fundación Pro Tejer precisó que «el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina».
Subfacturación: más del 70% de los productos entra a precio ficticio
La FITA fue más terminante en su diagnóstico y acuñó el término que sintetiza el problema de fondo: «competencia fraudulenta». La federación señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desregulación de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa cargando con una presión tributaria elevada, altos costos logísticos y falta de financiamiento.
Pero el punto más crítico es la subfacturación. Más del 70% de los productos importados ingresa al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal. Esta práctica, que constituye una violación a las normas de comercio exterior vigentes, configura una ventaja artificial imposible de compensar por cualquier esfuerzo de eficiencia en la producción local.
A eso se suma la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan indumentaria de origen asiático sin tributar aranceles, operando en un vacío regulatorio que el gobierno libertario no ha mostrado voluntad de cerrar.
La producción en caída libre: 34% menos que en 2023
Las cifras de actividad son concluyentes. En el primer semestre de 2026, la producción textil cayó un 24,4% respecto al mismo período de 2025 y un 34% respecto a 2023, el último año antes del gobierno de Milei. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39%, lo que en términos prácticos significa que seis de cada diez máquinas están paradas en las fábricas del sector.
La FITA aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en términos generales. La entidad firmó recientemente una declaración conjunta con organizaciones del Mercosur y de Europa en el marco del acuerdo birregional, y gestiona activamente el avance comercial con Estados Unidos. El reclamo no es por el comercio exterior en sí, sino por las condiciones en que se da ese comercio: sin reglas de origen verificadas, sin valores de referencia que impidan la subfacturación y sin paridad de cargas tributarias entre lo que se produce aquí y lo que se importa.
El reclamo: que se cumpla la ley
La demanda del sector ante el gobierno no es, por ahora, proteccionismo clásico. La FITA y Pro Tejer reclaman el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior: aplicar los controles aduaneros que ya existen para detectar subfacturación, establecer valores de referencia para los principales productos importados y garantizar que las plataformas digitales extranjeras tributen igual que los comercios locales.
Sin esas condiciones mínimas, la industria textil argentina enfrenta un horizonte de desindustrialización acelerada que no se limita a una rama productiva: arrastra empleo registrado, capacidad de exportación, desarrollo regional y una cadena de valor que va desde el algodón en el norte del país hasta las terminaciones en los talleres del conurbano bonaerense.
Puntos clave
- Las importaciones representan ya el 70% del mercado textil argentino, según la Fundación Pro Tejer.
- La indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares en el primer semestre de 2026.
- La producción textil cayó un 24,4% interanual y un 34% respecto a 2023, con solo el 39% de la capacidad instalada en uso.
- La FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa subfacturado, sin cubrir el costo de la materia prima.
- Plataformas como Shein y Temu operan sin pagar aranceles, ampliando la brecha de competitividad con la producción local.
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