Desregulación
Sturzenegger irá al Senado a explicar porqué Milei quiere entregar tierras a extranjeros
El ministro de Desregulación expondrá este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que elimina los topes a la compra de tierras por extranjeros, incorpora un mecanismo de desalojo «sumarísimo» y desmantela los artículos centrales de la Ley de Manejo del Fuego. El combo consolida una política territorial que ya tiene antecedentes: más de 13 millones de hectáreas argentinas están hoy en manos extranjeras, según un relevamiento del CONICET y la UBA.
Sturzenegger en el Senado: tierras sin límites, desalojos exprés y el fin de la protección contra incendios especulativos
★ El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se presentará este miércoles a las 16 ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado para exponer el proyecto de ley denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, informaron fuentes del oficialismo. El plenario estará presidido por los senadores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Marquez.
La iniciativa fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros del gabinete, y concentra cuatro ejes: el refuerzo de garantías constitucionales en el régimen expropiatorio, la reforma del sistema de desalojo, la eliminación de los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras rurales, y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego.
No es un proyecto aislado. Es el paso legislativo de una política que el Gobierno de Milei viene ejecutando desde el primer día, y que este medio viene documentando en detalle desde diciembre de 2025.
El mecanismo «sumarísimo»: más velocidad, menos garantías
Sobre el régimen expropiatorio, el proyecto establece un procedimiento «sumarísimo» para la restitución de inmuebles, en el que la acreditación del título de propiedad es el único requisito para obtener la devolución del bien. El texto oficial asegura que se preservan «las garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas», aunque el objetivo declarado es acortar drásticamente los tiempos que actualmente permiten a los ocupantes de un inmueble defender su situación ante la justicia.
Los críticos de la iniciativa advierten que la celeridad del mecanismo puede convertirse en una herramienta de presión contra inquilinos, comunidades indígenas con posesión histórica de tierras o familias que residen en inmuebles cuya titulación está en disputa judicial.
Tierras: el mapa que el CONICET dibujó antes de que Milei avance
El eje más sensible del proyecto es la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa busca derogar los topes establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fijó que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras bajo propiedad extranjera y que ninguna persona física o jurídica extranjera puede tener más del 30% de una misma zona.
El argumento oficial, reproducido en el texto firmado por Milei y todos sus ministros, sostiene que esos límites «implicaron una limitación irrazonable» que «condicionó y desincentivó la inversión internacional» en el sector agropecuario. El Gobierno propone reemplazarlos por controles focalizados exclusivamente en adquisiciones de Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos.
Los datos, sin embargo, cuentan otra historia. Un mapa interactivo elaborado por el Observatorio de Tierras de la UBA y el CONICET, construido a partir de pedidos de acceso a la información pública al Registro Nacional de Tierras Rurales, reveló en enero de 2026 que 13 millones de hectáreas —el equivalente a la superficie de Inglaterra, cerca del 5% del territorio nacional— ya están en manos de firmas o estados extranjeros.
Según ese relevamiento, 36 departamentos ya exceden el límite del 15% fijado por la ley que Milei quiere eliminar. Cuatro casos superan el 50% de extranjerización: Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja, y Molinos y San Carlos en Salta. Estados Unidos encabeza el ranking con 2,7 millones de hectáreas, seguido de Italia y España; entre esos tres países concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada.
«No es un proceso de ahora, viene de lejos, pero la ley lo frena. En el momento en que levanten ese freno, se pinta de rojo el mapa», advirtió el historiador Matías Oberlin, becario del CONICET e integrante del Observatorio, en declaraciones a medios nacionales en enero pasado.
Los puntos rojos del mapa coinciden con zonas de alto valor estratégico: acuíferos, minerales críticos, litio, corredores logísticos sobre el río Paraná y áreas de frontera. El caso Joe Lewis en el Lago Escondido, Río Negro, con sus 11.000 hectáreas en zona de seguridad fronteriza, un aeropuerto privado sin radares y el bloqueo sistemático del acceso público a un lago de dominio constitucional, fue documentado por este medio como el paradigma de lo que ocurre cuando no hay controles efectivos.
El investigador del CONICET Facundo Martín sintetizó el argumento central contra la reforma: «La decisión tiene que ver más con una cuestión discursiva, de publicidad, de hacer gestos hacia las corporaciones internacionales. La ley no estaba obstaculizando las inversiones.»
Manejo del Fuego: el negocio que se habilita cuando los bosques arden
El proyecto también elimina los artículos centrales de la Ley 27.604, modificación a la Ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. Esa norma prohibía, en caso de incendio, vender o modificar el uso de humedales, bosques nativos y áreas protegidas por 60 años, y el de zonas agrícolas incendiadas por 30 años.
El argumento oficial, reproducido por el jefe de Gabinete Adorni en conferencia de prensa, sostiene que esas restricciones «son irrazonables y afectan el ejercicio del derecho de propiedad» y que «se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida.»
El planteo enfrenta datos concretos. Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios en Argentina son producto de la actividad humana. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, fue contundente cuando el Gobierno anunció la medida en diciembre de 2025: la única actividad que se «desincentiva» con la ley vigente «es la de prender fuego» como mecanismo para «expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario.»
«Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado», explicó Vilar en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas al momento del anuncio oficial.
Este medio alertó en diciembre pasado sobre el combo peligroso que representa la combinación de ambas reformas: sin restricciones post-incendio y sin límites a la compra por extranjeros, el circuito es casi perfecto. Se incendia, se compra barato, se cambia el uso del suelo, y el comprador puede ser cualquier corporación multinacional sin ningún tope legal.
El dato presupuestario completa el cuadro. Según la Oficina de Presupuesto Nacional, durante el primer trimestre de 2024 el Gobierno no ejecutó un solo peso de los fondos asignados al combate de incendios. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego tuvo una caída del 67% en términos reales respecto a los años anteriores.
El historial de Sturzenegger: desregulación como ideología
La presentación de este miércoles no es la primera incursión legislativa de Sturzenegger en el Congreso. La semana pasada, el ministro reingresó el proyecto denominado «Hojarasca», que propone derogar decenas de normas bajo el argumento de que son obsoletas o burocráticas, pero que mezcla leyes genuinamente anacrónicas con normativas de alto contenido político, como la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley 25.750) o la que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley 26.688). El proyecto había perdido estado parlamentario en 2024 sin llegar siquiera a tener dictamen de comisión.
El patrón se repite: presentaciones sucesivas de iniciativas que erosionan el rol regulador del Estado, el control sobre recursos estratégicos y las protecciones ambientales, enmarcadas siempre en el lenguaje de la libertad y la modernización.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado inician formalmente este miércoles el debate. El peronismo ya anticipó su rechazo. El PRO acompaña. Y el mapa del CONICET, con sus 13 millones de hectáreas ya en manos extranjeras y sus 36 departamentos en rojo, sigue disponible públicamente para quien quiera mirar los datos antes de votar.
Puntos clave
- El ministro Sturzenegger expondrá este miércoles en el Senado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye desalojos exprés, eliminación de límites a la compra de tierras por extranjeros y reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
- El proyecto elimina los topes de la Ley 26.737 de 2011, que establecía que no más del 15% del territorio nacional puede estar en manos extranjeras, conservando controles solo para compras de Estados soberanos.
- Un relevamiento del CONICET y la UBA publicado en enero de 2026 reveló que 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras y que 36 departamentos exceden el límite legal vigente.
- La eliminación de las restricciones post-incendio de la Ley 27.604 habilita el cambio de uso de humedales y bosques nativos incendiados, una combinación que organizaciones ambientalistas advierten que favorece la especulación inmobiliaria mediante incendios intencionales.
- El Gobierno no ejecutó fondos para el combate de incendios en el primer trimestre de 2024 y recortó el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego un 67% en términos reales.
Desregulación
AySA: el 13 de noviembre el consorcio comprador se sienta en el directorio
La empresa convocó a tres asambleas para el mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90%. Se tratará la renuncia de los directores estatales, el nombramiento de sus reemplazantes y una reforma de 11 artículos del estatuto.
El mismo día en que vence el plazo para firmar la venta del 90% de AySA, la empresa convocó a tres asambleas para tratar la renuncia de los directores designados por el Estado y el nombramiento de sus reemplazantes, que definirá el consorcio comprador.
La convocatoria, publicada el 27 de octubre en el Boletín Oficial, fija las asambleas Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas Clase A para el 13 de noviembre en Tucumán 752, Ciudad de Buenos Aires, a las 10, 11 y 12; si no hay quórum, los segundos llamados serán a las 13, 14 y 15. La fecha coincide con el plazo que la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, estableció para suscribir el contrato de compraventa de acciones.
Qué se vota
La Asamblea Especial Clase A, que agrupa las 135.000 acciones del Estado nacional equivalentes al 90% del capital y de los votos, tratará la renuncia de los directores y síndicos designados por esa clase y el nombramiento de sus reemplazantes, cuyos nombres todavía no son públicos. El directorio que responde al Gobierno de Javier Milei está encabezado por Alejo Maxit, como presidente, y Oscar Pedro Ernesto Ferrari, como vicepresidente. José Luis Lingeri integra el directorio en representación del 10% de los trabajadores, que no forma parte de la venta.
La Asamblea Extraordinaria considerará la reforma de los artículos 1, 4, 8, 11, 15, 25, 26, 27, 28, 32 y 33 del estatuto para incorporar las disposiciones que exige el Pliego Único de Bases y Condiciones, aprobado por la Resolución 704/2026 de Economía. La Ordinaria analizará la gestión de los directores y síndicos designados por la Clase A durante 2026, sus honorarios y la designación de presidente y vicepresidente.
Quién compra
La Resolución 1818/2026, publicada el 22 de octubre en el Boletín Oficial, adjudicó el 90% de AySA por USD 340,2 millones, sin IVA, al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA. En segundo lugar quedó el grupo integrado por Roggio Roas, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre, que ofertó USD 285 millones, es decir USD 55,2 millones menos. La resolución consigna que el dictamen de evaluación no recibió impugnaciones y que las ofertas resultan razonables respecto de la tasación del BICE.
La resolución de adjudicación no detalla cómo se reparten las acciones entre los socios ni identifica a los beneficiarios finales de PHX Aqua. Según trascendió, PHX Aqua tendría el 55% del consorcio, Rowing el 20%, Arcos Saneamento el 15% y Transclor el 10%. La prensa local señaló que Rowing está vinculada con el empresario Walter Román y que Transclor, una compañía del negocio químico que abastece productos usados en el tratamiento de agua, es controlada por Mauricio Filiberti, conocido como el “Rey del Cloro”. PHX Aqua AR BV, en tanto, es un vehículo financiero creado este año en Londres.
Qué cambia con el nuevo dueño
El Plan de Acción de la Concesionaria 2027 a 2031, aprobado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) mediante la Resolución 30/2026, prevé inversiones por $2.892.111 millones sin IVA, a valores de diciembre de 2025. El contrato de concesión establece que durante ese primer ciclo tarifario no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria, y el ERAS fijó la tasa de costo de capital en 8,90% real y 11,36% nominal. La resolución también consigna que AySA no tiene endeudamiento proyectado para 2027 a 2031 y que su salida al mercado de deuda será progresiva, con una meta de 50% de deuda en el último año del ciclo.
El propio ERAS admitió que la ausencia de los auditores independientes técnico y contable impidió contar con certificaciones independientes durante la evaluación del plan. El sistema de agua y saneamiento alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.
Leé también: AySA: Michel pidió a la AGN auditar la privatización antes de marzo de 2027
Lo que tenés que saber:
- AySA convocó a tres asambleas para el 13 de noviembre, en Tucumán 752.
- Se tratará la renuncia de los directores y síndicos estatales y el nombramiento de sus reemplazantes.
- La Asamblea Extraordinaria reformará 11 artículos del estatuto para adecuarlo al pliego aprobado por la Resolución 704/2026.
- Ese día vence el plazo para firmar la venta del 90% por USD 340,2 millones, fijado por la Resolución 1818/2026.
- Según el contrato de concesión, no habrá Revisión Tarifaria Ordinaria entre 2027 y 2031.
Analítico: AySA: asambleas, estatuto y directorio, el mapa del traspaso del agua al consorcio privado
De Impacto: AySA: el 13 de noviembre, tres asambleas para que el Estado deje el mando
De Impacto Crítico: AySA se entrega por USD 340 millones y la resolución no dice quiénes están detrás de PHX Aqua
-
Desregulación6 díasAySA: el 13 de noviembre el consorcio comprador se sienta en el directorio
-
Gremiales5 díasATE anunció protestas en 27 aeropuertos el viernes 6: puede haber demoras y cancelaciones
-
Actualidad6 díasVisita del Papa: más transporte, monumentos iluminados y cómo llegar a Palermo
-
Fútbol & Goles!5 díasIncidentes, una policía herida y detenidos tras el descenso de Chicago
-
Buenos Aires6 díasTriple femicidio narco: tras más de un año, ofrecen $10 millones por cada prófugo
-
Avellaneda7 díasRacing: la pelea por la tribuna expone el entramado de barras, sindicatos y finanzas en el club de Avellaneda
-
Política 📢6 díasEliminar las PASO: el Gobierno sigue sin los votos en el Senado
-
Papa León XIV7 díasQuirno negó que Milei quiera subir al avión del Papa y excluir a Villarruel
