Legislativo
Alquileres: plenario avanzó con el debate de los cambios a la ley
Desde el oficialismo avalaron la sanción del Senado, mientras que desde Juntos por el Cambio insistieron con la norma que se aprobó en Diputados.
Se dio en el marco del plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados del Frente de Todos Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente. El dictamen de mayoría obtuvo 41 firmas y el de minoría 37.
Al ratificar que insistirán con la sanción originaria de la Cámara de Diputados, desde el PRO, Pablo Tonelli afirmó que lo avalado por el Senado “ya está probado que no ha dado buenos resultados”. Al respecto, aclaró los principales objetivos de la norma que volverán a acompañar. “El plazo mínimo sea de dos años, que los ajustes puedan hacerse a partir de los cuatro meses, con la periodicidad convengan las partes, y que tengan la libertad de elegir entre varios de los índices o fórmulas que hemos propuesta en esa ley”, detalló.
Itaí Hagman (FdT) aseveró que “la discusión de dos contra tres años al único actor interesado de que los contratos sean más cortos son las inmobiliarias, no son los propietarios y muchos menos los inquilinos”. Con respecto a la norma del Senado remarcó que “es una solución superadora”, la cual aseguró que busca “mejorar el actual mecanismo de indexación al hacerlo por el valor más bajo entre inflación y salario, siendo mucho más razonable”.
Desde el mismo bloque, Eduardo Tonioli sostuvo que “lo que hizo el Senado fue restablecer un grado mínimo de racionalidad a esta discusión, tratando de darle respuesta a los inquilinos”.
En tanto, Karina Banfi (UCR) subrayó que “esta es una medida populista”, donde según consideró “ninguna de las dos partes involucradas está conforme con esta ley”. Son medidas electorales para dividir a la oposición”, fustigó, al tiempo que recalcó que “el problema está en la oferta”. “Esto se debe, principalmente, al intervencionismo estatal”, añadió. Y, concluyó acentuando que “nosotros defendemos a la gente, a los trabajadores y a los honestos”.
Por último, Federico Fagioli (FdT) criticó el proyecto que se aprobó en Diputados. “Este proyecto, que pretende que las partes se pongan de acuerdo, en realidad enriquece a un sector, busca que se beneficien los dueños, las inmobiliarias, los sectores que han concentrado la economía en la Argentina”.
El proyecto que aprobó el Senado establece que los contratos, que deberán pagarse en moneda nacional, serán tres años de plazo mínimo legal de locación con ajustes semestrales en lugar de anuales. Además, se aplicará el índice Casa Propia, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año. Y habrá incentivos impositivos para propietarios que alquilen sus viviendas.
Cabe recordar, que la norma que aprobó la Cámara de Diputados proponía que el plazo de los alquileres sea de dos años, con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para definir el índice entre las partes.
Defensa
Presupuesto 2027: el Estado de Milei recorta salud y educación pero quiere gastar US$ 3.500 millones en armas
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 con 67 obras públicas distribuidas en todo el país, financiadas con fondos del Tesoro, crédito externo y fideicomisos. Entre los ítems más llamativos: USD 2.300 millones para tres submarinos y USD 1.200 millones para dos fragatas de la Armada, en un presupuesto que al mismo tiempo recorta en términos reales el gasto social, universitario y en infraestructura civil.
Más de tres mil quinientos millones de dólares en armamento naval mientras se congelan obras civiles y se ajusta el gasto social: eso es lo que el Gobierno de Javier Milei metió en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027, enviado a la Cámara de Diputados para su debate a partir de octubre. El documento incluye un listado de alrededor de 67 obras públicas con esquema de ejecución plurianual, es decir, compromisos que se devengan en el año en curso y se proyectan en cuotas para los años siguientes.
El proyecto fue remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y entrará en debate en octubre. Su estructura revela una contradicción de fondo en el relato libertario: el mismo gobierno que se presentó como el gran liquidador del Estado y el gasto público solicita autorización legislativa para tomar deuda externa por miles de millones de dólares, incluyendo préstamos extraordinarios para reequipamiento militar.
El ítem más caro: fragatas y submarinos
Enterrado entre los anexos del artículo 42 del proyecto aparece lo más costoso del presupuesto: dos montos autorizados para préstamos destinados a las Fuerzas Armadas. El primero es la adquisición de dos fragatas multimisión para la Base Naval Puerto Belgrano, con un monto autorizado de USD 1.200.000.000. El segundo, y más voluminoso, es la compra de tres submarinos convencionales para la Base Naval Mar del Plata, con un monto autorizado de USD 2.300.000.000. Sumados, los dos ítems militares representan USD 3.500 millones en compromisos de deuda externa, superando con holgura a cualquier otra obra del presupuesto.
La cifra cobra dimensión si se la pone en contexto: desde el inicio de la gestión Milei en diciembre de 2023, el gasto primario total cayó un 31% en términos reales, los programas sociales sufrieron una reducción del 61%, las transferencias a universidades retrocedieron un 20% y el gasto de capital se desplomó un 86%, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026. El gobierno que prometió no gastar en nada que no sea imprescindible pide endeudarse por tres mil quinientos millones de dólares para comprar armas.
La obra más grande: un acueducto en Tucumán financiado por el BID
En materia de infraestructura civil, la obra de mayor envergadura es la Construcción del Acueducto Vipos en la provincia de Tucumán, con un importe total a devengar de $148.257 millones, financiada con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el préstamo 5578/OC-AR. Le siguen en magnitud obras viales distribuidas en varias provincias, incluyendo una travesía urbana sobre la Ruta Nacional N° 5 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, con un importe proyectado de $74.997 millones; y una malla de recuperación y mantenimiento en rutas de la provincia del Chaco, por $134.141 millones.
También figuran dos acueductos y plantas potabilizadoras para Catamarca y Santiago del Estero, financiados por el BID por un total de $97.753 millones. En todos los casos, el financiamiento externo es la fuente central de estas obras, lo que implica mayor endeudamiento en un país que ya acumuló compromisos con el FMI por USD 57.100 millones al cierre de 2025.
Obras judiciales y militares en todo el territorio
Una porción significativa de las 67 obras incluidas en el presupuesto corresponde a refuncionalización y ampliación de edificios del Poder Judicial federal en distintas provincias: Junín, Santa Rosa, San Juan, General Roca, Tucumán, Neuquén y Ciudad de Buenos Aires, entre otras. La obra judicial de mayor costo es la Readecuación y Refuncionalización Integral de la Morgue Judicial en CABA (Viamonte 2151), con un importe de $18.329 millones.
En el capítulo militar, además de los préstamos para armamento naval, el presupuesto incluye la Modernización de un Helicóptero H-3 Sea King de la Armada Argentina por $3.367 millones; la Recuperación de la Capacidad de Mantenimiento de Pistas del Área Logística Palomar en el marco del Programa F-16, por $10.579 millones; y la Construcción de un Muelle para ampliar la capacidad operativa de la Base Antártica Conjunta Petrel, en la isla Dundee, por $30.433 millones. El gasto militar aparece así como uno de los rubros más dinámicos en un presupuesto que en otras áreas aplica la lógica del ajuste.
Energía nuclear, vialidad y vivienda sustentable
El proyecto también incluye la Adecuación y Acondicionamiento de los Reactores Nucleares de Investigación RA-0, RA-1, RA-4 y RA-6 en distintas provincias (Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Santa Fe), con un importe compartido de $2.892 millones. En materia de vivienda, se proyectan construcciones de unidades sustentables en zonas bioclimáticas diferenciadas de Marcos Paz, Puerto Iguazú y Paso de los Libres, en el marco del programa GEF 4861.
En vialidad, las obras se distribuyen en más de diez provincias, con mantenimiento rutinario, conservación mejorativa y construcción de puentes. Entre los compromisos más relevantes figura la Construcción de Dos Puentes sobre el Río Santa Cruz en la Ruta Nacional N° 3 ($30.310 millones) y el Soterramiento de Calzada de la Ruta Nacional N° 12 en Posadas, Misiones ($27.946 millones). También se incluye un ítem vinculado a un parque fotovoltaico en Jujuy (Cauchari Solar IV y V) con un préstamo autorizado de USD 250 millones.
El esquema plurianual y la trampa del financiamiento externo
Una característica técnica central del presupuesto es que las obras no se financian en un solo ejercicio: se trata de compromisos plurianuales, donde se devengan cuotas anuales a lo largo del tiempo necesario para terminar cada proyecto. Esto significa que el gasto real de estas obras se extenderá más allá del año 2027, condicionando los presupuestos de los años siguientes y limitando el margen fiscal de las próximas administraciones.
El mecanismo reproduce la lógica de endeudamiento que el propio gobierno critica en el discurso pero replica en los hechos: compromisos que se devengan hoy y se pagan mañana, con intereses. En el caso de los préstamos militares y los créditos del BID, la deuda externa es la fuente de financiamiento explícita. El debate en la Cámara de Diputados comenzará en octubre.
Lo que tenés que saber:
- El Presupuesto 2027 incluye alrededor de 67 obras públicas distribuidas en todo el país, con esquema de ejecución plurianual.
- Los ítems militares más costosos son la compra de dos fragatas (USD 1.200 millones) y tres submarinos (USD 2.300 millones), totalizando USD 3.500 millones en deuda autorizada.
- La obra civil de mayor envergadura es el Acueducto Vipos en Tucumán, financiado por el BID, con un importe proyectado de $148.257 millones.
- El financiamiento externo, principalmente del BID y créditos bilaterales, es la fuente de las obras más grandes, en un país con USD 57.100 millones de deuda con el FMI al cierre de 2025.
- El presupuesto será debatido en la Cámara de Diputados a partir de octubre de 2026.
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