⬛ La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentaron una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura para impulsar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello. El magistrado había dictado una medida cautelar que prohibió la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el contexto del escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La presentación solicita específicamente la apertura del procedimiento de acusación, la suspensión inmediata en el cargo y el requerimiento de destitución del magistrado por «mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones».

Una medida que generó rechazo transversal

«Un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables», escribió Reyes en su cuenta de X al anunciar la presentación. El legislador agregó que «la libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar» y criticó a quienes «abandonaron el republicanismo».

La medida cautelar de Maraniello prohibió la difusión de «chats, fotos, audios y videos de Karina Milei en cualquier medio o red social», una decisión que para los denunciantes constituye «lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa» y representa «el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública».

La restricción fue aplicada en el marco de la investigación por presuntas coimas en ANDIS, organismo que maneja fondos millonarios destinados a personas con discapacidad.

Denuncian vínculos con funcionarios del gobierno

Más allá de la censura, la denuncia incluye acusaciones sobre una presunta «relación de connivencia» entre Maraniello y el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. Según los denunciantes, esta vinculación tendría como objetivo «encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos contra Maraniello en el Consejo de la Magistratura y la justicia federal».

De confirmarse estas imputaciones, estaríamos ante una «violación de la independencia judicial y de la división de poderes», señalaron Carrió, Campagnoli y Reyes en su presentación.

Una asociación con «auspiciantes incompatibles»

La denuncia también apunta contra la actividad extrajudicial de Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). Los denunciantes sostienen que esta institución «resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación».

Particularmente problemático resulta que entre los auspiciantes de la AAJC figuren los Laboratorios HLB Pharma y Ramallo, empresas implicadas en la trama de corrupción vinculada a la producción de lotes de fentanilo contaminado que provocaron cerca de un centenar de muertes. Para la Coalición Cívica, estos vínculos comerciales son «incompatibles con el ejercicio de la magistratura».

Múltiples denuncias por violencia de género

El expediente de Maraniello incluye además cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal por «abuso moral, sexual y violencia de género», todas iniciadas por personal de su propio juzgado.

«Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia», concluyeron los denunciantes en su presentación formal.

El precedente de la censura judicial

La medida de Maraniello generó un rechazo prácticamente unánime entre juristas, colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos, quienes coincidieron en calificarla como una flagrante violación de un derecho humano fundamental como es la libertad de expresión.

La prohibición de difundir material periodístico relacionado con funcionarios públicos en casos de investigación por corrupción representa un precedente peligroso para la libertad de prensa en Argentina, particularmente en un contexto donde la transparencia en la gestión pública resulta fundamental.

Puntos clave:

• La Coalición Cívica presentó pedido de juicio político contra el juez Alejandro Maraniello ante el Consejo de la Magistratura
• La denuncia se basa en la medida cautelar que censuró la difusión de audios de Karina Milei
• Acusan al magistrado de connivencia con funcionarios del gobierno y vínculos con laboratorios investigados por corrupción
• Maraniello acumula cinco denuncias por violencia de género de personal de su juzgado
• La medida de censura fue rechazada por juristas y organizaciones de derechos humanos por violación de la libertad de expresión